La industria de la cogeneración ha lanzado un SOS al Congreso. En una comunicación coordinada a todos los grupos parlamentarios, las principales patronales han solicitado recuperar vía enmienda una prórroga temporal a la actividad de instalaciones industriales que ya han agotado o están a punto de agotar su vida útil regulatoria hasta las próximas subastas previstas en junio.
En una nota conjunta, las asociaciones Acogen, Cogen España, ADAP, ANEO y Aeversu reclaman que esta disposición se vuelva a incluir en la proposición de Ley que modifica la normativa del mercado de derechos de emisión de CO2, “donde el año pasado ya contó con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios antes de que el texto fuese retirado por el Gobierno”.
Precisaron que la iniciativa persigue “evitar cierres irreversibles” ante el próximo concurso de 1.200 megavatios (MW) de cogeneración, que se licitará para los próximos tres años y al que se espera que se presenten más de 200 industrias, con una movilización estimada de 1.800 millones de euros en inversiones.
El sector recalcó que la medida “es esencial” para asegurar la continuidad de más de un centenar de instalaciones pertenecientes a ramas estratégicas de la economía española, repartidas por todo el país y asociadas a la actividad industrial, a explotaciones agroalimentarias y a la valorización energética de residuos.
La cogeneración está vinculada a más de 600 industrias de sectores intensivos en consumo energético como la alimentación, la química, el papel, la cerámica, el automóvil o el refino, que suponen cerca del 20% del PIB industrial y sostienen en torno a 200.000 empleos directos.
Además, remarcaron que la propuesta tiene un impacto muy relevante en las plantas de tratamiento de purines del sector porcino —clave para las explotaciones ganaderas y la industria cárnica—; en las instalaciones relacionadas con el olivar y el sector orujero, que se encargan de los subproductos del 40% de la producción nacional de aceite de oliva; y en las plantas de valorización energética que gestionan residuos de más de 400 municipios de Galicia y País Vasco, “cuyo final de vida regulada pone en riesgo sus contribuciones”.
El director general de Acogen, Javier Rodríguez, afirmó que el Congreso dispone ahora de “la oportunidad de recuperar una medida que ya había generado un elevado consenso político e industrial y que puede evitar un mayor deterioro del tejido productivo aportando confianza para mantener e impulsar la industria en España”.
Las patronales señalaron que la medida planteada tendría un carácter transitorio hasta 2031 y posibilitaría “acompasar la continuidad operativa de las instalaciones con el desarrollo del nuevo ciclo inversor de modernización tecnológica y descarbonización previsto para el sector”.