La Comisión Europea ha comunicado este miércoles que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y pedirá la imposición de una multa por no haber incorporado todavía a su ordenamiento interno las nuevas reglas destinadas a reforzar la seguridad de las infraestructuras críticas, pese a que los Estados miembro disponían de plazo hasta octubre de 2024 para hacerlo.
La normativa obliga a los países de la UE a efectuar evaluaciones de riesgo periódicas con el fin de identificar las entidades críticas y garantizar que estas adopten las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales en sectores estratégicos como la energía, el transporte, la salud, el agua, la banca y las infraestructuras digitales.
La directiva abarca un amplio abanico de amenazas a analizar, desde riesgos naturales hasta aquellos de origen humano, entre ellos los ataques terroristas, las ciberamenazas, la infiltración delictiva y el sabotaje.
Aunque los Estados miembro debían trasladar este marco jurídico a su legislación nacional como muy tarde en octubre de 2024, ni España ni otros seis países --entre ellos Francia, Países Bajos y Polonia-- han cumplido con esta exigencia, a pesar de los expedientes de infracción ya iniciados. Por ello, Bruselas opta ahora por dar el último paso del procedimiento sancionador y remitir los casos al TJUE.