El Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo para la formación de un Gobierno en Aragón. El pacto, rubricado por Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, configura un Ejecutivo único con vocación de estabilidad durante toda la legislatura y con un compromiso de aprobación de presupuestos anuales hasta 2030.
El documento articula una hoja de ruta de amplio alcance basada en la reducción de la presión fiscal, la reordenación del sistema de ayudas públicas bajo el principio de prioridad nacional, el refuerzo del control migratorio, una revisión profunda del gasto público y una estrategia de impulso al medio rural, la industria y la vivienda.
Rebaja fiscal
El acuerdo establece una política tributaria expansiva en sentido inverso a la actual tendencia autonómica. Uno de los elementos centrales es la bajada progresiva del IRPF de hasta un punto porcentual para rentas inferiores a 52.500 euros, que comenzará a aplicarse en 2027 y se prolongará durante toda la legislatura.
A esta medida se suma un amplio paquete de deducciones ligadas a la familia y la natalidad, con incentivos de hasta 2.500 euros por nacimiento o adopción, así como beneficios fiscales adicionales para familias con hijos con discapacidad o necesidades educativas específicas.
En paralelo, el texto prevé una reforma profunda de la fiscalidad sobre la vivienda, con bonificaciones de hasta el 99% en Sucesiones y Donaciones para determinados grupos familiares, junto con reducciones del ITP y del AJD para jóvenes, familias numerosas y compradores en el medio rural.
Fiscalidad diferenciada para combatir la despoblación
Uno de los ejes estratégicos del acuerdo es la implantación de una fiscalidad diferenciada en el medio rural, orientada a frenar la pérdida de población y favorecer la actividad económica en zonas despobladas.
Se contemplan tipos reducidos en la compra de vivienda en municipios pequeños, incentivos a la implantación de empresas en entornos rurales y deducciones específicas para el inicio de actividad agraria. El texto incluye además la reducción de tasas públicas, la eliminación de determinados impuestos medioambientales autonómicos y un amplio programa de bonificaciones fiscales para dinamizar el territorio.
Migración: rechazo a los repartos y prioridad nacional en ayudas
El acuerdo fija una posición especialmente contundente en materia migratoria. Ambas formaciones acuerdan el rechazo a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, incluidos menores no acompañados, así como la oposición a las políticas migratorias del Gobierno central.
Se establece un plan de retorno de menores a sus países de origen mediante acuerdos internacionales, junto con la verificación de edad mediante pruebas médicas específicas y la supresión de subvenciones a entidades que faciliten la inmigración irregular.
El documento incorpora además auditorías anuales de todos los gastos vinculados a la inmigración y la publicación periódica de datos de delincuencia asociados a este fenómeno.
"Prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas
Uno de los conceptos más relevantes del acuerdo es la introducción del principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas, que reorganiza el sistema de prestaciones autonómicas.
Este criterio establece que el acceso a ayudas, vivienda pública y prestaciones sociales estará condicionado por el arraigo, la residencia prolongada y la contribución previa al sistema, mientras que las personas en situación administrativa irregular quedarán excluidas de las prestaciones estructurales, limitándose su acceso a supuestos de urgencia vital.
Seguridad, control del padrón y más medios policiales
En materia de seguridad, el acuerdo contempla la creación de un sistema específico de control del padrón para detectar fraudes, así como la implantación de un servicio de verificación de residencia efectiva en coordinación con los municipios.
Se refuerzan también las medidas contra la ocupación ilegal, con la aplicación del desahucio exprés, la exclusión de okupas del acceso a vivienda pública y ayudas, y la puesta en marcha de asistencia jurídica para propietarios afectados.
El plan incluye además el refuerzo de las policías locales, la instalación de sistemas de videovigilancia en zonas rurales y la publicación de estadísticas de delincuencia vinculadas a la inmigración.
Vivienda: más oferta y nuevo sistema de acceso
El pacto prevé la construcción de hasta 7.000 viviendas públicas, dentro de un plan de expansión del parque público de vivienda.
Se introduce un nuevo sistema de adjudicación basado en un registro único de demandantes y en criterios de arraigo y vinculación territorial, junto con avales públicos para facilitar el acceso a hipotecas a jóvenes y familias numerosas.
Medio rural y sector primario: blindaje frente a Bruselas
El medio rural ocupa un lugar central en el acuerdo, que establece un blindaje del sector primario frente a políticas europeas como la Agenda 2030 o el Pacto Verde.
Se refuerzan las ayudas al regadío, la modernización agraria y la defensa de la PAC, junto con medidas de apoyo al pastoreo, la caza y la ganadería extensiva como herramientas de gestión del territorio.
Economía e industria: Aragón como polo tecnológico
El acuerdo impulsa un plan para convertir Aragón en un polo tecnológico e industrial de referencia en Europa, con especial atención a los centros de datos y a proyectos estratégicos como el DAT Alierta.
Se prevé la simplificación administrativa, la implantación del silencio positivo y la atracción de inversiones en sectores como defensa, aeronáutica y semiconductores.
Educación: cambio de modelo y contenidos curriculares
El sistema educativo experimentará una transformación progresiva con la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, la implantación del bachillerato concertado y la gratuidad condicionada de la matrícula universitaria.
Se incorpora la enseñanza de la historia del terrorismo en España, mientras se suprime el programa de lengua árabe y cultura marroquí y se impulsa la reforma del marco lingüístico autonómico, con la supresión del Instituto Aragonés del Catalán y la eliminación de lo que el acuerdo define como "imposición lingüística".
Sanidad: más presupuesto y nuevas infraestructuras
El pacto contempla un aumento del presupuesto sanitario, la reducción de listas de espera mediante colaboración público-privada y la construcción de nuevos centros sanitarios, incluido un nuevo Hospital Royo Villanova.
Se refuerza la salud mental infanto-juvenil, los cuidados paliativos y la atención a mayores, con un incremento de plazas en residencias y centros de día.
Eficiencia del gasto público y reducción de subvenciones
El acuerdo establece una política de auditorías periódicas obligatorias y la reducción de subvenciones a sindicatos, patronales y entidades sin utilidad pública acreditada.
Se impulsa además un plan de digitalización administrativa basado en inteligencia artificial y la eliminación progresiva de ayudas consideradas improductivas.
Vox asumirá la Vicepresidencia primera de desregulación y varias consejerías clave, entre ellas Servicios Sociales y Familia, Agricultura, Ganadería y Alimentación, y Medio Ambiente y Turismo, además de representación institucional en las Cortes y en el Senado.