La Comisión Europea ha reclamado este miércoles a España que aplique de forma adecuada la normativa de la UE sobre temporalidad en el empleo público y que subsane las carencias detectadas en dos procedimientos abiertos, centrados en la discriminación de empleados temporales y en el uso excesivo de este tipo de contratos. Bruselas advierte de que, si no se corrigen estas situaciones, podrá llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El aviso se concreta en dos dictámenes motivados, que constituyen la segunda fase de un procedimiento de infracción. En estos documentos, el Ejecutivo comunitario detalla las irregularidades observadas y otorga a las autoridades españolas un plazo de dos meses para adoptar medidas que corrijan la situación. Si pasado ese tiempo no hay cambios suficientes, la Comisión podrá pasar a la tercera fase y presentar una demanda contra España ante la justicia europea.
Por una parte, Bruselas considera que la normativa española sigue sin ajustarse del todo a la Directiva sobre trabajo de duración determinada, ya que en el sector público persisten condiciones laborales menos ventajosas para el personal con contrato temporal en comparación con los funcionarios o empleados fijos.
España ha abordado y aclarado parte de los puntos señalados en etapas anteriores del expediente, pero para la Comisión las explicaciones remitidas continúan siendo “insatisfactorias” para asegurar que se respeta plenamente la legislación comunitaria.
El segundo expediente se centra en la insuficiente protección frente al uso reiterado y abusivo de contratos de duración determinada en la Administración. A juicio del Ejecutivo comunitario, España no ha incorporado a su ordenamiento instrumentos realmente eficaces para evitar y, en su caso, sancionar este encadenamiento de contratos temporales.
En particular, Bruselas subraya que la legislación española carece de mecanismos adecuados para ciertos vínculos temporales en el sector público y que, pese a las reformas aprobadas en los últimos años, las respuestas ofrecidas no corrigen de forma completa las deficiencias ya identificadas, del mismo modo que ocurre en el otro procedimiento.