No todos los trabajadores podrán secundar la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre. Aunque la Constitución reconoce el derecho de huelga, la legislación española prohíbe ejercerlo a militares y policías y permite imponer servicios mínimos en actividades esenciales, como la sanidad, las emergencias o el transporte público.
Los abogados asalariados también pueden participar en la convocatoria, aunque la huelga no les exime de sus obligaciones ante los tribunales. Los autónomos, por su parte, pueden cerrar sus negocios para protestar, pero deben responder de los compromisos profesionales que tengan pendientes.
Militares y policías tienen prohibido hacer huelga
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pueden secundar una huelga general. La prohibición incluye a militares, guardias civiles, policías nacionales y agentes de las policías autonómicas y locales, con independencia del motivo de la protesta.
El artículo 6.8 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les impide ejercer el derecho de huelga y participar en acciones concertadas que alteren el funcionamiento habitual de los servicios. Los militares tienen expresamente prohibido ejercer este derecho en la normativa que regula sus derechos y deberes.
Médicos, bomberos y funcionarios pueden hacer huelga con servicios mínimos
Los empleados de la sanidad, los servicios de emergencias y el transporte público pueden participar en una huelga, aunque las autoridades competentes pueden fijar servicios mínimos para garantizar las prestaciones esenciales.
Los trabajadores designados para cubrir esos servicios están obligados a cumplirlos, sin que esa exigencia se extienda al resto de la plantilla. Un médico o un conductor de transporte público que no tenga asignados servicios mínimos puede secundar el paro. Los bomberos también conservan ese derecho, con las limitaciones necesarias para atender las intervenciones imprescindibles.
El artículo 15 del Estatuto Básico del Empleado Público reconoce igualmente el derecho de huelga de los funcionarios, condicionado al mantenimiento de los servicios esenciales y con las excepciones previstas para determinados cuerpos.
La huelga de jueces y fiscales sigue siendo objeto de controversia
Las asociaciones de jueces y fiscales han convocado huelgas en distintas ocasiones, pese a que no existe una regulación específica sobre el ejercicio de este derecho. A diferencia de militares y policías, jueces y fiscales no tienen una prohibición expresa de huelga.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha defendido que las huelgas de jueces y magistrados carecen de cobertura normativa. Las asociaciones convocantes discrepan y consideran que la falta de desarrollo legislativo no basta para privarlos de un derecho fundamental.
Los abogados asalariados pueden secundar la huelga general
Los abogados contratados por un despacho pueden secundar una huelga general que les resulte aplicable. La normativa que regula su relación laboral especial reconoce los derechos colectivos de estos profesionales, incluido el de huelga.
Quienes ejercen por cuenta propia también pueden interrumpir su actividad para apoyar una protesta, aunque no están amparados por las mismas garantías laborales que los asalariados.
La convocatoria, sin embargo, no altera las obligaciones de los abogados ante los órganos judiciales, especialmente cuando tienen vistas o actuaciones previamente señaladas.
Un abogado no puede dar por suspendido un juicio por participar en la huelga
Los juicios señalados durante una jornada de huelga no se suspenden automáticamente, aunque el abogado encargado de la defensa tenga derecho a secundarla. Las vistas siguen previstas mientras el órgano judicial no acuerde su aplazamiento.
La Ley de Enjuiciamiento Civil regula las causas que permiten suspender una vista, pero no contempla la participación en una huelga como motivo que obligue a hacerlo. Los procedimientos penales, laborales y contencioso-administrativos se rigen por sus respectivas normas procesales.
El abogado que quiera secundar el paro y tenga un juicio señalado debe solicitar su suspensión y obtener una resolución favorable. La mera presentación del escrito no autoriza a dar por aplazada la actuación.
Si el señalamiento continúa vigente, la incomparecencia puede perjudicar los intereses del cliente y ocasionar responsabilidades profesionales, según las circunstancias del procedimiento.
El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha recomendado consultar previamente con la oficina judicial para comprobar la posible incidencia de las huelgas sobre las vistas programadas.
Los autónomos pueden cerrar sus negocios, pero deben cumplir sus compromisos
Los autónomos pueden cerrar sus establecimientos o interrumpir su actividad para participar en una protesta. El Estatuto del Trabajo Autónomo reconoce el ejercicio de acciones colectivas en defensa de sus intereses profesionales, aunque estos paros no tienen los mismos efectos que una huelga laboral.
La participación de un asalariado en una huelga legal suspende temporalmente su contrato de trabajo. Los autónomos no tienen una relación laboral con un empleador y, por tanto, el cierre de su negocio no produce esa suspensión.
Los contratos con clientes, las entregas pendientes y las demás obligaciones profesionales siguen vigentes, salvo que las partes acuerden modificarlos o exista una causa legal que permita su incumplimiento.
Un comerciante puede decidir no abrir durante la jornada y un profesional independiente puede suspender sus servicios, pero la protesta no le libera automáticamente de los compromisos adquiridos.
El cierre de un negocio no obliga a sus empleados a secundar la huelga
Los autónomos con trabajadores contratados no pueden imponerles su decisión de participar en el paro. Los asalariados conservan el derecho a hacer huelga aunque el propietario quiera abrir el establecimiento y, si este decide cerrar, no puede considerar huelguistas a los empleados que estaban dispuestos a trabajar.
El empresario tampoco puede descontarles automáticamente el salario por mantener cerrado el negocio. El cierre patronal está sujeto a causas y requisitos específicos, por lo que la decisión voluntaria de apoyar una protesta no permite aplicar sin más sus consecuencias laborales.