El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha cargado este jueves contra el “sistema perverso” vigente en España por el que se desclasifica vivienda pública y se permite su entrada en el mercado privado.
En declaraciones a los medios en Las Palmas de Gran Canaria, subrayó que el país debe poner en circulación dos millones de viviendas a precios asequibles a lo largo de la próxima década.
“Y una parte no menor de esas viviendas tienen que basarse en promoción de viviendas de protección oficial o viviendas de precio social en distintas formas de promoción. Y no se pueden desclasificar nunca”, aseveró.
Sordo recalcó que el principal problema de España no ha sido la ausencia de construcción de vivienda pública en los últimos 30 años, sino el “sistema perverso que las desclasifica y las deja introducir en el mercado privado”.
Según el líder sindical, la vivienda pública ya no debe limitarse a atender situaciones de exclusión o pobreza severa, sino convertirse en una herramienta para que las capas medias puedan acceder a casas con precios asequibles y tasados, que contribuyan a presionar a la baja las rentas del mercado.
Uso turístico y precios del alquiler en zonas tensionadas
“Si no, no va a haber solución --observó--. Hay que movilizar vivienda vacía, limitar, restringir y en algunos casos prohibir en las zonas tensionadas el uso de la vivienda como una vivienda turística”.
En este sentido, Sordo sostuvo que la expansión de la vivienda turística está encareciendo los precios y “inflacionando” los centros urbanos y los municipios turísticos, lo que “expulsa” a la población residente y a la clase trabajadora de sus barrios.
Por ello, defendió la necesidad de “topar” los precios del alquiler en las áreas tensionadas, al considerar inasumible “el precio absolutamente bestial de los alquileres en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria”.
“Son prácticamente más caros que en una ciudad como Bilbao y con los salarios de aquí no se pueden pagar 1.200, 1.400 o 1.500 euros de alquiler. Es un absoluto disparate”, dijo.
Para terminar, instó a las patronales a “tomar nota” del problema. “O se arregla el problema de la vivienda o no va a pasar mucho tiempo sin que muchas empresas en nuestro país no encuentren gente para trabajar y luego que se vayan a reclamar al maestro armero. Este es un problema social pero es también ya un problema económico”, concluyó.