El Partido Popular ha presentado este martes su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, un documento de 82 páginas que, bajo el lema "La Reconstrucción Nacional", reúne 249 compromisos para una eventual legislatura de Alberto Núñez Feijóo. La propuesta combina rebajas fiscales, medidas para facilitar el acceso a la vivienda, un endurecimiento de la política migratoria y una amplia revisión de las leyes aprobadas durante los gobiernos de Pedro Sánchez.
El PP promete derogar la Ley de Amnistía, la Ley de Vivienda y la Ley de Memoria Democrática, sustituir la actual legislación educativa y revisar la Ley Trans. También recuperaría los delitos de sedición y convocatoria de referéndum ilegal, modificaría el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y obligaría a convocar elecciones si un Gobierno acumula dos prórrogas presupuestarias consecutivas.
El programa incluye compromisos para los primeros cien días, entre ellos una auditoría general del gasto público, la reforma de RTVE y la Agencia EFE y la paralización del calendario de cierre de las centrales nucleares. No incorpora, sin embargo, una memoria económica que permita calcular el coste de las rebajas fiscales o de las grandes inversiones comprometidas.
El documento se divide en cuatro bloques, dedicados a la Administración y la seguridad, la regeneración democrática, el modelo territorial y las políticas económicas y sociales. El PP los presenta como las actuaciones que ejecutaría "sí o sí" durante la legislatura.
Menos ministerios, recuperación de la sedición y endurecimiento de la inmigración
Feijóo propone comenzar su mandato con una auditoría de los organismos públicos, las empresas estatales y el gasto de las administraciones, cuyos resultados servirían para preparar los primeros Presupuestos Generales del Estado. La revisión iría acompañada de una reducción del número de ministerios y altos cargos y de la obligación de establecer una fecha de caducidad para cada nuevo organismo público.
El PP también quiere eliminar tres normas por cada disposición nueva y reducir las cargas administrativas un 25% antes de 2029, porcentaje que elevaría al 35% para las pequeñas y medianas empresas.
En materia territorial, el partido recuperaría los delitos de sedición y convocatoria de referéndum ilegal, eliminados durante la actual etapa socialista. También impulsaría un Plan Nacional de Presencia del Estado, con especial atención a Cataluña, País Vasco y Navarra.
La política migratoria ocupa una parte destacada del programa. El PP propone crear una autoridad única de inmigración, identificar a las personas que entren irregularmente en España en un máximo de siete días y prohibir por ley las regularizaciones masivas. También contempla el rechazo en frontera de las entradas a nado en Ceuta y Melilla.
El sistema de visados incorporaría criterios de puntos y cupos anuales vinculados a la cooperación de los países de origen en los retornos. Para renovar la residencia, los extranjeros tendrían que acreditar conocimientos de español y de la Constitución, mientras que el programa propone la expulsión como regla para quienes hayan sido condenados por determinados delitos graves o por multirreincidencia.
Otra de las medidas es prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos. El partido también endurecería las condiciones para obtener la nacionalidad española y contempla su pérdida para ciudadanos españoles que no sean de origen condenados por delitos graves.
En seguridad, Feijóo quiere ampliar la prisión permanente revisable a determinados delincuentes sexuales reincidentes y a quienes oculten el cadáver de sus víctimas. Añade una multa mínima de 3.000 euros por vandalismo y el reconocimiento de policías y guardias civiles como profesiones de riesgo.
Elecciones tras dos presupuestos prorrogados y cambios en el CGPJ
La regeneración institucional ocupa otro de los grandes apartados del programa. El PP propone que dos prórrogas presupuestarias consecutivas obliguen a disolver las Cortes y convocar elecciones, una modificación que afectaría a las reglas de continuidad de los gobiernos sin nuevas cuentas públicas.
Los acuerdos de investidura tendrían que publicarse íntegramente y quedarían excluidas de la negociación determinadas competencias estatales, entre ellas la Hacienda general, la Seguridad Social, la Defensa y las políticas exterior y migratoria.
En el ámbito judicial, el partido recupera su propuesta para que los jueces elijan directamente a los doce vocales del CGPJ de procedencia judicial. Además, los jueces y fiscales que hayan ocupado cargos políticos tendrían que esperar cinco años antes de volver a ejercer funciones jurisdiccionales o de acusación.
El fiscal general del Estado tendría un mandato único de cinco años, independiente de la duración del Gobierno, y su nombramiento requeriría un informe vinculante del CGPJ. El programa contempla asimismo su cese automático si resulta procesado.
Para acceder al Tribunal Constitucional, los candidatos tendrían que haber permanecido al menos cinco años sin ocupar cargos políticos. El PP propone también que los recursos contra leyes que afecten a derechos fundamentales se resuelvan en 90 días y limitar el recurso de amparo para evitar que funcione como una segunda instancia del Tribunal Supremo.
La formación anuncia una auditoría del CIS desde 2018, una reforma de RTVE y EFE en los primeros cien días y un mandato legal para la presidencia del INE.
En materia de corrupción, pretende recuperar las penas por malversación anteriores a su última reforma, obligar a que los contratos y subvenciones públicas dispongan de trazabilidad digital y crear un registro obligatorio de grupos de presión. También sustituiría la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
La derogación de la Ley de Amnistía iría acompañada de una nueva Ley del Indulto que impediría conceder esta medida de gracia a condenados por corrupción, terrorismo o delitos contra la integridad territorial, así como utilizarla para conseguir apoyos parlamentarios.
Financiación autonómica multilateral, PAU común y cambios en la Ley Trans
El PP rechaza los acuerdos bilaterales que permitan a una comunidad autónoma abandonar el régimen común de financiación. Su propuesta pasa por negociar un nuevo modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con participación de todas las autonomías y un fondo transitorio de nivelación.
También defiende que una licencia de actividad obtenida en una comunidad sea válida en las demás, una historia clínica y social única y una prueba de acceso a la universidad (PAU) común en toda España.
En materia lingüística, el programa garantiza el derecho a recibir enseñanza en castellano en todas las etapas educativas y propone recuperar esta lengua como idioma de trabajo en el Congreso. Las lenguas cooficiales continuarían utilizándose en el Senado.
La formación plantea además introducir criterios de arraigo para acceder a determinadas ayudas y prestaciones, atendiendo al empadronamiento y a las cotizaciones, sin utilizar exclusivamente la nacionalidad.
Entre las reformas sociales figura la revisión de la Ley Trans para eliminar la autodeterminación registral del sexo. El PP también propone utilizar el sexo biológico como criterio para participar en las categorías deportivas femeninas.
En memoria histórica, derogaría la Ley de Memoria Democrática y aprobaría una Ley de Concordia. El programa incluye igualmente la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia.
Un millón de viviendas, IVA reducido para jóvenes y desalojo de okupas en 48 horas
La vivienda ocupa uno de los principales compromisos económicos del PP, que promete impulsar la construcción de un millón de viviendas durante la legislatura.
El partido derogaría la Ley de Vivienda, incluidos los mecanismos de declaración de zonas tensionadas y los índices de referencia de precios. Para acelerar la construcción, propone que las licencias urbanísticas se resuelvan en un máximo de tres meses, con silencio administrativo positivo.
Los menores de 40 años podrían beneficiarse de una reducción del IVA del 10% al 4% en la compra de su primera vivienda. El programa contempla además avales públicos de hasta el 20% del valor del inmueble para facilitar el pago de la entrada.
El ahorro destinado a la compra de vivienda tendría también incentivos fiscales. La denominada "Hucha Hogar Joven" permitiría aportar hasta 2.000 euros anuales con una deducción del 20%.
Para el alquiler, el PP propone ventajas fiscales a los propietarios que renueven los contratos con subidas inferiores al IPC. La medida, denominada "Tres años+", busca favorecer la continuidad de los inquilinos.
El programa incluye asimismo el compromiso de desalojar a los ocupantes ilegales en un plazo de 48 horas.
Rebajas del IRPF para jóvenes, SMI exento y cuota cero para autónomos
En política fiscal, el PP propone actualizar la tarifa del IRPF para corregir el efecto de la inflación y eximir por ley del impuesto a quienes cobren el salario mínimo interprofesional.
Los jóvenes de entre 18 y 35 años tendrían una rebaja progresiva durante sus cuatro primeros ejercicios de declaración: del 100% el primer año, el 75% el segundo, el 50% el tercero y el 25% el cuarto.
También promete mantener un IVA del 0% para los alimentos básicos, incluyendo carne, pescado y conservas, mientras persista la crisis inflacionaria.
Los autónomos contarían con cuota cero durante su primer año de actividad y quedarían exentos de declarar IVA cuando su facturación anual no supere los 85.000 euros. El PP propone igualmente declaraciones semestrales y una bonificación del 100% de las cotizaciones correspondientes al primer trabajador contratado.
En el ámbito empresarial, las nuevas normas económicas tendrían que superar un examen de productividad. Los proyectos capaces de crear al menos cien empleos podrían declararse de interés nacional, mientras que determinados profesionales que se incorporen a grandes proyectos tecnológicos disfrutarían de una tributación del 20% durante seis años.
Educación gratuita hasta los tres años y 4.500 médicos más en Atención Primaria
El programa compromete la gratuidad de la educación infantil entre los cero y los tres años al finalizar la legislatura. En paralelo, el PP propone una deducción fiscal familiar única, reembolsable y de abono mensual, para cuyo cálculo también se tendría en cuenta al concebido no nacido.
En educación, la formación sustituiría la LOMLOE y endurecería las condiciones para pasar de curso en la ESO, vinculando la promoción a la superación de las asignaturas. También exigiría una nota mínima para acceder a los estudios de Magisterio y fija como objetivo que España obtenga el mejor resultado en las pruebas PISA en cuatro años.
El partido pretende prohibir las cuentas en redes sociales a menores de 14 años y exigir autorización de los padres hasta los 16.
En sanidad, Feijóo promete incorporar al menos 4.500 médicos adicionales a Atención Primaria, aprobar un Plan de Salud Mental para el periodo 2027-2037 y elaborar una ley nacional de cuidados paliativos.
Las pensiones continuarían revalorizándose conforme al IPC. El PP propone además un Pacto de Estado por la Dependencia que eleve la aportación estatal al 50% y una deducción del 40% por los gastos de atención profesional a una persona mayor dependiente.
Más de 300.000 millones en infraestructuras y continuidad de las centrales nucleares
El PP compromete un Plan Nacional de Infraestructuras de más de 300.000 millones de euros durante quince años, con participación del sector privado. La inversión abarcaría distintas redes de transporte y contempla acelerar los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico, así como la Ruta de la Plata.
En el ámbito ferroviario, el programa incluye una revisión de las más de mil limitaciones temporales de velocidad existentes en la red. También anuncia un Pacto Nacional del Agua con inversiones de hasta 40.000 millones de euros hasta 2030.
En energía, Feijóo se compromete a eliminar en los primeros cien días el calendario de cierre de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo. La propuesta incluye suprimir el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica y aprobar un plan para prevenir nuevos apagones.
En política exterior, el programa defiende mantener el apoyo a Ucrania, respaldar expresamente a María Corina Machado en Venezuela y buscar un mayor equilibrio en las relaciones con Marruecos y Argelia.
Para Ceuta y Melilla, el PP solicitaría a Bruselas un tratamiento fronterizo comparable al que reciben las fronteras de la Unión Europea con Rusia.
El documento incorpora además una propuesta relacionada con el Mundial de fútbol de 2030: condicionar la participación de España en el torneo a que el país albergue la final.
Ocho medidas pendientes de anunciar y un programa sin memoria económica
Aunque el documento reúne 249 medidas numeradas, ocho de ellas aparecen reservadas para su presentación durante la campaña electoral. En los apartados correspondientes figura el mensaje "Permanezca atento a la campaña".
Las propuestas pendientes son las números 83, 109, 132, 164, 167, 173, 200 y 210, relacionadas con corrupción, mayores y pensiones, memoria y terrorismo, familia, empleo, campo y educación.
Las rebajas fiscales, la construcción de un millón de viviendas y las inversiones previstas en infraestructuras figuran entre los compromisos de mayor envergadura, pero el documento no detalla cómo se financiarán ni calcula su impacto presupuestario.
La formación remite parte de estas decisiones a la auditoría general del gasto que pretende realizar durante sus primeros cien días de Gobierno. Al mismo tiempo, promete reducir la deuda y el déficit públicos, sin precisar en este resumen qué ajustes o ingresos permitirían compatibilizar ambos objetivos con las medidas anunciadas.