La Comunidad de Madrid valora interponer un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al entender que vulnera el reparto de competencias autonómicas, aunque ha anunciado que apoyará el reparto de fondos entre las comunidades autónomas “por responsabilidad”.
El programa estatal cuenta con una dotación máxima de 7.000 millones de euros, el triple que el plan precedente, de los que 1.113 millones corresponderían a Madrid. El esquema financiero prevé que el Estado asuma el 60% del gasto total y que las autonomías sufraguen el 40% restante, lo que implica que estas últimas deban incrementar su esfuerzo respecto a anteriores planes, en los que solo aportaban el 25% y el resto lo cubría la Administración central.
Así lo ha expuesto el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada este jueves, en la que el Ministerio y las comunidades han analizado el nuevo reparto de recursos.
Antes del encuentro, el responsable madrileño ya había señalado que, aunque los gobiernos autonómicos del PP respaldan la distribución de fondos, discrepan del plan “propagandístico de Pedro Sánchez” y se reservan la opción de acudir a los tribunales.
Según el Ejecutivo regional, el diseño económico del programa es “profundamente injusto”. Rodrigo ha criticado que, pese a que el Gobierno central presume de triplicar su aportación, “no es cierto”, porque en realidad solo la duplica, mientras “obliga” a las comunidades a multiplicar por cinco la suya. “Moncloa pone el titular y las autonomías ponen la cartera”, ha reprochado.
En la reunión, el consejero ha reiterado su oposición a un plan que, a su juicio, pretende “imponer el modelo ideológico del Gobierno” y que se ha elaborado “sin consenso, sin diálogo real y utilizando la financiación estatal como instrumento de presión política”. Ha denunciado que “se ha cocinado en un despacho del Ministerio, entre titulares y eslóganes, y después han llamado ‘cogobernanza’ a mandarnos el documento cerrado para que lo aplaudamos”.
En esta línea, ha afeado que “no se ha atendido ni una sola” de las alegaciones “fundamentales” planteadas por la Comunidad de Madrid. A su entender, “hablan de diálogo, pero lo que realmente quieren son comunidades autónomas obedientes, sin capacidad política y sometidas al modelo intervencionista de la fracasada Ley de Vivienda”.
Rodrigo ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca “imponer su ideología, incentivando las zonas tensionadas y condicionando las políticas autonómicas de vivienda”, de forma que, para acceder a los fondos, primero hay que “pasar por caja ideológica”.
El Gobierno madrileño considera “especialmente grave” que el propio Consejo de Estado haya cuestionado públicamente la configuración del plan y haya alertado de posibles vulneraciones de la autonomía financiera de las comunidades. “Quizá el problema no sea la oposición, sino que el Gobierno confunde gobernar con colonizar competencias”, ha señalado el consejero.
Rodrigo ha reiterado además que el plan llega “rematadamente tarde”, ya que el Ministerio prevé que empiece a desplegar sus efectos a partir del segundo semestre. A su juicio, “tan tarde que han conseguido que 2026 nazca prácticamente perdido antes incluso de empezar”.
En este contexto, ha recordado que la Comunidad tenía reservados 88 millones de euros para políticas de vivienda, pero “el retraso del Ministerio y la falta de convenios” impedirán contar con el marco jurídico adecuado. Ha lamentado que, mientras el Ejecutivo autonómico planifica, el Gobierno central “improvisa” y “prepara excusas”.
El consejero ha expresado igualmente su rechazo al principio de protección indefinida de las viviendas públicas, por el que los inmuebles que se adquieran o promuevan con cargo al plan conservarán la calificación de protegidos de forma permanente, un aspecto que, ha recordado, también ha sido puesto en duda por el Consejo de Estado.
Por último, ha considerado desmedido “amenazar” con retirar fondos a las comunidades por motivos ajenos al propio programa, como el intercambio de información sobre fianzas o la celebración de actos institucionales sin presencia del Ministerio.