Scope Ratings sostiene este viernes que España se aproxima a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con una “economía sólida”, aunque alerta de que “el principal riesgo crediticio” está ligado al escenario político y de que un posible bloqueo institucional podría “frenar las reformas”.
En su informe, la agencia subraya que el país llega al adelanto electoral apoyado en un crecimiento robusto, una economía diversificada, un mercado laboral resistente y unas perspectivas de inversión sostenida. No obstante, avisa de que “un estancamiento político prolongado podría lastrar el impulso reformista y ralentizar los avances” en los retos internos aún pendientes, especialmente los relacionados con “la elevada deuda pública, el alto nivel de desempleo, las presiones de gasto relacionadas con el envejecimiento de la población y la asequibilidad de la vivienda”.
Según el análisis, “las elecciones generales anticipadas en España generan incertidumbre en cuanto a la gobernanza y la ejecución de las políticas, más que por suponer un desafío directo a los fundamentales del crédito soberano, respaldados por un sólido crecimiento económico, la mejora de los indicadores fiscales y la reducción de las vulnerabilidades externas”. El documento está firmado por el director ejecutivo de Scope Ratings, Carlo Capuano, y la directora del sector soberano y público, Marta Sáenz Abenz.
Los autores destacan que el país afronta el ciclo electoral desde una posición de “relativa fortaleza económica”, con un avance del PIB que, aunque se prevé que se modere del 2,8% en 2025 a una media cercana al 2,0% entre 2026 y 2031, se mantendría “notablemente por encima” del promedio de la zona del euro y de las economías comparables.
Por ello, concluyen que “el principal riesgo crediticio asociado a las elecciones es de carácter político, más que económico”. En este sentido, ponen el foco en el “panorama parlamentario cada vez más fragmentado” en España, que “puede ralentizar la toma de decisiones, diluir las medidas políticas y complicar la gestión fiscal, especialmente cuando es necesario tomar decisiones difíciles en materia de gasto”.
Para los tenedores de deuda, añaden, “la cuestión principal será si las elecciones dan lugar a un Gobierno capaz de mantener una amplia continuidad en las políticas, incluida la prudencia fiscal”, ya que un periodo largo de negociaciones para cerrar una coalición o el recurso reiterado a presupuestos prorrogados “podrían ralentizar la aplicación de las reformas y reducir la flexibilidad política, aunque ello no altere de forma inmediata la trayectoria fiscal” del país.
Además, los expertos de Scope Ratings destacan que la calificación crediticia de España continúa apoyada en factores “relativamente independientes” del ciclo electoral, como la expectativa de que la inversión se mantenga más allá de la ejecución de los fondos “Next Generation EU”, un sector turístico “sólido”, tendencias migratorias “favorables”, la mejora de la balanza de pagos y unos costes “moderados” del servicio de la deuda. Subrayan que “estos puntos fuertes aportan un cierto grado de resiliencia frente a la incertidumbre política a corto plazo”.
De este modo, consideran “poco probable” que los comicios, por sí mismos, constituyan un evento crediticio “significativo”, aunque señalan que una mayoría de Gobierno nítida o una coalición estable “favorecerían la previsibilidad de las políticas”, mientras que un bloqueo institucional prolongado podría acabar frenando el programa de reformas.
“En general, las elecciones representan un riesgo para la gobernanza y la ejecución de las políticas, más que una amenaza inmediata para los fundamentos crediticios de España. La perspectiva crediticia debería seguir respaldada por tendencias económicas y fiscales favorables, siempre que la evolución política no descarrile la trayectoria a medio plazo de la consolidación fiscal y las reformas estructurales”, concluye el análisis.