Sánchez defiende su gestión de la crisis de Ceuta y asegura que preparaba una frontera marítima con Marruecos desde junio

En una entrevista en 'Telecinco', el presidente también aseguró que la inmigración irregular había descendido y defendió la cooperación con los países de origen y tránsito para controlar las llegadas

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El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Jesús Hellín - Europa Press
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Tras el sonado paso de casi todos los candidatos por los micrófonos de Jordi Wild, el presidente del Gobierno fue entrevistado anoche en Telecinco por Carlos Franganillo. Pedro Sánchez defendió la actuación de su Gobierno durante la crisis migratoria de Ceuta y aseguró que el Ejecutivo trabajaba desde junio en la creación de una frontera marítima con Marruecos. De hecho, afirmó que ya se había formalizado la contratación pública de las boyas destinadas a delimitar ese espacio y que el material estaba encargado antes de que se produjera la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma.

Abordó la política migratoria y defendió un modelo basado en la colaboración con los países de origen y tránsito, la lucha contra las mafias y el impulso de vías legales de entrada. Según los datos que ofreció, la inmigración irregular descendió alrededor de un 38% durante el año y las llegadas por la ruta atlántica cayeron más de un 70%.

El jefe del Ejecutivo rechazó la propuesta de enviar a la Armada para frenar las llegadas por mar y la calificó de "populismo barato". Argumentó que, cuando las condiciones de navegación impiden otra actuación, el derecho marítimo obliga a prestar auxilio a las personas que se encuentran en peligro.

El presidente también respondió a las críticas por haber pasado sus vacaciones en Canarias durante la crisis. Afirmó que trabajó durante aquellos días y reivindicó que era el jefe del Ejecutivo que más veces había visitado Ceuta. Además, sostuvo que ningún Gobierno democrático había destinado tantos recursos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como el suyo.

Prometió 100.000 viviendas más en la próxima legislatura

El presidente situó la vivienda como la principal prioridad de su Gobierno y prometió impulsar otras 100.000 viviendas durante la próxima legislatura. También señaló que el objetivo era alcanzar un parque de vivienda protegida equivalente al 6% del total.

Sánchez acusó a los gobiernos autonómicos del PP y Vox de negarse a aplicar la ley estatal de vivienda. La respuesta de estas comunidades al decreto del Ejecutivo, que incluía una prórroga de los alquileres, fue anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que invadía sus competencias.

El jefe del Ejecutivo defendió que su Gobierno había impulsado 120.000 viviendas de protección oficial e insistió en que quería ampliar la oferta de vivienda asequible.

El gasto en mantenimiento ferroviario y la crisis de la línea Madrid-Sevilla

Sánchez defendió la inversión en la red ferroviaria y situó en 700 millones de euros el gasto en mantenimiento que encontró al llegar al Gobierno en 2018, la misma cantidad que en 2011. Según explicó, el Ejecutivo elevó esa partida hasta los 1.100 millones.

En el caso de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, aseveró que la inversión se había multiplicado por veinte. El presidente atribuyó el tiempo necesario para revertir la situación a los recortes acumulados durante los quince años anteriores.

Sánchez asumió la responsabilidad por los casos de Ábalos y los controles internos

Preguntado por la situación de José Luis Ábalos y las críticas dirigidas al ministro Óscar Puente, Sánchez rechazó que ambos casos fueran comparables. Aseguró que Puente no tenía relación con la situación de su antiguo ministro y defendió la actuación de su Gobierno ante los dos episodios.

El presidente afirmó que la respuesta fue actuar de inmediato y que ambos fueron expulsados del partido. También asumió la responsabilidad de mejorar los mecanismos internos de control.

La amnistía y la normalización política en Cataluña

Sánchez defendió la decisión de impulsar la amnistía y resumió su posición con la expresión "Hice de la necesidad virtud". Argumentó que necesitaba garantizar la continuidad del Gobierno y evitar un Ejecutivo de PP y Vox, al tiempo que avanzaba la normalización de la convivencia en Cataluña.

El presidente consideró que ese proceso se había completado y señaló la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat como parte de esa nueva etapa.

El 29 de noviembre, una elección entre "avanzar o involucionar"

De cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, Sánchez planteó la campaña como una elección entre "avanzar o involucionar como sociedad". Defendió la continuidad de las políticas de su Gobierno y advirtió de que un Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo y con Santiago Abascal como vicepresidente supondría, a su juicio, un retroceso.

El presidente reivindicó el crecimiento económico de España por encima de la media europea y defendió las medidas sociales adoptadas durante su mandato. Entre ellas citó la subida del salario mínimo interprofesional, que, según afirmó, beneficiaba a cinco millones de trabajadores, y la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que protegía el poder adquisitivo de 15 millones de personas.

También aseguró que el Gobierno había transferido más de 300.000 millones de euros a las comunidades autónomas durante su mandato para financiar políticas sociales y el sistema de dependencia. En este punto, acusó a los ejecutivos madrileños del PP de privatizar servicios públicos en lugar de reforzarlos.

La transición energética y el impacto de las guerras en los precios

Pedro Sánchez atribuyó parte de la subida de los precios de la energía al impacto de las guerras de Ucrania e Irán. Sostuvo que la transición energética permitió que España estuviera mejor protegida frente a esas crisis y señaló que el Gobierno destinó la mayor parte de sus recursos a amortiguar sus efectos.

El presidente también defendió la respuesta al apagón eléctrico y recordó que el sistema se recuperó en 16 horas. Reivindicó que la política energética española permitió mantener uno de los precios de la electricidad más bajos de Europa y aseguró que el país estaba preparado para evitar que se repitiera un episodio similar.