Renfe tiene previsto seguir adelante con su proyecto de constituir una empresa de autobuses para cubrir los servicios alternativos de transporte cuando no sea posible la circulación ferroviaria. Esta decisión se mantiene pese a que un tribunal ha anulado el concurso con el que el operador pretendía seleccionar a un socio del sector del autobús para poner en marcha esa sociedad conjunta.
En una nota pública, la compañía subraya que la reciente resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que deja sin efecto el concurso al considerar que varias cláusulas vulneraban la normativa, no implica en ningún caso dar por descartada esta iniciativa.
Por el contrario, Renfe avanza que ajustará el procedimiento administrativo a las indicaciones formuladas por este organismo, con la finalidad de revisar y modificar los puntos del pliego que sea preciso corregir antes de volver a licitar.
“Renfe reitera que no renuncia a la creación de la sociedad participada, al considerar que se trata de una herramienta estratégica para reforzar la atención a los viajeros en situaciones de incidencia ferroviaria u obras en la red, mejorar la capacidad de respuesta, y optimizar los recursos destinados a los planes alternativos de transporte”, argumenta.
La operadora insiste en que la nueva sociedad no se concibe para competir con el resto del sector, sino “para garantizar una capacidad de respuesta suficiente cuando el sistema ferroviario se vea interrumpido”, y remarca que es la única compañía (a diferencia de Ouigo o Iryo) que asegura la movilidad de los ciudadanos cuando se producen estas incidencias.
De acuerdo con los análisis internos de Renfe, el modelo actual, basado en contrataciones puntuales y de urgencia de autobuses, no resulta adecuado para cubrir la demanda derivada, sobre todo, de las grandes obras en la red ferroviaria.
Los estudios de la empresa calculan además que, en los próximos años, podrían requerirse hasta 300 autobuses para atender los distintos planes alternativos de transporte que se pongan en marcha en todo el territorio.
Este último elemento fue el que llevó a Renfe a restringir la participación en el concurso a las compañías de mayor tamaño, al entender que necesitaba un socio con una flota amplia y capacidad operativa suficiente para reaccionar con rapidez y eficacia ante cualquier corte en la circulación de trenes.
No obstante, esa limitación fue impugnada por varias patronales del sector, al considerar que suponía una discriminación hacia las empresas de menor dimensión, un argumento que finalmente ha sido aceptado por el Tribunal.