SpainDC llevará a los tribunales el real decreto y reclamará su suspensión cautelar

SpainDC recurrirá el real decreto de data centers, pedirá su suspensión cautelar y alerta de un riesgo grave para la soberanía digital y la inversión en España.

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SpainDC, la patronal española de 'data centers', ha anunciado que interpondrá un recurso judicial y solicitará la suspensión cautelar del real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, al entender que fija condiciones de imposible cumplimiento que, en la práctica, suponen un “veto de facto” al despliegue de nuevas infraestructuras en España.

La organización, que integra a más de 300 empresas del sector, ha explicado en un comunicado que la nueva regulación obliga a optar entre requisitos inasumibles de adicionalidad y correlación horaria o aceptar desconexiones prioritarias (apagones selectivos), algo que consideran incompatible con el funcionamiento ininterrumpido de unas instalaciones calificadas como críticas.

La asociación ha criticado que el Ejecutivo haya seguido adelante pese a las reiteradas advertencias de la industria y de organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y sin que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se haya reunido “ni una sola vez” con SpainDC.

El presidente de la patronal, Emilio Díaz, ha señalado que el sector se percibe estigmatizado por un Gobierno que pretende convertirlo en “culpable de problemas que no ha provocado” y ha alertado de que la norma pone en juego la soberanía digital del país.

Díaz ha defendido que sin centros de datos ubicados en territorio nacional no puede hablarse de verdadera autonomía tecnológica, advirtiendo de que España dependerá progresivamente de otros Estados para impulsar la inteligencia artificial, sostener la economía digital y administrar sus datos.

Asimismo, ha calificado de “incomprensible” que un Ejecutivo que afirma proteger la soberanía digital apruebe una regulación que, a su juicio, amenaza las infraestructuras que la sustentan, reiterando que no la asumirán y que pedirán a los tribunales que paralicen su aplicación.

La entidad ha subrayado también que, mientras otros países europeos promueven estas infraestructuras para competir en inteligencia artificial, los 66.900 millones de euros de inversión previstos en España hasta 2030 quedan “seriamente amenazados” y podrían desviarse a otros mercados, con la consiguiente pérdida de actividad económica, innovación y oportunidades de desarrollo industrial.

Críticas a la tramitación urgente del decreto

La directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, ha respondido a las manifestaciones de la ministra sobre el liderazgo español ironizando con que el país será pionero en colocarse “a la cola de la revolución digital”.

Villacís ha censurado que el Gobierno actúe “en el tiempo de descuento y a nueve días de unas elecciones generales” para sacar adelante una norma “por la puerta de atrás de la tramitación urgente”, sin acuerdo con el sector y desoyendo sus aportaciones.

En declaraciones recientes a Europa Press, la directiva ya había definido el real decreto como “decrecentista” y había alertado de que transformará a España en “el peor sitio para invertir de Europa”.

En esa línea, denunció que el texto “lo único que busca es penalizar las opciones económicas de España, porque la suma de requisitos equivale a una prohibición”, insistiendo en que “son de imposible cumplimiento” y lamentando que, si se aplica tal y como está redactado, el país pasará “de ser el sitio más atractivo al peor sitio para invertir” al no existir una regulación similar en el resto del continente.

Según Villacís, el Gobierno pretende trasladar la factura a quienes desean invertir en España en lugar de asumir las consecuencias de años de ausencia de planificación y de inversión suficiente en las redes eléctricas, acusando al Ejecutivo de forzar al sector a exportar su futuro en vez de establecer un marco regulatorio adecuado.

Cifras “alarmistas” y comparaciones “engañosas”

La patronal ha acusado además al Gobierno de utilizar cifras “alarmistas” y comparaciones “engañosas”, reprochando a Aagesen que ponga como referencia a Irlanda —donde los centros de datos suponen el 23% del consumo eléctrico— frente al 5% de Países Bajos y el 0,8% de España.

Para la asociación, resulta difícil de justificar que el Ejecutivo centre su discurso en “resolver los problemas de Irlanda” en lugar de atender a la realidad y a las necesidades del sistema eléctrico español.

SpainDC ha reclamado también a la ministra que detalle el origen y la metodología de los 5.000 millones de euros de sobrecoste eléctrico anunciados.

La entidad ha recordado que esa estimación contrasta con los análisis remitidos al propio Ministerio, como el estudio de Wood Mackenzie que calcula que incorporar 3 gigavatios (GW) adicionales apenas elevaría el precio eléctrico medio final “apenas un 1,3%” en 2030.

Además de la vía judicial, la asociación ha avisado de que mantendrá su rechazo en “todos los ámbitos institucionales y políticos” hasta lograr la derogación o una modificación profunda de un real decreto que, a su entender, “nunca debería haber sido aprobado”.