El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que los Estados miembros están obligados a considerar, al calcular las pensiones de jubilación, las ventajas específicas vinculadas al desempeño de determinadas actividades efectuadas en otros países de la UE, entre ellas los trabajos mineros en galerías subterráneas.
La resolución responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Eslovaquia en el contexto del litigio de un ciudadano eslovaco que ejerció como minero en una explotación subterránea situada en el territorio de la actual República Checa entre 1976 y 1995.
La petición de pensión anticipada de este trabajador fue rechazada porque las autoridades eslovacas no contabilizaron, para el cómputo del período mínimo exigido de quince años en minas subterráneas, la actividad desarrollada en la República Checa entre 1993 y 1995.
El asunto se centra en la interpretación del Reglamento 883/2004 relativo a la coordinación de los sistemas de seguridad social y, en particular, de la disposición que impone la totalización de los períodos de actividad cumplidos en distintos Estados miembros para determinar el derecho a pensión.
Esta regla pretende impedir que los trabajadores pierdan ventajas específicas, como la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada, por haber ejercido su derecho a la libre circulación y trasladado su actividad profesional a otro Estado de la UE.
El TJUE recalca que dicha disposición debe aplicarse siempre que existan normas de cálculo de pensiones especiales para ciertas ocupaciones o actividades en el Estado que concede la prestación, incluso cuando no exista un régimen separado del sistema general de seguridad social.
En el caso examinado, la normativa eslovaca contemplaba reglas de pensión específicas para los mineros de estructuras subterráneas entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de agosto de 1995, por lo que los períodos trabajados en la República Checa en esa misma actividad deben ser computados para fijar la pensión en Eslovaquia, sin perjuicio de las verificaciones que corresponden al órgano jurisdiccional nacional.
El Tribunal recuerda además que el Reglamento 883/2004 obliga a tener en cuenta todos los períodos de seguro o de actividad cubiertos antes de su entrada en vigor y con anterioridad a la adhesión de los Estados implicados a la UE, de modo que el hecho de que las cotizaciones sean anteriores no impide su aplicación al litigio entre Eslovaquia y la República Checa.
La decisión del TJUE no pone fin al procedimiento interno, que deberá ser resuelto por el tribunal eslovaco conforme a esta interpretación, igualmente vinculante para otros tribunales que se encuentren con cuestiones semejantes.