Perú lanza al exministro González-Olaechea como candidato a dirigir la OIT y se suma a la pugna con Yolanda Díaz

Perú impulsa a González-Olaechea para dirigir la OIT y se suma a la carrera en la que compite también la vicepresidenta española Yolanda Díaz.

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Javier González-Olaechea. X
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Perú ha oficializado la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea para ocupar la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el periodo 2027-2032. Competirá por el puesto con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, así como con el actual máximo responsable del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo.

La elección del nuevo director general tendrá lugar el 16 de noviembre mediante votación secreta y la persona designada asumirá sus funciones el 1 de octubre de 2027.

González-Olaechea fue ministro de Exteriores de Perú y desempeñó cargos de alto nivel dentro de la OIT. Asimismo, trabajó como asesor del embajador Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de Naciones Unidas, y ocupó responsabilidades en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas.

Su programa para liderar la OIT, bajo el título “Una vida digna en la Era Disruptiva”, propone adaptar la institución a un contexto marcado por la inteligencia artificial, la automatización, las plataformas digitales y la transición ecológica, preservando al mismo tiempo su objetivo central de impulsar la justicia social.

Entre sus prioridades figura el refuerzo de las normas y los derechos laborales, así como la actualización del modelo tripartito para que gobiernos, empleadores y trabajadores puedan anticiparse a los cambios y alcanzar pactos antes de que deriven en conflictos abiertos.

El planteamiento de González-Olaechea se estructura en cuatro grandes pilares: normas y derechos, empleo, protección social y diálogo social. Incluye, entre otras medidas, un diálogo tripartito específico sobre inteligencia artificial y trabajo, con el fin de asegurar transparencia, salvaguarda de datos y supervisión humana; una alianza global sobre las competencias del futuro y la transición de la informalidad a la formalidad; un sistema de protección social que acompañe las transiciones laborales y cubra también a autónomos, trabajadores informales y de plataformas; y herramientas de anticipación, negociación y prevención de conflictos. En este marco, también propone reforzar la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

El candidato aboga, además, por una OIT más enfocada a resultados, con mayor capacidad de análisis y previsión, mejor coordinación entre la sede central y las oficinas sobre el terreno y una gestión ligada a presupuestos, responsables, calendarios e indicadores concretos.

Como parte del proceso electoral, el 23 de septiembre los aspirantes presentarán sus programas en Ginebra ante el pleno del actual consejo de administración de la OIT y los representantes de los 187 Estados miembros.

Díaz centra su propuesta en los derechos laborales

Díaz registró formalmente su candidatura el pasado 7 de agosto. En el documento de visión estratégica que acompaña su propuesta, al que ha tenido acceso Europa Press, la ministra española plantea la creación de una “Carta Global de Derechos Laborales” con rango de convenio, con el objetivo de fijar un suelo mínimo de protección universal para las personas trabajadoras ante los grandes retos del siglo XXI y sacar a la organización de la actual “gestión del declive”.

El texto, bajo el título “Recuperar el liderazgo de la OIT: El diálogo social como faro de la justicia social en un mundo en transformación”, sostiene que la organización se halla en un momento decisivo.

Según la candidata española, si se prolonga la actual crisis financiera y de programa, la OIT —único organismo precedente de la Sociedad de las Naciones que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial— afrontará un “riesgo existencial para el cumplimiento de su mandato y su relevancia como principal proyecto institucional construido para asegurar el paralelismo entre el desarrollo económico y el progreso social”.

Un suelo universal de derechos ante los desafíos actuales

El núcleo de la propuesta de Díaz para los derechos mínimos de los trabajadores es la aprobación de una nueva norma internacional unificada. A su juicio, una década después de la declaración del centenario, “ante los desafíos globales, resulta necesario reafirmar la existencia de un suelo universal de derechos laborales”.

Con este fin, plantea una “Carta Global de Derechos Laborales, que adopte la forma de Convenio”, diseñada para “sistematizar los grandes principios desarrollados por la OIT a lo largo de su historia y, al tiempo, incorporar los nuevos desafíos del trabajo del siglo XXI”.

El diagnóstico que hace Díaz subraya que la crisis de la OIT va más allá de los problemas de financiación derivados del impago de cuotas por parte de algunos Estados miembros e incluye también deficiencias internas que provocan una “fragmentación de la capacidad técnica frente a otros actores multilaterales, como el Banco Mundial o la OCDE”.

Para revertir la infrafinanciación, la aspirante propone impulsar nuevas contribuciones voluntarias de gobiernos donantes, agencias de desarrollo, bancos regionales e iniciativas de colaboración público-privada.

Precisa, sin embargo, que para evitar una mayor dispersión de la agenda institucional, la OIT deberá promover que estas aportaciones sean “plurianuales y no condicionadas” y se destinen a fondos comunes de carácter estratégico. A nivel interno, aboga por introducir ajustes financieros adicionales.

Cinco ejes de actuación para la OIT

El programa de Yolanda Díaz orienta la acción futura de la OIT en torno al diálogo social y cinco líneas estratégicas: transiciones digital y climática; empresas sostenibles y competencia leal; trabajo decente y protección social; lucha contra las desigualdades e igualdad de género; y la citada “Carta Global de Derechos Laborales”.

La vicepresidenta segunda recalca igualmente la importancia de profundizar en la democratización interna de la organización y consolidarla como un foro multilateral donde “la voz del Sur Global y la de las personas trabajadoras y las empleadoras participen en condiciones de igualdad con los Gobiernos”.

Díaz cierra su propuesta apelando a su experiencia en la búsqueda de consensos: “Esta visión, respaldada por mi experiencia de gobierno de un país que ha conocido un periodo excepcional de expansión y de creación de empleo de calidad, basada en decenas de acuerdos de diálogo social, puede contribuir de manera decisiva a reforzar el papel de la OIT”, concluyendo que “ha llegado el momento de confiar en el liderazgo de una mujer” para ponerse al frente del organismo.

Una posible primera mujer y primera española al frente de la OIT

La OIT, creada en 1919 y primera agencia especializada de Naciones Unidas, integra a gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos de sus 187 Estados miembros. Su estructura tripartita la convierte en el principal espacio para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el impulso del diálogo social.

Con la candidatura de Yolanda Díaz, España aspira a fortalecer “una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo” en un escenario de “profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales”, consolidando a la OIT como “referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social”.

España es el país que más convenios ha ratificado con la OIT, con un total de 141. Si resultara elegida, Yolanda Díaz se convertiría en la primera española y en la primera mujer al frente de la organización.

El consejo de administración de la OIT celebrará reuniones privadas con los aspirantes el 9 de noviembre y la votación secreta tendrá lugar el 16 de noviembre. El mandato de la nueva persona que ocupe la Dirección General comenzará el 1 de octubre de 2027.

La duración del mandato en la Dirección General de la OIT es de cinco años. Para ser elegida, la candidatura debe obtener el respaldo de más de la mitad de los miembros del consejo de administración con derecho a voto.