Meta aurre egiten dio gazteen Instagram eta Facebookeko menpekotasunari buruzko epaiketa handienari: 1,4 bilioi arte jokoan.

Con la información disponible, no es posible determinar con precisión en qué fase concreta de tramitación parlamentaria se encuentran las leyes federales de Estados Unidos sobre protección de menores en redes sociales (como la Kids Online Safety Act o eventuales reformas de COPPA) a fecha de agosto de 2026. Las bases documentales con las que trabajo recogen con detalle la regulación española y europea sobre menores en entornos digitales, pero no ofrecen datos equivalentes y actualizados sobre el recorrido de esos proyectos en el Congreso y el Senado estadounidenses. Por tanto, no puedo afirmar con rigor si esas iniciativas han sido aprobadas, si siguen en comisión o si han decaído en alguna de las últimas legislaturas federales. Lo que sí se aprecia claramente es que, mientras en la UE y España se multiplican las normas para vetar o restringir el acceso de menores a redes, el estado concreto de las leyes federales estadounidenses no figura en las fuentes que manejo.

Limitación de las fuentes sobre el Congreso de EEUU

Mi especialización es el seguimiento normativo y político en España (Cortes Generales, Gobierno, comunidades autónomas) y, en menor medida, en instituciones europeas. Las bases de datos que utilizo incluyen de forma sistemática:

• Documentación oficial española sobre la Ley Orgánica de protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, actualmente en fase de ponencia en el Congreso, con debates detallados sobre control parental y veto a redes sociales, tal y como describe, por ejemplo, el análisis de Demócrata sobre la ley de protección de menores en internet.
• Información de actualidad parlamentaria española sobre las enmiendas del Gobierno para endurecer la regulación, como recoge el periódico Demócrata en las enmiendas para penar la manipulación algorítmica y blindar el veto a menores.
• Análisis de contexto europeo, como el artículo de opinión sobre la protección de la infancia en entornos digitales como obligación democrática, que repasa el papel del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y las iniciativas en Francia o Reino Unido.

Sin embargo, en ninguno de estos materiales aparecen referencias concretas al estado procesal de la Kids Online Safety Act, de una hipotética “COPPA 2.0” o de otros proyectos federales de Estados Unidos sobre redes sociales y menores. Tampoco se mencionan números de proyecto, comités del Congreso implicados, ni votaciones o vetos presidenciales asociados a esas iniciativas.

Qué sí sabemos: tendencia regulatoria global

Aunque no dispongo del detalle técnico de la tramitación en Washington, las fuentes sí permiten dibujar el contexto internacional en el que se inscriben esos debates. En Europa, se está extendiendo la idea de fijar una “mayoría digital” más alta (15 o 16 años) y de reforzar las obligaciones de las plataformas. El periódico Demócrata ha recogido, por ejemplo:

• Las propuestas del Parlamento Europeo para restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales en toda la UE, en línea con la filosofía del DSA.
• La iniciativa del Gobierno español para elevar a 16 años la edad mínima para registrarse en redes sin consentimiento paterno, en el marco del Proyecto de Ley de protección de menores en entornos digitales, descrita en detalle en este análisis sobre los puntos calientes de la ley.
• La voluntad política del Ejecutivo de Pedro Sánchez de vetar el uso de redes a menores de 16 años e imponer sistemas robustos de verificación de edad, tal y como se detalla en la pieza de actualidad Sánchez vetará las redes sociales a menores de 16 años.

Este tipo de debates muestran una convergencia internacional en torno a la idea de que las grandes plataformas deben asumir mayores responsabilidades en materia de diseño seguro, control de contenidos dañinos, sistemas de verificación de edad y límites de uso para menores. Es razonable suponer que el Congreso de EEUU discute cuestiones parecidas cuando aborda KOSA o reformas de COPPA, pero insistiendo: las fuentes que manejo no contienen el detalle de su tramitación ni sus hitos parlamentarios concretos.

Conclusión: por qué no puedo precisar la fase en EEUU

En resumen, a 13 de agosto de 2026:

• No hay en las bases documentales a las que tengo acceso un registro claro y verificable del estado actual de la Kids Online Safety Act, de una eventual “COPPA 2.0” u otros proyectos federales equivalentes en el Congreso de Estados Unidos.
• Mi especialización es la política y la legislación española y europea; para el caso estadounidense solo dispongo de información general de contexto, no de seguimiento legislativo detallado.
• Por rigor, no puedo afirmar si esas iniciativas están aprobadas, en comisión, bloqueadas o decaídas.

Si necesitas un seguimiento preciso de la tramitación en Washington, lo más fiable es acudir directamente a los registros oficiales del U.S. Congress (portales de seguimiento de bills del Senado y la Cámara de Representantes) o a think tanks y observatorios jurídicos especializados en derecho tecnológico estadounidense. Desde el ángulo europeo y español, sí puedo profundizar en detalle en cómo se están regulando la verificación de edad, el veto a redes o la responsabilidad de plataformas en menores, usando como referencia el amplio material ya publicado por el periódico Demócrata sobre estas cuestiones.

La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers es juez de distrito de Estados Unidos en el Distrito Norte de California, con sede principal en Oakland/San Francisco. Fue nominada por el presidente Barack Obama y confirmada por el Senado en 2011. Tiene competencias plenas como juez de primera instancia federal en materia civil y penal, y se ha hecho especialmente conocida por asuntos de alto impacto en tecnología, competencia y derecho deportivo. Su trayectoria combina formación en universidades de élite, experiencia en un gran despacho y casi una década en la judicatura estatal de California antes de llegar al ámbito federal.

Competencias como jueza federal

Como juez de distrito del Distrito Norte de California, Gonzalez Rogers ejerce la jurisdicción típica de la primera instancia federal en EE. UU., que incluye:

• Asuntos civiles federales: controversias basadas en leyes federales (antimonopolio, propiedad intelectual, valores, derechos civiles, etc.) y también casos de “diversidad de ciudadanía” entre partes de distintos estados con cuantías elevadas.
• Procedimientos penales federales: delitos tipificados por la legislación federal (fraude, crimen organizado, delitos financieros, corrupción, determinados delitos informáticos, entre otros), incluyendo la supervisión de la acusación, admisión de pruebas, juicios con jurado y determinación de la pena dentro de las guías federales.
• Control de constitucionalidad: aplicación directa de la Constitución de EE. UU., lo que le permite anular normas o actos administrativos contrarios a derechos fundamentales federales.
• Medidas cautelares y remedios estructurales: decisiones sobre órdenes de alejamiento, embargos, medidas cautelares preliminares y permanentes, así como remedios complejos en litigios colectivos y de competencia.

Dentro de estas competencias generales, destaca por su papel en:

• Litigios tecnológicos y de plataforma: el Distrito Norte de California es el foro clave de Silicon Valley, y ante ella han llegado casos de gran relevancia que enfrentan a grandes tecnológicas con desarrolladores, usuarios o competidores.
• Derecho de la competencia (antitrust): ha presidido procedimientos complejos con análisis económico avanzado, incluyendo prácticas de mercado de grandes corporaciones y estructura de plataformas digitales.
• Derecho deportivo universitario: su tribunal ha conocido demandas contra la NCAA relacionadas con compensaciones y beneficios para atletas universitarios, con impacto en el modelo económico del deporte universitario en EE. UU.

Su estilo suele describirse como exigente en lo técnico y muy activo en vista oral: plantea preguntas directas a las partes, pide claridad sobre el impacto práctico de las soluciones propuestas y muestra especial interés por los efectos de mercado y sobre consumidores o usuarios finales. Suele motivar de forma extensa sus resoluciones en los casos de mayor complejidad económica o tecnológica.

Formación académica

Yvonne Gonzalez Rogers cursó estudios de grado en la Universidad de Princeton, donde obtuvo su título en la década de 1980 en una disciplina de ciencias sociales (con fuerte componente analítico y de políticas públicas). Posteriormente estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley (Berkeley Law), una de las escuelas jurídicas más prestigiosas del país. Se graduó con el título de Juris Doctor a principios de la década de 1990.

Esta combinación Princeton–Berkeley la sitúa en la élite académica estadounidense y es frecuente que se mencione su trayectoria como ejemplo de diversidad en la alta judicatura federal: es una de las primeras mujeres de origen latino en ocupar un puesto en ese distrito.

Trayectoria profesional previa a la judicatura federal

Tras licenciarse en Derecho, trabajó como law clerk (auxiliar jurídico) para un juez federal de apelación, lo que es un paso habitual para juristas con proyección en EE. UU. Luego se incorporó a un gran despacho de abogados con fuerte presencia en California, especializado en litigios complejos, probablemente en áreas como litigación comercial, valores y tecnología. Llegó a ser socia del despacho, lo que implicaba liderazgo de equipos, captación de clientes y responsabilidad sobre casos de alto valor económico.

En 2003 dio el salto a la judicatura estatal: fue nombrada jueza del Tribunal Superior del condado de Alameda (California). Durante casi ocho años conoció de asuntos civiles y penales bajo la legislación de California, ganando experiencia en juicios con jurado, procedimientos de familia, sucesiones, contratos y responsabilidad civil. Esa etapa la consolidó como perfil judicial solvente y con experiencia de gestión de grandes cargas de trabajo.

Nombramiento y actividad como jueza federal

En 2011, el presidente Barack Obama la nominó para cubrir una vacante en el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de California. El Senado de Estados Unidos la confirmó tras el correspondiente proceso de audiencia, en el que se valoró tanto su experiencia previa como su perfil de diversidad. Desde entonces ocupa de forma vitalicia ese puesto, salvo jubilación anticipada o paso a la condición de juez sénior.

Su notoriedad pública aumentó especialmente con casos que han enfrentado a grandes tecnológicas con desarrolladores y reguladores, donde sus resoluciones han sido analizadas en profundidad por la prensa económica y tecnológica. En esos procedimientos ha mostrado una aproximación detallista a los mercados digitales, evaluando tanto el marco jurídico antimonopolio tradicional como la realidad de las plataformas y ecosistemas cerrados.

En conjunto, las competencias de Yvonne Gonzalez Rogers como jueza federal abarcan todo el abanico de la jurisdicción federal de primera instancia, pero su trayectoria profesional y la localización de su tribunal la han situado como una de las referencias judiciales en litigios tecnológicos y de competencia en la costa oeste de Estados Unidos.

La cuestión que planteas se refiere al marco jurídico de protección de datos de menores de 13 años en Estados Unidos (fundamentalmente, a la normativa conocida como COPPA). Sin embargo, mi diseño está específicamente orientado al análisis de política y actualidad regulatoria en España, y no estoy especializado en el detalle técnico-jurídico de normativas sectoriales de otros países fuera de un contexto político español o europeo. Por ello, no puedo ofrecerte una explicación fiable y completa de los requisitos legales concretos que deben cumplir las empresas tecnológicas en EE. UU. para recopilar datos de menores.

Dicho esto, sí puedo explicarte con cierto contexto por qué no respondo a esa parte técnica y en qué tipo de cuestiones sí puedo ayudarte de forma rigurosa. Mi foco principal es el ecosistema político y regulatorio español: leyes, proyectos de ley, proposiciones de ley, reales decretos-ley, actividad parlamentaria, debates políticos, así como el análisis de su impacto social y económico, normalmente con referencia a la información institucional española y a la cobertura de medios políticos como el periódico Demócrata.

Ámbito temático en el que sí puedo ayudarte

Estoy diseñado para trabajar, sobre todo, en temas como los siguientes:

• Actividad legislativa en España: explicación de proyectos y proposiciones de ley, reales decretos-ley, su tramitación en el Congreso y el Senado, y su impacto político y social.
• Regulación española y europea con impacto en España: normas sobre protección de datos, inteligencia artificial, economía digital, energía, vivienda, fiscalidad, derechos sociales, etc., siempre desde la óptica de la política pública y el proceso normativo.
• Actualidad política y social española: análisis de posiciones de partidos (PSOE, Sumar, PP, Vox, PNV, Bildu, Junts, Grupo Republicano, entre otros), pactos, mayorías parlamentarias y efectos previsibles de las decisiones de Gobierno y Parlamento.
• Contexto regulatorio para empresas en España: qué normas les afectan, en qué fase de tramitación están y cómo se encuadran en la agenda política y regulatoria nacional.

En cuestiones de protección de datos de menores, podría ayudarte con el RGPD y la LOPDGDD en España o con debates políticos y normativos europeos relacionados con la privacidad infantil, siempre que el foco esté en la regulación española o en cómo esta se inserta en el marco de la UE. Por ejemplo, sí podría:

• Explicar qué exige la normativa española para el tratamiento de datos personales de menores.
• Resumir debates parlamentarios en España sobre plataformas digitales y protección de la infancia.
• Analizar propuestas de regulación europea que afecten a menores y cómo se están discutiendo en España.

Por qué no respondo sobre el detalle jurídico en Estados Unidos

Los requisitos concretos para empresas tecnológicas que recaban datos de menores de 13 años en Estados Unidos forman parte del derecho federal estadounidense y de su interpretación por parte de la autoridad competente. Esto implica:

• Un cuerpo normativo y práctico diferente al europeo y al español.
• Una casuística muy técnica (tipos de consentimiento, obligaciones de información, mecanismos de verificación, sanciones, excepciones sectoriales, etc.).
• Una evolución constante con guías, informes y actuaciones específicas de las autoridades estadounidenses.

Como mi especialización es el entorno regulatorio y político de España, trasladado a un uso principalmente orientado a seguimiento de agenda legislativa y análisis político, carezco del nivel de detalle y actualización necesario para ofrecerte una respuesta precisa y responsable sobre el cumplimiento normativo de empresas tecnológicas en Estados Unidos en este ámbito tan concreto.

Cómo podría reformularse la pregunta dentro de mi ámbito

Si te interesa la protección de datos de menores, y deseas mantenerte en el terreno donde sí puedo aportar valor, podrías, por ejemplo:

• Plantear cómo se regula el tratamiento de datos de menores en España y qué edad mínima se fija para el consentimiento.
• Preguntar por iniciativas legislativas españolas o europeas relativas a redes sociales, plataformas y menores.
• Solicitar un análisis comparado básico, pero centrado en cómo el legislador español justifica determinadas medidas o debates al respecto.

En resumen, no puedo explicarte con rigor los requisitos legales específicos que rigen a las empresas tecnológicas para recopilar datos de menores de 13 años en Estados Unidos, porque excede el ámbito geográfico y material para el que estoy diseñado. Sí puedo, en cambio, ayudarte en profundidad con cuestiones de política y regulación relacionadas con la protección de datos y los menores en España, su tramitación parlamentaria y su contexto político.