La Comunidad de Madrid ha remitido cuatro alegaciones al Consejo de Estado contra el proyecto de real decreto del Gobierno central que fija los requisitos de sostenibilidad energética y ambiental para los centros de datos, al considerar que supone una invasión de competencias y entraña un riesgo para las inversiones.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sostiene que la propuesta está excesivamente recentralizada, menoscaba las atribuciones autonómicas y provoca inseguridad jurídica, introduciendo "incertidumbre" para las compañías y pudiendo comprometer la llegada de capital a estas infraestructuras consideradas estratégicas.
El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha reiterado su petición al Gobierno de Pedro Sánchez para que retire este real decreto, "rechazado por empresas tecnológicas y energéticas, el sector de los centros de datos y las comunidades autónomas", y se abra a negociar una nueva norma que garantice la seguridad jurídica, salvaguarde las inversiones y fije obligaciones y sanciones proporcionadas.
"Las últimas modificaciones realizadas por el Gobierno han dejado un texto todavía peor que el inicial. Lejos de corregir sus problemas, el nuevo Real Decreto invade competencias autonómicas y genera inseguridad jurídica en el sector, poniendo en riesgo inversiones estratégicas para nuestra región. No podemos aceptar una regulación que imponga nuevas obligaciones, incluso a proyectos que están en marcha", ha subrayado el consejero.
Según el Gobierno regional, el borrador va más allá de marcar criterios generales de sostenibilidad y entra a ordenar cuestiones como la ubicación, implantación y funcionamiento de los centros de datos, incidiendo en ámbitos que son competencia autonómica, como la ordenación del territorio, el urbanismo, la industria, el medio ambiente y la energía.
El Ejecutivo madrileño también rechaza que las nuevas exigencias se extiendan a instalaciones ya operativas o a proyectos en fase de tramitación, al entender que podrían acarrear "costes imprevistos, perjudicar inversiones en marcha y crear desigualdad entre operadores".
Del mismo modo, considera "desproporcionadas" las sanciones previstas para los centros de datos que no cumplan los requisitos, con recargos que podrían llegar hasta el 500% de determinados conceptos de la factura, y cuestiona que exista una cobertura legal suficiente para aplicarlas.
Asimismo, reprocha que el proyecto se haya impulsado sin notificación previa a la Comisión Europea, pese a incorporar obligaciones que, a su juicio, pueden incidir en la actividad de los operadores y en la prestación de servicios digitales.
Frente a este escenario, el Gobierno autonómico reclama "reglas claras, seguridad jurídica y respeto a la competencia de cada Administración" con el fin de "atrayendo inversiones y creando oportunidades en un sector que es la base de la economía digital de nuestro país". "Los centros de datos son una infraestructura esencial para el desarrollo de la economía digital de nuestro país", ha reiterado López-Valverde.