El Ministerio de Función Pública ha llamado para el próximo viernes, 17 de abril, a las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF a una reunión de la Comisión de Temporalidad y Empleo, en la que se tratará la oferta de empleo público correspondiente a este ejercicio, según han indicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Óscar López.
El encuentro se celebra tras hacerse pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que pone en cuestión el marco jurídico actual aplicado al personal laboral indefinido no fijo en el sector público, y después de que las organizaciones sindicales reclamasen la convocatoria de la Comisión de Temporalidad para abordar medidas adicionales que contribuyan a rebajar la temporalidad en la Administración Pública.
Desde el equipo de Óscar López han señalado que en la reunión no está previsto analizar en detalle la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque las organizaciones sindicales sí intentarán introducir el debate sobre el fallo en la mesa.
El TJUE ha señalado en una sentencia difundida ayer que las herramientas previstas en España para sancionar el uso abusivo de sucesivos contratos temporales en el sector público no parecen ajustarse al Derecho de la Unión, al no asegurar una reacción eficaz frente a este tipo de prácticas.
En su resolución, el alto tribunal europeo responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo sobre si el modelo español para corregir estos abusos —basado, entre otros instrumentos, en la figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones o los procesos selectivos— se adecua a las exigencias de la normativa comunitaria.
Tras conocerse la sentencia, desde el Ministerio de Función Pública han insistido en que el fallo es “meramente aclaratorio”, por lo que no modifica la normativa nacional ni conlleva sanciones de ningún tipo, y han subrayado que el derecho europeo no obliga a España a transformar en fijos los contratos temporales del sector público.
Fuentes del departamento de Óscar López han reiterado el compromiso del Gobierno con la reducción de la temporalidad entre el personal de la Administración Pública y han recordado que la doctrina del Tribunal Constitucional se opone a convertir en fijos a trabajadores temporales si las plazas no se cubren mediante una oposición abierta a toda la ciudadanía.
“El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra”, han apuntado desde Función Pública.
En esta línea, han vuelto a defender los principios de “igualdad, mérito y capacidad” como ejes constitucionales que rigen el acceso al empleo público en España sobre la base de la competencia profesional.
La sentencia del TJUE y el caso de origen
El asunto parte del caso de una trabajadora que encadenó seis contratos de interinidad desde 2016 en un centro educativo público de la Comunidad de Madrid, cuya relación fue considerada por la justicia española como indefinida no fija al apreciarse un uso irregular de la temporalidad.
Sobre esta respuesta, el TJUE indica que “no constituye una medida adecuada”, ya que “supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal” y, por tanto, la “situación de precariedad” del trabajador, pese a que, según subraya el tribunal, la estabilidad en el empleo es un elemento “primordial” de protección.
Además, el tribunal europeo señala que las indemnizaciones previstas en la legislación española, que se abonan al finalizar la relación laboral y están sujetas a topes máximos, no pueden considerarse una reparación “proporcionada y efectiva” ni asegurar una compensación “adecuada e íntegra” de los perjuicios sufridos.
Respecto al régimen de responsabilidad de las administraciones públicas, la justicia europea advierte de que puede resultar insuficiente si no se apoya en criterios claros y previsibles y si no se acompaña de otras medidas efectivas y disuasorias.
Asimismo, el TJUE cuestiona que la mera convocatoria de procesos selectivos que valoran la experiencia previa pueda servir para corregir estos abusos, ya que no garantiza que los trabajadores afectados obtengan una plaza ni impide que la situación se prolongue en el tiempo.
En cualquier caso, el tribunal europeo recuerda que corresponde al Tribunal Supremo determinar si la normativa española se ajusta a los requisitos del Derecho de la Unión y resolver el litigio concreto.
CCOO, UGT y CSIF reclaman soluciones frente a la temporalidad
Tras hacerse público el fallo, el sindicato UGT Servicios Públicos exigió la convocatoria urgente de la Comisión de Temporalidad para debatir medidas complementarias que permitan reducir la temporalidad, evitar nuevos abusos y asegurar una solución integral y estable para los empleados afectados, al considerar que la sentencia confirma la necesidad de abordar de forma estructural el problema de la temporalidad en el sector público.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado respuestas concretas ante la decisión del alto tribunal europeo y ha denunciado que las administraciones públicas están incumpliendo “de manera sistemática” la Ley de Temporalidad, lo que implica que al menos 125.000 interinos se encuentren en situación de abuso de temporalidad.
Desde el Área Pública de Comisiones Obreras (CCOO) sostienen que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público confirma que el ordenamiento jurídico español continúa sin ofrecer una respuesta lo suficientemente eficaz para prevenir y sancionar el abuso en el uso de relaciones temporales en el sector público.