Las acciones de International Business Machines (IBM) han registrado un avance cercano al 7% en la Bolsa de Nueva York después de que el Gobierno de Estados Unidos hiciera público un plan para destinar alrededor de 2.000 millones de dólares (1.725 millones de euros) a la compra de participaciones en compañías vinculadas a la computación cuántica.
Dentro de este programa, IBM será la principal beneficiada, al concentrar aproximadamente 1.000 millones de dólares (862 millones de euros) procedentes del Departamento de Comercio estadounidense. Estos fondos se emplearán en apoyar la creación de una nueva planta de fabricación de chips específicos para computación cuántica, de acuerdo con la información difundida por la agencia Bloomberg.
En la sesión de este jueves, los títulos de IBM se negocian en el mercado estadounidense a un precio de 240 dólares, por encima de los 225 dólares por acción con los que cerraron la jornada previa.
El resto de la inversión se repartirá entre otras firmas del ecosistema cuántico, en el marco de un programa de impulso al sector promovido por la Administración de Donald Trump, que contempla la toma de participaciones en las compañías seleccionadas.
GlobalFoundries, fabricante de semiconductores que produce chips diseñados para computación cuántica, ha señalado que recibirá un total de 375 millones de dólares (323 millones de euros). Por su parte, empresas como D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Infleqtion y PsiQuantum se han presentado para optar a ayudas de hasta 100 millones de dólares (86 millones de euros).
La computación cuántica se considera una tecnología todavía en fase inicial que, según los especialistas, podría abrir la puerta a nuevas capacidades en campos que abarcan desde el desarrollo de fármacos hasta los sistemas de cifrado informático, lo que está empujando a distintos gobiernos a incrementar la financiación destinada a este ámbito.
Aunque de momento la mayoría de los proyectos se sitúan en el terreno de la investigación, los expertos alertan de que su evolución futura podría suponer un riesgo para la seguridad nacional, al poner en cuestión los sistemas que protegen la información bancaria y gubernamental.