La Diputación Permanente del Congreso decidirá el 16 de octubre sobre los decretos de ayudas por Irán y la dana

La Diputación Permanente votará el 16 de octubre los decretos de ayudas por la guerra de Irán y la dana, mientras aplaza la decisión sobre vivienda.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo Eduardo Parra - Europa Press
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La Diputación Permanente del Congreso ha fijado para el próximo 16 de octubre el debate y la votación de los reales decretos-ley que recogen las ayudas a los combustibles derivadas de la guerra de Irán, así como el que introduce una condonación del reintegro de los anticipos a cuenta de las ayudas concedidas por la dana de 2024. Según han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias, la decisión sobre la convalidación o derogación de los decretos-ley de vivienda aprobados este martes por el Gobierno se pospondrá para otra sesión.

Los textos que se someterán a convalidación el día 16 fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 29 de septiembre, junto con los dos decretos de vivienda que finalmente decayeron en el Congreso. Como ocurre con todo real decreto-ley, deben remitirse en el plazo máximo de treinta días a la Cámara Baja, que es la que tiene la última palabra sobre su vigencia.

En materia de vivienda, las normas ya fueron enviadas al Congreso y este optó por derogarlas, pero los otros dos decretos siguen pendientes de votación para determinar si continúan en vigor. Tras la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral, la competencia para pronunciarse recae en la Diputación Permanente.

Este órgano está integrado por 69 diputados, repartidos de la siguiente manera: 27 votos del PP, 25 del PSOE (incluido el de la presidenta del Congreso, Francina Armengol), seis de Vox y otros seis de Sumar. ERC, Junts, Bildu y Podemos, que en la Diputación representa a todo el Grupo Mixto, cuentan con un voto cada uno.

Ayudas frente a la crisis energética

La Diputación deberá pronunciarse sobre el nuevo paquete de medidas diseñado para amortiguar el impacto de la escalada de precios provocada por la guerra en Irán. Entre las iniciativas figura la prórroga hasta el 31 de diciembre de las rebajas fiscales aplicadas a la gasolina y al diésel, además de la limitación de la tarifa regulada del gas y del precio de la bombona de butano.

Este es el tercer paquete de actuaciones —tras el primero aprobado en marzo de este año— destinado a proteger a los hogares y a los sectores más golpeados por las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, dado que buena parte del real decreto-ley vigente expira a finales de septiembre.

El nuevo bloque normativo incorpora un alivio adicional —en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos— de 20 céntimos en octubre para gasolina y gasóleo, de 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática si el precio del petróleo se mantiene elevado.

El Real Decreto-ley reactiva dos medidas que ya estuvieron en vigor durante la fase más intensa de la guerra en Ucrania: por un lado, limita el peso de la cotización del gas en la fórmula de cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural y, por otro, fija un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano.

La norma determina que el peso de la cotización del gas sólo podrá incrementarse un 35% respecto al valor actual, de forma que la subida final de la TUR se sitúe en torno al 15%. Esta intervención, coincidiendo con la llegada del invierno y el previsible aumento del consumo por calefacción, tendrá continuidad en el tiempo. Así, en las siguientes revisiones trimestrales de la TUR el alza máxima de la cotización del gas quedará topada en el 15%, hasta que se compense el déficit acumulado y se recupere el equilibrio.

En cuanto a la bombona de butano, aunque la fórmula de cálculo del precio máximo de venta del GLP envasado ya está acotada a variaciones del 2% al alza o a la baja en cada revisión bimestral, se fija un precio máximo de 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027, garantizando el acceso de los consumidores a un suministro energético esencial cuyo tope actual es de 18,84 euros. El posible déficit que se genere se recuperará mediante el mecanismo habitual.

IVA de la electricidad y reservas de gas

Asimismo, se mantiene la cláusula de salvaguarda para la reducción del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad. “Si el dato del IPC de septiembre de 2026 es un 15% superior al del mismo mes del año anterior, el IVA de la luz y el gas se reducirá del 21% al 10% el Impuesto sobre la Electricidad bajará del 5,1% al 0,5%”.

Esta rebaja fiscal en el recibo eléctrico se aplicará a los consumidores con potencias contratadas inferiores a 10kW y a los beneficiarios del bono social, mientras que la reducción del IVA también afectará al gas natural, las briquetas y 'pellets' y la madera para leña.

Paralelamente, se incrementan las reservas de gas natural licuado de cara al invierno y se refuerza el sistema de certificados de ahorro energético, además de prorrogar las medidas ya vigentes hasta final de año.

Transporte, campo y gasóleo agrario

En los sectores especialmente afectados, el decreto extiende el apoyo al ámbito agrario y al transporte profesional por carretera.

En concreto, se amplían durante todo 2026 las ayudas al transporte terrestre —con una devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos de 5 céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre—, así como los apoyos al transporte marítimo y ferroviario.

Igualmente, se prolonga hasta el 31 de diciembre la bonificación de 20 céntimos por litro para el gasóleo agrario y la ayuda compensatoria destinada a los armadores de pesca.

Como novedad, se crea una línea específica para el ferrocarril de mercancías, con 15.000 euros de ayuda por locomotora diésel, una demanda planteada por el propio sector. Se mantienen, además, las medidas sociales ya en vigor, entre ellas las relativas a la protección del empleo —las empresas que reciban ayudas no podrán despedir—.

Encargos a la CNMC sobre energía y alimentación

El decreto incorpora también dos nuevas peticiones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La primera consiste en la elaboración de un informe sobre la formación de precios en los mercados mayorista y minorista, analizando el funcionamiento de la distribución y la comercialización de la energía a lo largo de toda la cadena de valor.

El segundo encargo se centra en el comportamiento de la cadena de valor alimentaria y solicita a la CNMC recomendaciones que permitan asegurar el correcto funcionamiento del mercado y la eficacia de las medidas ya adoptadas.

Condonación de anticipos por la dana

En la misma reunión del Consejo de Ministros se dio luz verde a otro real decreto-ley para modificar varios apartados de la ley que articuló las ayudas por los daños provocados por la dana entre octubre y noviembre de 2024.

En particular, la norma establece una condonación del reintegro de los anticipos a cuenta de las ayudas previstas en su artículo tres, con el fin de evitar que la devolución de esas cantidades suponga “un nuevo perjuicio para personas que aún soportan las consecuencias de la catástrofe”.

El Ejecutivo calcula que se perdonarán unos 44,35 millones de euros y que el número de afectados que debían reintegrar total o parcialmente el anticipo asciende a 2.771.

La condonación no se aplicará de forma indiscriminada. Deberán devolver el anticipo quienes tengan una renta superior a 42.000 euros anuales en 2025, o un patrimonio que exceda de 300.000 euros, sin incluir la vivienda habitual.