Las comunidades autónomas españolas afrontarán en los próximos dos ejercicios, 2026 y 2027, un escenario de mayores tensiones de gasto ligadas al incremento de los salarios, a una posible inflación más elevada, a los elevados costes provocados por las inundaciones, a los cambios demográficos y a la obligación de ejecutar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes de agosto de 2026.
S&P Global Ratings lanza este aviso en un informe difundido este martes, aunque reconoce al mismo tiempo el sólido comportamiento de las cuentas regionales en 2025.
Según la agencia de calificación, los resultados presupuestarios de las comunidades en 2025 superaron sus previsiones iniciales, impulsados por un fuerte aumento de los ingresos asociado al buen tono de la economía española y por una evolución del gasto más contenida de lo esperado.
De cara a 2026 y 2027, S&P anticipa que las comunidades autónomas se verán sometidas a mayores presiones de gasto, lo que podría deteriorar sus saldos presupuestarios. “El crecimiento de los ingresos debería mitigar algunas presiones sobre el gasto en 2026, pero la sostenibilidad presupuestaria dependerá cada vez más de que los gobiernos regionales mantengan la disciplina fiscal”, ha insistido la agencia en su informe.
En particular, S&P subraya que conservar un desempeño presupuestario favorable exigirá reforzar la disciplina y contener el gasto en áreas clave como los servicios sanitarios y educativos.
Impacto de las reformas de financiación en la calidad crediticia
En este contexto, S&P valora que las reformas planteadas por el Gobierno central en materia de financiación autonómica y de absorción de deuda —bloqueadas por el “estancamiento político”— podrían contribuir a mejorar la posición financiera de las comunidades.
La agencia considera que la aprobación de estas iniciativas sería positiva para la calidad crediticia de las autonomías, al tiempo que ayudaría a reducir las diferencias tanto en el reparto de los recursos como en los resultados presupuestarios entre regiones.
Aun así, S&P advierte de que estas reformas no incorporan requisitos específicos que deban cumplir las comunidades, lo que, en ausencia de una supervisión más estricta de las reglas fiscales y de la gestión financiera, incrementa el riesgo de que reaparezcan desequilibrios similares a los del pasado.
Además, la firma alerta de que las propuestas se topan con una oposición amplia por parte de numerosos gobiernos autonómicos, que discrepan sobre los criterios y fórmulas para distribuir la financiación y asumir la deuda.
“Dada la fragmentación del Parlamento español, la probabilidad de que estas reformas se aprueben sigue siendo incierta”, ha señalado la agencia.