El Tribunal Supremo ha aclarado este viernes que la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la conocida como ley de nietos también afecta a quienes residen en España. La decisión, adoptada a petición de Vox, obliga a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral (OCE) a impedir que los afectados participen en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aunque estén empadronados en municipios españoles.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una providencia en la que precisa que la medida comprende a 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Hasta ahora, las resoluciones judiciales se habían centrado en el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA), mientras que persistían las dudas sobre su aplicación a quienes viven en territorio nacional.
La nueva resolución exige que estas personas no puedan participar como electores ni a través del CERA ni mediante el Censo Electoral de Residentes en España (CER). La excepción corresponde a quienes acrediten mediante una certificación consular que sus ascendientes sufrieron exilio por motivos políticos u otras causas contempladas en la legislación.
Solo 901 personas han conseguido acreditar los requisitos para votar
La suspensión cautelar contempla una excepción para 901 personas que ya han obtenido la certificación consular exigida por el Supremo. También podrán votar aquellas que consigan presentar ese documento antes de la jornada electoral del 29N.
El origen de la controversia está en la interpretación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que abrió una vía de acceso a la nacionalidad española para descendientes de exiliados. Su aplicación se desarrolló mediante una instrucción administrativa que permitía presumir la condición de exiliado de quienes habían abandonado España entre 1936 y 1955.
Precisamente esa presunción es uno de los aspectos cuestionados en el procedimiento judicial. Los magistrados distinguen entre las personas que acreditaron documentalmente el exilio de sus antepasados y aquellas que obtuvieron la nacionalidad acogiéndose a la interpretación administrativa.
Sin embargo, la suspensión se aplica de manera cautelar al conjunto de afectados, salvo que presenten el certificado requerido. La medida se mantiene mientras continúa el procedimiento judicial sobre la aplicación de la norma.
Vox pidió extender la suspensión al censo de residentes en España
La aclaración del Supremo responde a una petición de Vox, que había solicitado precisar el alcance de las medidas cautelares para evitar que las personas inscritas en el censo ordinario pudieran votar mientras se mantenía bloqueada la participación de los residentes en el extranjero.
Hasta ahora se producía una diferencia entre ciudadanos que habían obtenido la nacionalidad mediante el mismo procedimiento. Mientras los inscritos en el CERA tenían suspendido su derecho al sufragio, quienes residían en España podían conservar la posibilidad de votar al estar incorporados al censo ordinario.
La Abogacía del Estado había advertido de esa desigualdad en sus escritos ante el tribunal. Con la nueva providencia, los magistrados ordenan aplicar la misma suspensión a ambos censos.
Además, el Supremo cuestiona la claridad de la documentación remitida por la Administración para explicar la ejecución de las medidas. En su resolución, considera que los últimos informes de la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral resultan "de difícil comprensión, como atinadamente señala el Ministerio Fiscal".
Una decisión a nueve días de las elecciones generales
La aclaración judicial se produce cuando faltan nueve días para las elecciones generales del 29 de noviembre y obliga a los organismos electorales a aplicar la suspensión tanto a los españoles residentes en el extranjero como a los que viven en territorio nacional.
La Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral deberán garantizar que las personas afectadas no puedan ejercer el sufragio sin la certificación correspondiente, con independencia de dónde residan.
El procedimiento tiene su origen en los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa contra la aplicación electoral de la normativa sobre nacionalidad. El Supremo acordó las primeras medidas cautelares en septiembre y las mantuvo en resoluciones posteriores, antes de precisar ahora su extensión al censo de residentes en España.
La suspensión afecta al ejercicio del voto en estos comicios, mientras que el litigio sobre la interpretación de la ley de nietos continúa pendiente de una resolución definitiva.