El argumento permite al PSOE recuperar una de sus banderas ante el 29N, pero también ofrece a Feijóo la oportunidad de discutir quién gestiona mejor los servicios públicos sin tener que cuestionarlos.
Pedro Sánchez pronunció este lunes en Barcelona dos frases que apuntan en direcciones distintas. Al reconocer la «confianza quebrada» en la alta velocidad, asumió una obligación propia: explicar qué hará su Gobierno para que los viajeros vuelvan a confiar en el tren. Al advertir de los peligros de «cada recorte en lo público», abrió una discusión sobre lo que otros podrían hacer en el futuro. La primera afirmación tiene un responsable reconocible. La segunda invita a preguntar quién ha gobernado España desde junio de 2018.
Ahí está el riesgo de la intervención. Sánchez no dijo que un recorte hubiera causado el accidente de Urda. Habló de la respuesta que merece la tragedia y defendió más inversión. Pero, en comunicación política, importa también el argumento que queda cuando se pierde el contexto. Si lo que queda es que hay que cuidar lo público para evitar que falle, el primero que tendrá que rendir cuentas sobre esos cuidados es quien lleva ocho años y cinco meses en la Moncloa.
Los equipos de emergencia y la alta velocidad: dos juicios distintos
El comienzo del discurso tenía fuerza porque remitía a algo concreto. Tras el accidente, hubo sanitarios que atendieron a los heridos, equipos de emergencia que acudieron al lugar y agentes que auxiliaron a las familias. Reconocer ese trabajo permite al presidente expresar una gratitud que pueden compartir ciudadanos de cualquier partido. No hace falta coincidir con el PSOE para querer que esos profesionales dispongan de los medios necesarios.
La dificultad llega cuando Sánchez intenta trasladar ese reconocimiento a la discusión ferroviaria. Un ciudadano puede estar orgulloso de la respuesta de las emergencias y, al mismo tiempo, considerar insuficientes las explicaciones de Transportes. Incluso puede defender una mayor inversión pública y exigir responsabilidades por cómo se empleó la anterior. Esas posiciones caben en la misma persona. Plantear la elección entre inversión y recortes deja sin respuesta precisamente a ese votante.
Y hay un detalle revelador en el discurso: mientras el presidente sí identifica la confianza perdida y el servicio que debe recuperarla, no identifica qué recorte concreto amenaza la respuesta a Urda. Sin una decisión, una partida o una propuesta sobre la que discutir, la palabra «recortes» funciona mejor como recordatorio electoral del PSOE que como explicación presidencial de la crisis.
Feijóo no necesita discutir la inversión: le basta con preguntar por su ejecución
El marco sería más cómodo para Sánchez si hablara desde la oposición. Un aspirante puede prometer que protegerá una institución amenazada. Un presidente que pide renovarle la confianza también tiene que mostrar qué hizo con los presupuestos, los nombramientos y la capacidad de supervisión de los que ya dispuso. Ocho años en el Gobierno no prueban ninguna responsabilidad en el accidente. Sí hacen razonable pedir un balance.
Ahí encuentra Feijóo su mejor réplica. Le basta con aceptar la premisa de Sánchez -España necesita un ferrocarril público seguro-y llevarla al terreno de la gestión: qué riesgos se habían detectado, quién recibió los avisos y qué se hizo después. El Sindicato de Circulación Ferroviaria ya había denunciado antes del siniestro que en el centro de control de Atocha quedaban turnos sin cubrir. Esa denuncia no establece una relación causal con Urda; sí plantea una pregunta concreta sobre la respuesta de Adif. Es más difícil contestarla con una declaración de principios.
El PP tiene también un límite. Si Feijóo da por resuelta la causa antes que los investigadores, compromete el rigor que quiere convertir en su principal argumento electoral. Puede exigir documentos, fechas y explicaciones sin atribuirse las conclusiones de la investigación. Para Moncloa, ese adversario sería más incómodo que uno dispuesto a discutir en abstracto sobre el tamaño del Estado.
El anuncio más convincente de Sánchez fue también el menos electoral
La parte más sólida de la intervención fue el decreto de ayudas que Sánchez anunció para el Consejo de Ministros del martes. El anticipo de las indemnizaciones responde a una necesidad que una familia puede reconocer de inmediato: los gastos llegan antes de que terminen los trámites. Y abrir oficinas en los territorios donde residen los afectados aclara algo tan sencillo como dónde podrán acudir. Ahí el presidente mostró para qué sirve un servicio público sin necesidad de invocar a quien pudiera recortarlo.
A menos de un mes del 29N, recuperar el lenguaje de la campaña tiene una ventaja para el PSOE y al mismo tiempo un enorme problema: devuelve el debate a una cuestión que el partido conoce bien. El coste es mayor si los ciudadanos perciben que se les invita a elegir entre dos modelos antes de explicarles qué ocurrió bajo el actual. El inconveniente, claro, que lo lanza el presidente del Gobierno desde hace ocho años, sin que a lunes haya rodado ni una sola cabeza por responsabilidad política y con un nuevo frente judicial en ciernes por la tragedia.