La denominada “vieja Pescanova” cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal, comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, sin registrar actividad empresarial alguna y con unas pérdidas de 17.000 euros, frente a los 2.000 euros del mismo periodo del año anterior. Esto implica que ha casi multiplicado por nueve sus “números rojos”, según consta en la información remitida este domingo por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tras el concurso de acreedores y la constitución de Nueva Pescanova, Pescanova SA quedó configurada como una sociedad de cartera sin actividad productiva, cuyo principal activo es una participación minoritaria del 0,21% en la nueva pesquera.
En el primer trimestre del ejercicio 2026, los ingresos ascendieron a 81.000 euros, lo que supone un incremento del 2,5%, procedentes en su mayor parte del apoyo anual que la sociedad percibe de Nueva Pescanova.
Recurso fallido por una deuda de 300 millones
En el lado de los gastos, el periodo recoge principalmente costes generales, honorarios de asesores externos por 20.000 euros, retribución del Consejo por 43.000 euros, así como provisiones y gastos financieros por 35.000 euros. Al cierre del trimestre, la sociedad presenta un patrimonio neto negativo de -6,49 millones de euros y no ha llevado a cabo inversiones ni desinversiones de relevancia durante estos meses.
En la comunicación a la CNMV, la vieja Pescanova detalla que, el pasado mes de febrero, la Audiencia Provincial de Pontevedra rechazó íntegramente su recurso de apelación frente al pago de una deuda de 300 millones de euros derivada de un crédito con la banca acreedora. Ante esta decisión, la empresa ha presentado un recurso de casación “en defensa de sus intereses”.
La sociedad advierte de que “una probable condena en costas que, en caso de materializarse, y habida cuenta de la altísima cuantía del procedimiento, sería inasumible para la sociedad y abocaría a ésta a su liquidación”.
Para poder afrontar una eventual condena en costas, se ha constituido una provisión de 4,65 millones de euros, que se revisará cada año en caso de que, al término del litigio, se confirme la desestimación de la demanda en primera instancia y la correspondiente condena en costas.
El plan de la compañía pasa por cubrir este importe mediante una ampliación de capital que deberá someterse a la aprobación de la junta general de accionistas.