El PSOE ha situado la vivienda y las ayudas a las familias entre las principales prioridades de su programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los socialistas proponen destinar anualmente el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a garantizar el acceso a la vivienda, ampliar el parque público y protegido y crear una prestación estatal por crianza que alcance a los hogares con hijos menores de edad. Las medidas forman parte del documento que el partido de Pedro Sánchez presenta este domingo en Alcorcón (Madrid), en uno de los actos centrales de su campaña para lograr la reelección.
Según adelanta El País, el compromiso en materia de vivienda pretende elevar hasta el 8% el porcentaje de viviendas protegidas en España durante los próximos cuatro años, con el objetivo de aproximarse a la media europea. Actualmente, el parque español se sitúa en torno al 4%, de acuerdo con las cifras utilizadas por los socialistas, por lo que cumplir esta promesa supondría duplicar su peso. Tomando como referencia el PIB de 2025, que alcanzó los 1,69 billones de euros, el 1% representaría alrededor de 16.900 millones de euros anuales. No obstante, el importe efectivo dependerá de la evolución de la economía y de cómo se articule presupuestariamente el compromiso, sin que por ahora se haya detallado qué parte correspondería a fondos nuevos.
La propuesta llega después de una legislatura marcada por las dificultades para aprobar nuevas medidas de vivienda y por la presión de los precios del alquiler. El pasado jueves, la Diputación Permanente del Congreso convalidó las medidas del Gobierno destinadas a prorrogar determinados contratos de arrendamiento durante dos años y limitar las subidas al 2%, además de mantener la protección frente a determinados desahucios. El PSOE pretende ahora incorporar nuevas actuaciones de mayor alcance a su programa para la próxima legislatura, con especial atención al incremento de la vivienda asequible y a la intervención fiscal sobre los inmuebles que no se destinan a residencia habitual.
Un nuevo impuesto para grandes propietarios y fondos inmobiliarios
Una de las principales novedades del programa es la creación de un impuesto progresivo sobre determinadas viviendas propiedad de grandes tenedores y fondos de inversión. El objetivo declarado del PSOE es incentivar que estos inmuebles se destinen al alquiler residencial asequible y penalizar fiscalmente aquellos usos que, a juicio de los socialistas, contribuyen al encarecimiento del mercado.
La medida afectaría a viviendas de grandes propietarios que permanezcan vacías, se utilicen para fines turísticos o se alquilen a precios considerados abusivos, según la información adelantada por El País. Fuentes de Ferraz precisan que el impuesto no estaría dirigido contra los pequeños propietarios, sino contra la acumulación de inmuebles con fines especulativos. Sin embargo, todavía no se han concretado los tipos impositivos, los umbrales de aplicación ni los criterios que permitirían determinar qué alquiler se considera abusivo.
La propuesta forma parte de una estrategia más amplia para aumentar la oferta residencial asequible, aunque su aplicación dependería de una futura regulación y de las mayorías parlamentarias. También quedaría pendiente evaluar cómo se coordinaría con los impuestos y recargos que ya pueden aplicar distintas administraciones sobre viviendas vacías o destinadas a determinados usos.
Una prestación estatal por crianza para ocho millones de menores
El segundo gran compromiso social del programa es la creación de una prestación estatal por crianza destinada a todos los hogares con hijos menores de edad, con un diseño fiscal redistributivo que permita reforzar la ayuda recibida por las familias con menos recursos. La iniciativa pretende combatir la pobreza infantil y facilitar a las familias los gastos asociados al cuidado y mantenimiento de sus hijos.
El PSOE recupera así una propuesta que no llegó a materializarse durante la legislatura: una prestación universal de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años. No obstante, el planteamiento recogido ahora en el programa, según El País, no concreta expresamente esa cuantía para todos los beneficiarios, sino que establece la creación de una ayuda estatal con un sistema progresivo. Por tanto, todavía no puede darse por confirmado que todas las familias vayan a percibir exactamente 200 euros al mes.
El diseño anunciado contempla una protección adicional para los hogares de renta baja, integrada en el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación ya existente vinculada al ingreso mínimo vital. Actualmente, este complemento ofrece cantidades que oscilan entre 57,50 y 115 euros mensuales, dependiendo de la edad de los menores y de los requisitos económicos de cada unidad familiar.
La intención de los socialistas es que la nueva prestación llegue a los aproximadamente ocho millones de niños y adolescentes que viven en España, aunque queda pendiente concretar su financiación, la forma de pago, el tratamiento fiscal y su compatibilidad con otras ayudas familiares. El PSOE presenta esta iniciativa como una herramienta para reducir las desigualdades desde la infancia y apoyar económicamente la crianza, especialmente entre los hogares con mayores dificultades.
Impuestos a las multinacionales y un debate sobre la inteligencia artificial
El programa también incorpora propuestas fiscales dirigidas a las grandes empresas y a las actividades vinculadas con las nuevas tecnologías. Los socialistas defienden una tributación mínima efectiva para los grupos multinacionales, especialmente en la economía digital, en línea con los acuerdos internacionales promovidos por la OCDE y Naciones Unidas.
En este apartado, el PSOE plantea abrir un debate internacional sobre la posibilidad de gravar los tokens utilizados por los modelos de inteligencia artificial. El objetivo sería que una parte del valor económico generado mediante estas tecnologías contribuya a financiar la respuesta a sus consecuencias sociales, laborales y medioambientales. Se trata, por ahora, de una propuesta para impulsar una discusión internacional, no de un impuesto aprobado ni de una figura tributaria cuyo funcionamiento esté definido.
La regulación de la inteligencia artificial constituye uno de los asuntos que Sánchez ha incorporado a su discurso político durante los últimos meses. El presidente ha defendido la necesidad de establecer límites al poder de las grandes plataformas tecnológicas y garantizar que el desarrollo de estas herramientas no incremente las desigualdades económicas.
El PSOE fija como objetivo un 81% de generación eléctrica renovable en 2030
Otra de las prioridades del programa es acelerar el despliegue de las energías renovables para alcanzar el 81% de generación eléctrica en 2030. Los socialistas apuestan por ampliar la capacidad eólica y fotovoltaica, con el argumento de reducir la dependencia energética exterior y contener los costes de la electricidad.
Según los datos de Red Eléctrica recogidos por El País, las fuentes renovables representaron en 2025 el 55,5% de la generación eléctrica española, porcentaje que ascendió al 56,6% al incluir el autoconsumo. Alcanzar el objetivo anunciado supondría, por tanto, aumentar de manera considerable su participación durante los próximos cuatro años.
El PSOE pretende que los nuevos proyectos se desarrollen preferentemente en "Zonas de Aceleración Renovable", seleccionadas para reducir los conflictos con las actividades agrícolas y ganaderas y proteger la biodiversidad. La propuesta responde a las tensiones que la instalación de grandes parques solares y eólicos ha generado en distintos municipios rurales.
Por último, el programa incorpora un nuevo paquete de medidas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Entre ellas figura una ley orgánica de integridad pública, la elaboración de mapas de riesgos en las administraciones y la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, encargada de coordinar los mecanismos de supervisión y reforzar la protección de quienes denuncien irregularidades.
Se trata de compromisos que el Gobierno no consiguió sacar adelante en su totalidad durante la legislatura, incluidos algunos proyectos relacionados con la regulación de los grupos de presión. Con estas iniciativas, el PSOE busca situar la vivienda, la protección de las familias, la transición energética y la regeneración institucional en el centro de su campaña para el 29N. Su desarrollo efectivo dependerá, en cualquier caso, del resultado electoral, de la aprobación de las normas correspondientes y de los recursos presupuestarios disponibles.