Las cooperativas reclaman al futuro Gobierno reformas fiscales y más contratos públicos

COCETA entra en campaña y presenta siete propuestas ante las elecciones del 29N, entre ellas reservar el 5% de los contratos públicos a las cooperativas, crear un fondo estatal de financiación y facilitar la continuidad de empresas en riesgo de cierre.

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Fachada del Congreso de los Diputados. Eduardo Parra - Europa Press
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En menos menos de un mes, se abren las urnas y nadie quiere quedarse al margen. Este viernes, arranca oficialmente la campaña y los partidos ultiman la elaboración de sus programas electorales. Es habitual que las formaciones políticas, además de rodearse de expertos y de consensuar los pilares programáticos a nivel interno, mantengan contactos con la sociedad civil y con los sectores.

En este sentido, la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) ya ha dado a conocer sus propuestas ante las elecciones generales del próximo 29N, con las que reclama a los partidos políticos y al futuro Gobierno reformas fiscales, mayor acceso a la contratación pública y nuevas herramientas de financiación. Entre sus principales peticiones figura reservar el 5% de los contratos públicos a través de la Ley de Contratos del Sector Público, así como facilitar que las empresas viables amenazadas de cierre puedan continuar su actividad bajo una fórmula cooperativa.

La organización, que representa a cerca de 21.000 cooperativas de trabajo asociado en España, ha remitido a las formaciones políticas un documento titulado "Cooperativas de trabajo: empresas con arraigo que construyen futuro". En él recoge siete prioridades para la próxima legislatura y concreta los cambios legislativos que considera necesarios en materia de fiscalidad y financiación, contratación pública, subvenciones y desarrollo territorial.

Siete items

Una de las primeras reivindicaciones de COCETA es completar la reforma de la Ley de Cooperativas aprobada en abril de 2026. Según la Confederación, quedaron pendientes cuestiones relacionadas con el porcentaje de jornadas de las personas trabajadoras y los planes de igualdad específicos para las cooperativas.

También solicita actualizar la Ley 20/1990 de Régimen Fiscal de las Cooperativas, con un tratamiento tributario más favorable para estas empresas por su contribución al tejido productivo y su respuesta a los retos sociales. La propuesta incluye revisar el impuesto sobre sociedades, introducir deducciones por reinversión y ampliar los incentivos fiscales a la investigación, el desarrollo y la innovación.

En materia de participación institucional, la Confederación reclama una mayor presencia de las organizaciones representativas del cooperativismo y de la economía social en las mesas de diálogo social y en los órganos encargados de elaborar políticas públicas.

Otra de sus prioridades es impulsar la reindustrialización mediante empresas de propiedad nacional y participativa, en línea con la apuesta por el "Made in Europe". COCETA defiende que las cooperativas pueden contribuir a fortalecer la industria y favorecer una mayor participación de los trabajadores en la propiedad y gestión empresarial.

La quinta propuesta busca facilitar la transformación de empresas viables abocadas al cierre en cooperativas de trabajo. Para ello, reclama mecanismos jurídicos y económicos de acompañamiento, además de ampliar los supuestos en los que puede utilizarse el pago único de la prestación por desempleo.

Las dos últimas medidas se centran en reducir la burocracia para crear cooperativas, digitalizar los trámites administrativos y favorecer el desarrollo de empresas que mantengan actividad económica y empleo en territorios afectados por la despoblación.

Un fondo estatal para cooperativas

Además de estas siete prioridades, COCETA detalla las modificaciones legislativas que quiere impulsar durante la próxima legislatura.

En contratación pública, la Confederación propone una reserva del 5% de los contratos, la inclusión obligatoria de criterios sociales en los procedimientos de adjudicación y la simplificación de los requisitos para que las pequeñas y medianas cooperativas puedan acceder a las licitaciones.

También reclama modificar la normativa de desindexación para permitir que las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y los incrementos salariales derivados de los convenios colectivos se repercutan en el precio de los contratos públicos de servicios y mantenimiento que ya estén vigentes.

Respecto a la financiación, propone crear un fondo estatal de impulso al cooperativismo y líneas específicas del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Asimismo, pide incluir a las cooperativas sin ánimo de lucro en la Ley de Mecenazgo y en la regulación del cumplimiento alternativo de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad.

En el ámbito de las subvenciones, solicita convocatorias plurianuales, su publicación durante el primer trimestre del año, el pago anticipado de las ayudas y el cumplimiento de los plazos administrativos de resolución.

Despoblación, dependencia y comunidades energéticas

Las propuestas también alcanzan a los servicios públicos y al desarrollo territorial. COCETA pide medidas específicas para favorecer la actividad cooperativa en las zonas más afectadas por la despoblación, así como priorizar los criterios de calidad en los servicios sociosanitarios esenciales dentro de la normativa de dependencia y cuidados.

En materia energética, reclama proteger y potenciar las comunidades energéticas, mientras que, para mejorar el reconocimiento del sector, propone elaborar estadísticas y estudios que permitan conocer su impacto económico y social.

El presidente de COCETA, Luis Miguel Jurado, ha reclamado a los partidos que las propuestas se traduzcan en decisiones durante la próxima legislatura. "Más allá de reconocimientos verbales, que también son necesarios y se agradecen, hay que demostrarlo con decisiones", ha afirmado.