La asociación Multinacionales con España ha solicitado una “evaluación rigurosa del impacto económico” del real decreto que regula los centros de datos, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, así como un “diálogo más activo y continuado con el sector” para asegurar que las nuevas obligaciones sean viables y estén alineadas con la normativa europea.
La entidad, que agrupa a las principales compañías de capital extranjero presentes en España, ha señalado que la regulación introduce cambios positivos que responden a demandas históricas de la industria, como la revisión de las obligaciones de soberanía digital y ciertas flexibilizaciones en materia energética para poder cumplir con los requisitos de suministro renovable.
En esta línea, la organización ha destacado que limitar el alcance de la soberanía digital abre la puerta a realizar operaciones técnicas desde terceros países bajo condiciones específicas. No obstante, ha alertado de que la exigencia de respaldar el 80% del consumo con generación renovable y de cumplir con la correlación horaria implica importantes retos técnicos y financieros para los operadores.
Al mismo tiempo, ha remarcado que estos centros funcionan de manera continua y constituyen una “infraestructura crítica y transversal” para la digitalización de la economía y el mantenimiento de la competitividad, por lo que ha pedido que los plazos de adaptación y el régimen sancionador se definan con criterios de proporcionalidad y sean compatibles con los calendarios de inversión.
Requisito del 80% de energía renovable
El real decreto aprobado por el Ejecutivo, que desarrolla el Real Decreto-ley 7/2026 y se aplicará a instalaciones de más de 10 megavatios (MW), obliga a acreditar ese 80% de origen verde mediante autoconsumo, sistemas de almacenamiento o contratos de suministro a largo plazo superiores a seis años, y fija una senda progresiva hasta 2032 para alcanzar la correlación horaria completa.
Por otro lado, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido que, sin esta regulación, la expansión de estas infraestructuras habría supuesto un sobrecoste anual de 5.000 millones de euros en la factura eléctrica y un incremento del 25% en el recibo de la industria.
Aagesen ha añadido que España dispone en la actualidad de 15 gigavatios (GW) con permisos de acceso ya concedidos y más de 20 GW adicionales en tramitación, volúmenes que superan ampliamente las previsiones de menos de cuatro gigavatios para 2030 incluidas en la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024.