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La norma que hoy concentra la atribución de competencias a la CNMC como supervisor del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) en España es el Proyecto de Ley 121/000068 sobre gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. Este proyecto está todavía en el Congreso de los Diputados, en fase de presentación de enmiendas, con el plazo prorrogado en numerosas ocasiones y actualmente ampliado hasta el 2 de septiembre de 2026, por lo que no ha pasado aún a ponencia, dictamen definitivo ni al Senado. La Proposición de Ley específica sobre la habilitación legal de la CNMC como coordinador de servicios digitales (122/000272) fue rechazada en la toma en consideración y su tramitación está concluida.

1. Proyecto de Ley 121/000068 (Gobernanza democrática en servicios digitales)

El texto que materialmente otorga a la CNMC el papel de coordinador de servicios digitales en aplicación del DSA forma parte del Proyecto de Ley por la que se modifican diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, con número de expediente 121/000068.

• Autor: Gobierno.
• Tipo: Proyecto de Ley.
• Cámara de inicio: Congreso de los Diputados.
• Publicación inicial del texto: Boletín de las Cortes Generales, Serie A, núm. 66-1, de 29.08.2025 (BOCG A-66-1).
• Comisión competente: Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, con competencia legislativa plena, según acuerdo de la Mesa recogido en el propio boletín.

En la exposición de motivos del proyecto (puede verse en el citado texto publicado) se explica la necesidad de adaptar el ordenamiento interno al Reglamento (UE) 2022/2065 (DSA) y al Reglamento europeo sobre medios, y se detalla que:

• Se modifican la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información, para alinearla con el DSA y establecer el régimen sancionador.
• Se modifica la Ley 3/2013, de creación de la CNMC, para designarla como coordinador de servicios digitales y autoridad competente frente a la mayoría de obligaciones del DSA, dotándola de facultades de investigación y sanción.
• Se atribuyen a la Agencia Española de Protección de Datos las competencias ligadas a las obligaciones del DSA sobre tratamientos de datos (por ejemplo, publicidad basada en categorías especiales o perfilado de menores).

De ahí que, de facto, sea este proyecto el que configura el papel de la CNMC como supervisor nacional del DSA.

2. Estado actual del trámite del Proyecto de Ley 121/000068

Según la tramitación parlamentaria disponible para el proceso 121/000068:

• Registro en el Congreso: 30.07.2025.
• Publicación en el BOCG y apertura de enmiendas: 29.08.2025, con un primer plazo de 15 días hábiles.
• Situación actual: el plazo de enmiendas se ha ampliado 35 veces, y está prorrogado hasta el 2 de septiembre de 2026.
• Se han celebrado varios debates informativos en Comisión (11.12.2025, 23.01.2026 y 30.04.2026) sin votaciones ni cierre de enmiendas.

En términos formales, el proyecto permanece en la fase de enmiendas en el Congreso y no ha pasado aún a:

• Discusión y aprobación de un informe de ponencia.
• Aprobación de dictamen definitivo en Comisión.
• Debate final (en su caso) en Pleno.
• Remisión al Senado.

En paralelo, el recorrido gubernamental previo (anteproyecto, audiencia e informes) se recoge en varias referencias oficiales del Ejecutivo: aprobación del anteproyecto y tramitación urgente por el Consejo de Ministros (acuerdo de 25.02.2025), audiencia pública sectorial (audiencia pública), solicitud de dictamen urgente al Consejo de Estado (acuerdo de 15.07.2025) y aprobación del Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros el 29.07.2025 (referencia del Consejo).

3. Proposición de Ley específica sobre la CNMC (122/000272), ya rechazada

Existe además la Proposición de Ley sobre la habilitación legal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como coordinador de servicios digitales en España, expediente 122/000272, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Su texto puede consultarse en el Boletín de las Cortes (BOCG B-319-1) y el acuerdo de publicación del rechazo en BOCG B-319-2.

La tramitación fue muy breve:

• Publicación y admisión: 07.04.2026.
• Toma en consideración en Pleno: votación el 14.04.2026, con 163 votos a favor, 174 en contra y 8 abstenciones; la toma en consideración fue rechazada.
• Conclusión: el 14.04.2026 se dio por concluida la tramitación y el 20.04.2026 se publicó el texto de rechazo.

Por tanto, esta vía parlamentaria específica para habilitar a la CNMC ya está cerrada y no continúa su curso.

4. Situación práctica hoy

En síntesis, a día de hoy:

• No existe aún una ley aprobada y publicada en el BOE que designe definitivamente a la CNMC como coordinador de servicios digitales y supervisor del DSA.
• El contenido normativo que lo hace está en el Proyecto de Ley 121/000068, todavía en la fase de enmiendas en el Congreso, con tramitación muy prolongada.
• La Proposición de Ley 122/000272, centrada monográficamente en esa habilitación, fue rechazada en la toma en consideración y está archivada.

Hasta que el Proyecto de Ley 121/000068 no supere el trámite de enmiendas, sea aprobado por Comisión (y, en su caso, Pleno), remitido al Senado y finalmente publicado como ley, la atribución plena y detallada de competencias a la CNMC como supervisor del DSA seguirá pendiente de culminación legislativa.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, la finlandesa Henna Virkkunen, dirige la gran cartera digital y de seguridad del nuevo Colegio de Comisarios (mandato 2024‑2029). Según el comunicado de Ursula von der Leyen, es responsable de la cartera de tecnologías digitales y de vanguardia y de los aspectos internos y externos de la seguridad, además de reforzar los cimientos democráticos de la UE, incluido el Estado de derecho. En la práctica, coordina la estrategia europea en semiconductores, nube, inteligencia artificial, ciberseguridad y protección de la democracia frente a injerencias y desinformación. Sus funciones combinan poder regulatorio, impulso industrial y coordinación política con otros comisarios y Estados miembros.

Marco institucional del cargo

En el comunicado de von der Leyen sobre el nuevo Colegio se precisa que Henna Virkkunen será vicepresidenta ejecutiva de Soberanía tecnológica, seguridad y democracia y que “también será responsable de la cartera de tecnologías digitales y de vanguardia”. La presidenta le encarga ocuparse de:

• La seguridad interna y externa vinculada al ámbito digital.
• Fortalecer los cimientos de la democracia europea, incluido el Estado de derecho, y protegerlos “allí donde sean atacados”.
• Coordinar a otros comisarios cuyas competencias afectan a seguridad, economía digital o libertades públicas.

El perfil biográfico institucional puede verse en la ficha de la Comisión en inglés (Henna Virkkunen) y en la entrada de Wikipedia, donde se recoge su trayectoria previa como eurodiputada finlandesa.

Funciones en soberanía tecnológica

Virkkunen lidera el Paquete de Soberanía Tecnológica, que la Comisión presenta como el gran marco para reforzar la autonomía digital de la UE en semiconductores, inteligencia artificial, nube y código abierto. Las notas de prensa de la Comisión describen este paquete como un “conjunto de medidas para reforzar la capacidad de Europa” en esos ámbitos (nota de prensa, versión en español en la Representación en España, con más detalle en el documento de preguntas y respuestas).

Este liderazgo se traduce en funciones muy concretas:

• Impulsar la revisión de la Ley Europea de Chips “CHIPS 2.0” y los instrumentos para asegurar el suministro de semiconductores, según detalla el periódico Demócrata en este análisis y en el reportaje sobre contratos y financiación para empresas tecnológicas orientadas a la soberanía europea (artículo).
• Desarrollar la Ley para el Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial y la estrategia europea de código abierto, piezas centrales del paquete según la cobertura de Demócrata y de otras administraciones como Portugal (digital.gov.pt) o el Gobierno Vasco (nota de prensa).
• Supervisar la ejecución de la Década Digital 2030 y el despliegue de infraestructuras de datos y centros de datos soberanos, según resumen análisis sectoriales como los de Adigital o el documento de la Fundación Galicia Europa.

En el plano mediático y de opinión, medios como Demócrata (nube y dependencia exterior) o análisis de think tanks como el Real Instituto Elcano (prioridades digitales 2024‑2029) subrayan que su misión central es reducir las dependencias críticas de proveedores no europeos y consolidar una “pila tecnológica europea”.

Funciones en seguridad y ciberseguridad

Como parte del mismo portafolio, Virkkunen asume una función transversal en seguridad económica y ciberseguridad:

• Dirige la reforma de la Ley Europea de Ciberseguridad y el marco 5G para reducir riesgos de proveedores considerados de alto riesgo (Huawei, ZTE), tal y como detalla Demócrata en sus piezas sobre la ofensiva europea frente a estas compañías (revisión regulatoria, ofensiva contra Huawei, posición de España, alerta sobre injerencia y reacción de la empresa en otro artículo).
• Es la cara política del Plan de Acción de la UE sobre Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, donde la Representación en España de la Comisión (resumen) y la nota de prensa central (plan de acción) destacan su mensaje de que “la IA está transformando el concepto de ciberseguridad”.
• Coordina las piezas normativas NIS2, Cyber Resilience Act, DORA y el Reglamento de Cibersolidaridad, que estructuran la respuesta europea frente a ciberataques a infraestructuras críticas, un ámbito que Demócrata sigue de cerca en artículos como “Bruselas blinda su ciberseguridad” o plan frente a riesgos de la IA.

Funciones en democracia, Estado de derecho y espacio informativo

El tercer pilar de su cargo es la protección de la democracia europea. Según el mandato descrito por von der Leyen, Virkkunen debe “fortalecer los cimientos de nuestra democracia, como el Estado de derecho, y protegerlo allí donde sea atacado” (discurso). Esto incluye:

• Supervisar y coordinar la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), que regulan las grandes plataformas, tal y como recuerdan análisis sectoriales y mediáticos en España (cobertura de Demócrata, análisis en la prensa económica, piezas sobre Google y Android en esta noticia y esta otra).
• Impulsar el llamado “Escudo Democrático” frente a la desinformación y la manipulación extranjera, incluyendo la creación de centros de coordinación y alertas, descritos por Demócrata en esta pieza sobre injerencias externas.
• Vigilar que el uso de la inteligencia artificial y los datos respete los valores europeos, un aspecto sobre el que han informado medios especializados como Audiovisual451 y análisis políticos en Euronews o Swissinfo.

Otras referencias y contexto político

El peso de esta vicepresidencia ejecutiva en la nueva arquitectura comunitaria se describe también en:

• La nota del Gobierno Vasco sobre el reparto de carteras y estructura de la Comisión (resumen).
• Análisis mediáticos generales como los de El Mundo o artículos de opinión y geopolítica tecnológica en plataformas como FIDE.
• Referencias más amplias al contexto político europeo recogidas por Demócrata en numerosas crónicas europeas e internacionales (por ejemplo, sobre política de defensa tecnológica, industria digital o ciberseguridad, entre otras, en esta pieza y en su cobertura de ciberseguridad y 5G: [enlace], [enlace], [enlace], [enlace]).

En conjunto, la vicepresidencia ejecutiva de Henna Virkkunen concentra el núcleo de poder sobre la agenda digital, la seguridad tecnológica y la defensa de la democracia en la Comisión Europea 2024‑2029, con fuerte proyección regulatoria y geopolítica.

Según la información disponible en las fuentes españolas consultadas, el Reglamento (UE) 2022/2065 de servicios digitales (DSA) establece obligaciones reforzadas para las plataformas en línea y servicios designados como de muy gran tamaño, pero las fuentes no reproducen el detalle artículo por artículo. Sí permiten, no obstante, identificar la lógica general: estas plataformas deben analizar periódicamente los riesgos que generan sus servicios (especialmente para menores y en materia de contenidos dañinos) y adoptar medidas técnicas, organizativas y sancionables para mitigarlos, bajo la supervisión de una autoridad coordinadora nacional —en el caso español, la CNMC— dotada de competencias inspectoras y sancionadoras específicas.

Contexto general: DSA y autoridad coordinadora en España

La Proposición no de Ley del Grupo Popular en el Congreso sobre la Digital Services Act, publicada el 25 de octubre de 2024 (identificador 162/000341), recuerda que el Reglamento (UE) 2022/2065:

• Obliga a los Estados miembros a designar una autoridad coordinadora de servicios digitales, con independencia frente a influencias externas y autonomía presupuestaria suficiente.
• En España, el Gobierno designó a la CNMC como coordinador de servicios digitales el 24 de enero de 2024.
• Sin embargo, según la propia Proposición no de Ley, los estatutos vigentes de la CNMC aún no recogen las competencias necesarias para aplicar y supervisar la DSA, ni para imponer sanciones adecuadas a las infracciones cometidas por los grandes actores digitales.

Este contexto es clave: todo el régimen de gestión de riesgos sistémicos de las plataformas de muy gran tamaño en la DSA descansa en que la autoridad coordinadora pueda exigir evaluaciones de riesgo, revisar las medidas de mitigación y, en caso de incumplimiento, investigar y sancionar. La PNL denuncia que, en España, esa adaptación normativa interna todavía está pendiente y que la UE ha planteado incluso un apercibimiento de sanción al Gobierno por no haber concluido esta transposición funcional.

Riesgos para menores, verificación de edad y etiquetado de contenidos

Aunque las fuentes disponibles no desarrollan el listado completo de “riesgos sistémicos” previsto en la DSA, sí señalan uno de los ejes que afecta de forma directa a las plataformas de muy gran tamaño: la protección de menores frente a contenidos dañinos.

La Proposición no de Ley subraya que uno de los aspectos “más relevantes” de la DSA es la obligatoriedad, para plataformas y generadores de contenidos, de:

• Establecer sistemas de verificación de edad eficaces.
• Implantar mecanismos de etiquetado de contenidos que permitan distinguir y gestionar mejor los riesgos para menores.

La propia exposición de motivos vincula estos requisitos con la necesidad de que la CNMC tenga capacidad real para inspeccionar y sancionar a las plataformas, incidiendo en ejemplos como:

• Difusión de deepfakes o suplantaciones de identidad.
• Delitos contra menores en Internet.
• Contenidos que puedan producir daños psicológicos o emocionales, conductas peligrosas o adicciones en menores.

Desde la óptica de la DSA, este tipo de fenómenos se consideran precisamente “riesgos significativos” derivados del funcionamiento de las plataformas, frente a los que las de muy gran tamaño deben adoptar medidas estructurales (cambios en diseño de servicios, sistemas de recomendación, moderación de contenidos, etc.).

Evaluación y mitigación de riesgos: lo que reflejan las fuentes españolas

Las fuentes españolas no detallan el contenido de los artículos específicos del DSA sobre plataformas de muy gran tamaño (ni recogen de manera textual los requisitos de evaluación anual de riesgos, auditorías independientes o acceso a datos), pero sí permiten extraer algunos elementos esenciales:

• La DSA configura un marco europeo de obligado cumplimiento, que ya podría estar siendo aplicado por la autoridad coordinadora si esta tuviera plenamente adaptados sus estatutos y competencias.
• La ausencia de esa adaptación normativa interna deja “sin herramientas de inspección y sanción” a la CNMC frente a problemas derivados de contenidos de terceros en plataformas y redes sociales, lo que va en contra del espíritu de la DSA de abordar los riesgos sistémicos de manera proactiva.
• El propio Gobierno ha aprobado un Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, cuyas medidas “ya se contemplan en la DSA y podrían estar aplicándose a través de este organismo regulador”, lo que confirma que la lógica de la DSA pasa por exigir a las grandes plataformas un rediseño de sus sistemas para mitigar riesgos estructurales.

Límites de la información disponible

Con la documentación manejada (fundamentalmente la Proposición no de Ley sobre la CNMC y referencias generales al Reglamento 2022/2065), no se dispone del detalle exhaustivo de todos los requisitos concretos que la DSA impone a las plataformas de muy gran tamaño en materia de identificación, evaluación y mitigación de riesgos sistémicos (por ejemplo, la redacción precisa de las obligaciones de evaluación anual, auditoría independiente o acceso a datos para supervisores e investigadores).

Para un análisis jurídico completo y literal de esos artículos sería necesario acudir directamente al texto del Reglamento (UE) 2022/2065 publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, que no está reproducido ni desglosado en las fuentes nacionales consultadas. No se dispone de más información en las fuentes consultadas.