El Gobierno de Países Bajos ha presentado un plan para contener el gasto del Estado mediante una combinación de recorte de trámites e impulso de la inteligencia artificial (IA). Con esta estrategia, el Ejecutivo pretende suprimir 25.000 puestos de funcionarios de aquí a 2035, lo que se traduciría en un ahorro de 3.500 millones de euros en las cuentas públicas.
Según el calendario avanzado por el gabinete neerlandés, el ajuste comenzará con una reducción del gasto de 900 millones de euros en 2027, con la meta de alcanzar los 3.500 millones en 2035. No obstante, el propio Gobierno ha precisado que no todo el empleo público se verá afectado, ya que se preservarán los puestos vinculados a la policía y a la defensa.
“No podemos seguir haciendo lo mismo. (...) debemos reducir significativamente los gastos de la administración. Por eso, vamos a tomar decisiones difíciles para lograr un gobierno central que funcione de verdad: más sencillo, más eficiente y más pequeño”, ha indicado Eric van den Burg, secretario de Estado para una Administración Eficaz.
Bajo el liderazgo de Rob Jetten, el Ejecutivo recurrirá a la tecnología y a la IA para gestionar de forma más eficiente los recursos públicos, incluidos los espacios de trabajo. Este enfoque ya ha permitido clausurar edificios “innecesarios”. Además, el Gobierno se ha comprometido a presentar en el primer trimestre de 2027 objetivos concretos y un plan de ahorro ligado a la implantación de la IA, con el propósito de elevar la productividad.
Menos regulación y simplificación administrativa
El programa de contención del gasto se apoya también en una amplia revisión normativa. El Gobierno quiere reducir y suprimir parte de las reglas que afectan a residentes, profesionales y empresas mediante una Ley de Simplificación, que a su vez limitará la capacidad futura de introducir nuevas obligaciones y normativas.
“El gabinete quiere que los residentes y las empresas dediquen menos esfuerzo, tiempo y dinero a trámites regulatorios innecesarios. Ya se ha anunciado que el Gobierno central eliminará o simplificará al menos 500 regulaciones al año”, reza el comunicado emitido.
El ajuste alcanzará igualmente al entramado de órganos consultivos y comités asesores, así como al número de evaluaciones de políticas públicas. “En las últimas décadas se han creado numerosos organismos encargados de auditar, supervisar y asesorar. Esto genera una gran cantidad de trabajo innecesario y dificulta la resolución de problemas sociales complejos”, han explicado desde el Ejecutivo.