La Unión Europea alcanzó este miércoles un acuerdo político para simplificar la contratación pública en seguridad y defensa y para respaldar y acelerar las inversiones en la industria armamentística europea. La revisión de las normas comunes pretende reducir la carga burocrática y acortar los plazos en los procedimientos de licitación, concesión de permisos y cooperación transfronteriza.
“Para una Europa estratégicamente autónoma, la capacidad de defensa y la competitivdad va de la mano”, ha destacado en un comunicado la viceministra chipriota de Asuntos Europeos, Marilena Raouna, cuyo país ejerce la presidencia de turno del Consejo de la UE hasta que acabe junio.
El pacto sellado entre los negociadores del Consejo (Estados miembro) y del Parlamento Europeo deberá ser aún confirmado formalmente tanto por los Veintisiete como por el pleno de la Eurocámara antes de su entrada en vigor.
“Es un logro importante tanto para fortalecer la capacidad de defensa como la competitividad de la Unión. Para una Europa estratégicamente autónoma, la capacidad de defensa y la competitivdad van de la mano”, ha defendido Raouna.
Reforma del marco regulatorio y del Fondo Europeo de Defensa
El denominado “quinto ómnibus” —nombre con el que se conocen los paquetes de revisión normativa impulsados por Bruselas para aliviar la regulación que pesa sobre las empresas en sectores estratégicos como la defensa o la digitalización— permitirá, por ejemplo, simplificar la gestión y ejecución del Fondo Europeo de Defensa (FED) y precisar cómo se aplica la legislación medioambiental y química de la UE a las actividades de preparación militar.
De este modo, se reducen los requisitos administrativos para las solicitudes al FED, al tiempo que se incrementa el apoyo a las pymes y se hace “más predecible” la implementación del fondo, según ha indicado el Consejo en una nota. Al mismo tiempo, se mantiene la opción de que organismos públicos europeos, como la Agencia Europea de Defensa, actúen como centrales de compras.
El acuerdo conserva también el derecho de los Estados miembro que cofinancien proyectos a acceder a los resultados de las acciones sufragadas por el FED y asegura la protección de los derechos de propiedad intelectual de las empresas industriales que participen en dichas acciones.
Además, los colegisladores han introducido incentivos adicionales para aumentar la presencia de pymes en los proyectos del FED, en especial mediante una bonificación superior en la tasa de financiación para las iniciativas en las que intervengan pequeñas y medianas empresas.
Salud, medio ambiente y permisos acelerados
La reforma fija asimismo el objetivo de garantizar “un alto nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente”, por lo que respalda los cambios planteados por la Comisión Europea sobre la normativa ambiental y de productos químicos en relación con las exenciones para el uso de determinadas sustancias con fines de preparación para la defensa.
En materia de permisos, la revisión establece un “marco armonizado” para agilizar la concesión de autorizaciones a proyectos de preparación de la defensa, con un plazo máximo de 120 días hábiles y la presunción de aprobación tácita si la autoridad competente no adopta una decisión negativa antes de que finalice ese periodo.
No obstante, la reforma mantiene abierta la posibilidad de excepciones a esa aprobación automática, dado que las legislaciones nacionales podrán contemplar salvedades cuando exista un riesgo grave para la salud humana o para la seguridad nacional.
Contratación pública y cooperación intracomunitaria
El nuevo paquete también recorta las demoras administrativas en la contratación pública de seguridad y defensa, simplifica las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro del mercado interior y refuerza la cooperación entre Estados miembro, ofreciendo a gobiernos e industria una vía “más clara” para reforzar la capacidad de defensa europea de cara a 2030.
Otra modificación relevante es el aumento de los umbrales de la directiva de contratación pública de defensa, con el fin de aliviar la carga administrativa y permitir a las autoridades concentrarse en los proyectos militares de mayor envergadura. La reforma introduce, además, la posibilidad de realizar contrataciones conjuntas puntuales, una regla de 'minimis' para cambios contractuales y una mayor flexibilidad en el uso de acuerdos marco.