Los equipos negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo tratarán de cerrar este martes un compromiso que respalde el acuerdo comercial sellado entre Washington y Bruselas, por el que la Unión Europea renuncia a aplicar contramedidas siempre que Estados Unidos mantenga en el 15% el máximo de aranceles sobre la mayoría de importaciones europeas; todo ello en una carrera contrarreloj para que la ratificación llegue antes de que venza el plazo del 4 de julio fijado por Donald Trump para imponer más gravámenes si el pacto descarrila.
Los colegisladores se verán a última hora de este martes en Estrasburgo (Francia), aprovechando la sesión plenaria de la Eurocámara, en el que será el tercer encuentro entre negociadores, después de que la anterior cita, el pasado 7 de mayo, terminara con “buenos avances” pero sin lograr cerrar todas las discrepancias.
“Avanzamos considerablemente en la cuestión del mecanismo de salvaguarda y en la revisión y evaluación del reglamento principal, pero aún queda camino por recorrer”, señaló entonces el ponente principal del Parlamento Europeo y presidente de la comisión de Comercio Internacional, el socialista Bernd Lange.
Aunque podrían celebrarse nuevas rondas si el entendimiento no se alcanza esta noche, el calendario se complicaría, ya que lo que se acuerde entre negociadores deberá ser posteriormente refrendado por los Veintisiete y superar el voto formal del pleno del Parlamento Europeo en una sesión posterior.
Con todo, el presidente de Estados Unidos ya advirtió el pasado 7 de mayo, en una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que daba a la Unión Europea hasta el 4 de julio para respetar las condiciones del pacto arancelario o, en caso contrario, los aranceles “subirían inmediatamente a niveles mucho más altos”.
SALVAGUARDAS PARA BLOQUEAR EL ACUERDO SI EEUU INCUMPLE
La posición del Parlamento Europeo supedita su visto bueno al llamado Acuerdo de Turnberry a que no se repitan intentos de coerción desde la Casa Blanca y reclama que se incorporen mecanismos de suspensión si Washington aplica nuevos gravámenes o lanza nuevas amenazas económicas contra Estados miembros de la Unión Europea, como ocurrió cuando varias capitales respaldaron a Dinamarca en la crisis por Groenlandia.
En particular, los eurodiputados abogan por reforzar la “cláusula de suspensión” para poder paralizar el acuerdo si Estados Unidos introduce aranceles adicionales –como los anunciados tras un fallo judicial desfavorable pero que aún no ha aplicado a la UE– o intenta utilizar la presión económica para condicionar las decisiones del bloque.
En esa línea, los parlamentarios reclaman que la Comisión Europea tenga capacidad para proponer la suspensión parcial o total de las preferencias comerciales si Estados Unidos rebasa el límite del 15% fijado para las tasas generalizadas o activa nuevas medidas arancelarias sobre sectores que hasta ahora no estaban afectados.
La herramienta de suspensión también debería poder activarse, según los eurodiputados, ante situaciones que perjudiquen los objetivos del acuerdo, discriminen a los operadores económicos europeos, pongan en riesgo la integridad territorial o las políticas exterior o de defensa de los Estados miembro o supongan coerción económica.
Otra de las exigencias del Parlamento para aprobar la vertiente comercial del pacto anunciado el pasado verano en Escocia por Trump y Von der Leyen es la inclusión de una “cláusula de aplicación” que establezca que el nuevo marco arancelario solo entrará plenamente en vigor si Washington cumple de forma íntegra los compromisos asumidos.
En concreto, el denominado “Acuerdo de Turnberry” fija un techo del 15% de arancel generalizado sobre los productos europeos, a cambio de que la UE renuncie a responder con medidas equivalentes. No obstante, este límite no afecta al acero y al aluminio europeos, que continúan soportando una tasa del 50%.
El polémico pacto que la jefa del Ejecutivo comunitario cerró con Trump incluye además compromisos de la Unión que van más allá de la política comercial que gestiona Bruselas, como adquisiciones de energía a Estados Unidos por valor de 750.000 millones de dólares e inversiones en ese país por otros 600.000 millones.
Estas disposiciones no figuran en las propuestas legislativas que discuten los colegisladores, dado que son elementos que exceden las competencias de Von der Leyen y recaen en el ámbito de decisión de los Estados miembro.