Iustitia Europa ha presentado dos nuevos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra sendos acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) del 5 de noviembre. La formación solicita en ambos procedimientos la adopción de medidas cautelarísimas antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Uno de los procedimientos impugna el acuerdo que permite utilizar el DNI digital como medio de identificación de los electores en los comicios del 29 de noviembre. La JEC levantó el 5 de noviembre la suspensión que afectaba a esta aplicación, mientras mantuvo la de MiDGT.
Según explica Iustitia Europa, la decisión se apoya en las garantías trasladadas por el Ministerio del Interior sobre la disponibilidad de lectores de códigos QR en las mesas electorales. La formación considera que contar con estos dispositivos no acredita por sí solo que exista un procedimiento completo para resolver las incidencias que puedan producirse durante la identificación.
En concreto, el recurso plantea qué ocurriría si falla la conexión, se agota la batería del teléfono, el lector deja de funcionar o no se completa la verificación. También cuestiona quién tendría que decidir cómo actuar en cada caso y qué instrucciones garantizarían una respuesta uniforme en todas las mesas.
Por estos motivos, la organización solicita al Supremo que suspenda cautelarísimamente la autorización de MiDNI como medio de identificación electoral. Su presidente, Luis María Pardo, sostiene que la disponibilidad de lectores QR no equivale a disponer de un protocolo electoral completo.
La petición sobre el censo y la Ley de Nietos
El segundo recurso se refiere a determinadas inscripciones censales relacionadas con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y la Instrucción de 25 de octubre de 2022. Iustitia Europa reclama suspender cautelarmente sus efectos electorales mientras se comprueba individualmente su regularidad.
La formación centra su petición en dos situaciones: las personas que habrían pasado del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) al Censo Electoral de Residentes en España (CER) y determinadas inscripciones de descendientes incluidas en el Anexo III de la instrucción.
La controversia procede de un procedimiento anterior: la organización presentó el 28 de junio una denuncia ante la Junta Electoral Central por las consecuencias electorales de estas inscripciones. Posteriormente, el Tribunal Supremo acordó medidas cautelares el 10 de septiembre en el procedimiento 1013/2026, que fueron confirmadas mediante un auto de 12 de octubre tras los recursos de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística.
Iustitia Europa sostiene que las situaciones censales que ahora cuestiona podían comprometer la eficacia de aquellas medidas. El Supremo consideró que estas cuestiones quedaban fuera del objeto del recurso inicial. La formación acudió entonces de nuevo a la Junta Electoral Central, que, mediante acuerdo de 5 de noviembre, remitió la controversia a los procedimientos judiciales pendientes sin resolver el fondo de las comprobaciones solicitadas.
El nuevo recurso reclama que se suspendan los efectos electorales de las inscripciones afectadas hasta que se examine individualmente su regularidad. La formación defiende que su petición se limita a esos efectos electorales y que pretende preservar la eficacia de las medidas cautelares adoptadas anteriormente.