La UE pacta acortar los plazos para aprobar proyectos de renovables y redes eléctricas

La UE cierra un acuerdo para acelerar permisos de renovables y redes eléctricas, recortar plazos y reducir los largos retrasos actuales en Europa.

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Los representantes del Consejo (Estados miembro) y del Parlamento Europeo han cerrado un acuerdo político para agilizar la tramitación de proyectos de energías renovables, redes eléctricas e infraestructuras de almacenamiento y recarga. El objetivo es fijar plazos más breves y permitir que ciertos pasos administrativos se consideren aprobados si las autoridades no responden dentro del tiempo establecido, con el fin de reducir los retrasos que hoy bloquean el despliegue de estas instalaciones en Europa.

El compromiso, alcanzado en la madrugada de este miércoles, pretende suprimir "demoras innecesarias" y facilitar la conexión de nuevas plantas a la red, según ha señalado el Consejo. A su juicio, acelerar estos procedimientos ayudará a reforzar la seguridad energética de la Unión Europea y a disminuir la dependencia de combustibles fósiles procedentes del exterior.

Las nuevas disposiciones fijan un máximo de tres meses para conceder permisos a instalaciones solares y a sus sistemas de almacenamiento vinculados, excluyendo el hidrógeno, y de seis meses para las baterías independientes y los puntos de recarga. En el caso de las centrales hidroeléctricas de bombeo destinadas al almacenamiento de energía, el plazo podrá ampliarse hasta dos años.

En paralelo, las peticiones para conectar estos proyectos a la red eléctrica deberán resolverse en un máximo de tres meses, ampliables a seis en circunstancias justificadas. Se contemplan, no obstante, excepciones para infraestructuras aisladas o de menor tamaño, como las que operan en determinadas regiones ultraperiféricas.

El acuerdo permitirá además que los Estados miembro otorguen prioridad a las renovables y a las infraestructuras eléctricas al calificarlas como de "interés público superior". Esta consideración facilitará su autorización cuando entren en colisión con otros intereses, salvo en situaciones debidamente motivadas vinculadas a la seguridad, la defensa o la preservación del patrimonio cultural.

Entre las novedades figura también la creación de ventanillas únicas digitales para presentar solicitudes y completar todos los trámites desde un único portal, con la intención de simplificar la burocracia y hacerla "más rápidos y transparentes".

Asimismo, se introduce la obligación de que los promotores de proyectos renovables de más de siete megavatios destinen parte de los beneficios económicos a las comunidades locales que albergan las instalaciones o se vean afectadas por ellas, rebajando el umbral respecto a la propuesta inicial de diez megavatios. Quedarán, sin embargo, exentas de este requisito las iniciativas impulsadas por comunidades de energías renovables.

Las nuevas reglas contemplan también que determinados equipos solares de pequeña escala, sistemas de almacenamiento y puntos de recarga puedan instalarse sin necesidad de permisos cuando su potencia no supere los 200 kilovatios, el doble del límite anterior. Igualmente, las estaciones de recarga de hasta un megavatio situadas sobre estructuras artificiales no requerirán autorización administrativa.

Con esta reforma se intenta dar respuesta a los extensos tiempos de espera que lastran al sector energético europeo. Según los datos manejados por el Consejo y el Parlamento, las redes de transporte de electricidad tardan en torno a diez años en completarse, de los que más de la mitad se consume en obtener las autorizaciones, mientras que los permisos para nuevas instalaciones renovables pueden prolongarse hasta nueve años.

El texto acordado deberá recibir aún el respaldo del pleno del Parlamento Europeo y del Consejo para su adopción definitiva. A partir de ese momento, los Estados miembro dispondrán de 18 meses para trasladar estas normas a sus ordenamientos jurídicos nacionales.