La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sostiene que la actividad de gestor administrativo no tiene la condición de profesión regulada y que las exigencias previstas carecen de respaldo normativo suficiente, por lo que ha instado a retirar diversas limitaciones a su ejercicio.
El organismo supervisor ha publicado este viernes un informe sobre el proyecto de real decreto que aprueba el estatuto de la profesión de gestor administrativo, elaborado a petición del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Los gestores administrativos se encargan de tareas de asesoramiento, representación y tramitación ante las administraciones públicas en nombre de particulares y empresas. El nuevo real decreto busca actualizar la normativa vigente desde 1963 e integrar modalidades recientes de ejercicio profesional, así como la relación electrónica con los ciudadanos.
Entre las principales novedades se incluye la opción del máster universitario oficial como vía alternativa de acceso, la posibilidad de ejercer mediante sociedades siempre que exista colegiación, la creación de la figura del gestor de oficio, la atención a los interesados por canales electrónicos y un régimen disciplinario renovado con infracciones muy graves.
La CNMC ha estudiado en múltiples ocasiones la normativa sobre colegios profesionales y sobre profesiones reguladas, remarcando que cualquier límite al acceso o al desempeño de una actividad debe estar debidamente motivado y ser proporcionado.
En este proyecto normativo se aprecian algunos avances, como la referencia expresa al ejercicio de la actividad en un entorno de libre competencia y el impulso de la ventanilla única y de la tramitación electrónica.
No obstante, la CNMC detecta varias restricciones al acceso y al ejercicio profesional cuya necesidad y proporcionalidad “no quedan justificadas”. Además, subraya que estas exigencias no disponen de una cobertura normativa adecuada, al no estar reconocida la de gestor administrativo como profesión regulada.
Por este motivo, recomienda suprimir los requisitos previstos para el desempeño de las funciones propias de gestor administrativo (titulación, pruebas de aptitud, máster idóneo, expedición de títulos), ya que no se ha acreditado la existencia de normativa previa de las autoridades académicas o profesionales que los respalde. De igual forma, propone eliminar la obligación de contratar un seguro, al no figurar su exigencia en una norma con rango de ley.
Competencia plantea también retirar la creación de la profesión regulada de gestor administrativo, la colegiación obligatoria, su configuración como profesional autónomo y la figura del gestor de oficio, al no haberse constatado una norma con rango de ley que avale su necesidad y proporcionalidad por razones imperiosas de interés general.
Asimismo, sugiere dejar claro que la intervención de los gestores administrativos es siempre voluntaria y nunca obligatoria para los ciudadanos, de modo que estos conserven en todo momento la opción de relacionarse directamente con la Administración para la presentación y gestión de sus trámites.