123.000 hektarea kiskalituta eta 0 Estatu itun suaren aurka: Espainian suaren aurka gelditzeko proposamenak

En este momento no existe todavía un “gran pacto político” o pacto de Estado sobre la emergencia climática convertido en una ley o acuerdo formal de Cortes. Lo que hay es, por un lado, una propuesta y hoja de ruta del Gobierno aprobada en Consejo de Ministros, y por otro, varias iniciativas parlamentarias de apoyo político al pacto, algunas ya aprobadas (como declaración política) y otras aún en trámite o incluso rechazadas en el Senado. Además, un proyecto de ley sobre daños por fenómenos meteorológicos extremos incorpora expresamente el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática como marco de referencia, pero no regula el pacto en sí. El proceso, por tanto, está en fase de construcción política y de encaje en iniciativas sectoriales, sin que se haya culminado aún en un texto de pacto de Estado cerrado y suscrito por todos los grandes partidos.

1. Impulso gubernamental: hoja de ruta del pacto

En el plano del Ejecutivo, el Consejo de Ministros aprobó el “informe sobre la propuesta del Gobierno para el pacto de Estado frente a la emergencia climática y su hoja de ruta” el 1 de septiembre de 2025. Esto sitúa el pacto en un estadio de propuesta gubernamental, con vocación de ser negociada con partidos, comunidades autónomas y otros actores, pero no implica por sí mismo un pacto ya suscrito ni una norma vigente.

Esta hoja de ruta es precisamente la que las iniciativas del Congreso citan como base para articular el diálogo parlamentario y abrir una eventual subcomisión específica.

2. Iniciativas en el Congreso de los Diputados

2.1. Declaraciones y proposiciones no de ley

En la XV Legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista ha impulsado varias proposiciones no de ley (PNL) ligadas a este gran pacto:

• PNL “a favor del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática con la participación de las comunidades autónomas” (161/002516): se aprobó y su tramitación figura como concluida, con publicación del texto aprobado el 29 de octubre de 2025, según el Boletín del Congreso. Es una declaración política que reconoce la situación de emergencia climática y respalda el pacto, pero no tiene carácter normativo vinculante.
• PNL “relativa a la necesidad de alcanzar un gran Pacto de Estado frente a la emergencia climática entre todas las administraciones, actores políticos y la sociedad civil” (161/002423): figura en estado de Pendiente (publicación de la iniciativa) desde el 16 de septiembre de 2025, según el Boletín del Congreso. Su texto subraya que el Congreso manifiesta un “claro e inequívoco compromiso” por ese gran pacto y plantea continuar el proceso dentro de una subcomisión parlamentaria, pero no consta en las fuentes que esa subcomisión se haya constituido aún.
• Existe además otra iniciativa con el mismo objeto, registrada como 162/000572, también “relativa a la necesidad de alcanzar un gran Pacto de Estado…”, en estado Pendiente (calificación y admisión a trámite) desde el 12 de septiembre de 2025, según el Boletín del Congreso. Refuerza el discurso de urgencia climática y la necesidad de una política de Estado sostenida en el tiempo.

Estas PNL reflejan un amplio discurso pro‑pacto en el Congreso, pero son instrumentos de impulso político y control, no el pacto en sí. No se dispone de más información en las fuentes sobre que se haya articulado todavía un órgano estable (como la subcomisión propuesta) ni un texto cerrado de compromisos suscrito por todos los grupos.

2.2. Proyecto de ley sobre fenómenos extremos

El Proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, procedente del Real Decreto‑ley 5/2026, menciona expresamente que “el Gobierno de España ha puesto en marcha el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática”. La iniciativa (expediente 121/000089) se tramita por el procedimiento de urgencia y el plazo de enmiendas al articulado está ampliado hasta el 2 de septiembre de 2026, según la ficha de la iniciativa en el Congreso de los Diputados y su publicación inicial en el Boletín oficial.

Este proyecto se centra en medidas de protección civil y reparación de daños por eventos climáticos extremos; el pacto aparece como marco político general, no como contenido regulado. Por tanto, su aprobación, cuando se produzca, contribuirá al despliegue de políticas ligadas a la emergencia climática, pero no equivaldrá por sí misma a la firma de un pacto de Estado entre partidos.

3. Tramitación en el Senado

En el Senado se debatió la Moción relativa al impulso del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática con la participación de las comunidades autónomas (iniciativa 661/001424) del Grupo Socialista. Según el Boletín del Senado, la moción fue rechazada y su tramitación quedó concluida, con publicación del texto de rechazo el 3 de octubre de 2025.

Este rechazo en la Cámara Alta evidencia que, a día de hoy, no hay un consenso interpartidista consolidado sobre la fórmula concreta del pacto ni sobre cómo implicar a las comunidades autónomas, lo que dificulta elevarlo al rango de verdadero pacto de Estado.

4. Situación política de conjunto

En síntesis, el “gran pacto” está en una fase híbrida:

• El Gobierno ha definido una propuesta y una hoja de ruta política.
• El Congreso ha aprobado al menos una PNL de apoyo y tramita otras que reclaman un gran pacto y la creación de una subcomisión, sin constar que esta se haya materializado.
• El Senado ha rechazado una moción de impulso, reflejando divisiones entre grupos.
• Leyes sectoriales, como la que tramita el Congreso sobre fenómenos meteorológicos adversos, empiezan a incorporar el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática como referencia, pero sin traducirlo todavía en un cuerpo único de compromisos de Estado.

Mientras no exista un acuerdo formal suscrito por los principales partidos y, previsiblemente, refrendado mediante una resolución conjunta de Cortes Generales o un texto normativo específico, puede decirse que el pacto de Estado sobre emergencia climática en España está en construcción, con avances en el plano declarativo y en la acción de gobierno, pero aún sin culminar en un instrumento político y parlamentario plenamente cerrado.

En el ordenamiento español, la competencia formal para declarar una “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” corresponde al Gobierno en su conjunto, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, no al presidente del Gobierno a título individual. El presidente interviene como jefe del Ejecutivo y presidente del Consejo de Ministros, impulsando políticamente la decisión, ordenando su tramitación y presidiendo la sesión en la que se adopta el acuerdo. La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil atribuye al Gobierno la facultad de hacer la declaración y al ministro del Interior la de proponerla junto con Hacienda y otros ministerios afectados. En la práctica, por tanto, el presidente del Gobierno no declara unilateralmente la zona, sino que dirige y articula políticamente el proceso de decisión del Consejo de Ministros.

Marco normativo básico

La figura de la “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” se regula en la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta ley sustituyó a la antigua denominación de “zona catastrófica” y establece:

• Quién declara: la zona se declara “por acuerdo de Consejo de Ministros”.
• Propuesta: a propuesta de los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior, y, en su caso, de otros ministerios concernidos.
• Contenido mínimo: el acuerdo debe incluir la delimitación del área afectada.
• Solicitud: la declaración puede ser solicitada por las Administraciones públicas interesadas (comunidades autónomas, entidades locales, etc.).
• Criterios: se valoran daños personales o materiales que perturben gravemente las condiciones de vida o paralicen servicios públicos esenciales.

Además, la propia Ley 17/2015, en su catálogo de competencias, incluye expresamente entre las “competencias del Gobierno en materia de protección civil” la de “declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”. Es decir, jurídicamente la titularidad es del órgano colegiado Gobierno, no de su presidente individualmente.

Papel del Consejo de Ministros frente al presidente

El Consejo de Ministros es el órgano que adopta el acuerdo que declara la zona y, al mismo tiempo, define el paquete de medidas que se activarán: ayudas a particulares, compensaciones a corporaciones locales, ayudas a empresas, subvenciones por daños en infraestructuras, medidas fiscales, de Seguridad Social, laborales, etc., todo ello en los términos previstos por la Ley 17/2015.

El presidente del Gobierno actúa aquí en varias dimensiones:

• Dirección política: fija la orientación general de la respuesta del Estado a la emergencia y decide, con los ministros, si se da el salto cualitativo a la declaración de zona gravemente afectada.
• Impulso y coordinación: ordena o valida que Interior, Hacienda y los ministerios sectoriales preparen la propuesta y la memoria de daños y medidas.
• Presidencia de la reunión: preside el Consejo de Ministros que delibera y adopta el acuerdo, garantizando la unidad de criterio del Gobierno.
• Representación institucional: asume habitualmente la comunicación política de la decisión, el diálogo con presidentes autonómicos y alcaldes, y la coordinación con otros niveles de gobierno.

No existe en la Ley 17/2015 una habilitación específica para que el presidente, por sí solo, declare la zona; su poder se ejerce a través de la dirección del Gobierno y de la presidencia del Consejo de Ministros.

Encaje en el Sistema Nacional de Protección Civil

La declaración de zona gravemente afectada se integra en el ciclo de gestión de emergencias que articula la Ley 17/2015: prevención, planificación, respuesta y restablecimiento de la normalidad. La ley subraya que esta figura sirve precisamente para ordenar la fase de recuperación, permitiendo un régimen común de ayudas y medidas excepcionales.

El ministro del Interior tiene un papel central: declara la “emergencia de interés nacional”, dirige la gestión operativa y, según la ley, propone al Gobierno la declaración de la zona, junto con Hacienda y otros ministerios competentes. El presidente del Gobierno no asume la dirección operativa (que recae en Interior) sino la conducción política del conjunto del dispositivo estatal.

Relación con ayudas y normas de desarrollo

Una vez declarada la zona, el Gobierno suele aprobar normas específicas de ayudas y desarrollo, muchas veces en forma de reales decretos-ley u órdenes ministeriales. Ejemplos recientes ilustran cómo se despliega esa competencia gubernamental:

• Declaración de zona por la DANA 2024, publicada mediante la Orden PJC/1222/2024, que recoge un acuerdo previo del Consejo de Ministros.
• Medidas para temporales y catástrofes en los Reales Decretos-ley 2/2019, 11/2019 o 10/2021, que se apoyan en la Ley 17/2015.
• Órdenes que desarrollan medidas laborales y de Seguridad Social para zonas declaradas, como la Orden TES/1223/2021, la Orden ISM/707/2021 o la Orden TES/443/2022.
• Normas sectoriales de apoyo a corporaciones locales y otros actores, como la Orden INT/592/2025 o disposiciones anteriores de carácter general como el Real Decreto 307/2005.

En todas estas actuaciones, el presidente del Gobierno vuelve a intervenir en su función de dirección política general (decidir el alcance de las medidas, priorizar recursos, articular acuerdos políticos y territoriales) y de presidencia del Consejo de Ministros que aprueba los reales decretos-ley y demás decisiones, pero las competencias normativas y de gestión se distribuyen entre el Gobierno colegiado y los ministerios sectoriales, especialmente Interior y Hacienda.

En las últimas elecciones generales celebradas en España, el 23 de julio de 2023 (23J), el Partido Popular (PP) fue la fuerza más votada, seguido muy de cerca por el PSOE, mientras que Vox y Sumar se disputaron la tercera plaza en votos y escaños con resultados muy similares. Con el escrutinio definitivo, el PP obtuvo 137 escaños, el PSOE 121, Vox 33 y Sumar 31. En porcentaje de voto, las dos grandes fuerzas rondaron el 33% (PP) y el 32% (PSOE), y tanto Vox como Sumar se situaron ligeramente por encima del 12%.

Resultados numéricos de PP, PSOE, Vox y Sumar el 23J

A partir de los datos de resultados nacionales para el Congreso de los Diputados de las elecciones generales de 2023, accesibles en el especial de resultados de medios como El País y en el portal de resultados de RTVE, la fotografía de los cuatro principales partidos de ámbito estatal fue la siguiente:

• Partido Popular (PP)
  • Votos: 8.160.837
  • Porcentaje: 33,06% del voto válido
  • Escaños: 137 diputados
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
  • Votos: 7.821.718
  • Porcentaje: 31,68%
  • Escaños: 121 diputados
• Vox
  • Votos: 3.057.000 (aprox.)
  • Porcentaje: 12,38%
  • Escaños: 33 diputados
• Sumar (coalición liderada por Yolanda Díaz)
  • Votos: 3.044.996
  • Porcentaje: 12,33%
  • Escaños: 31 diputados

Estos datos coinciden en las principales coberturas nacionales de la noche electoral y de los resultados definitivos, como los especiales de ABC, La Razón, AS o el seguimiento en directo de CNN en Español, además de la pieza de análisis de RTVE Noticias.

Traducción de los resultados en el mapa político

La combinación de voto y escaños dejó un Congreso muy fragmentado. El PP, con el 33,06% y 137 diputados, ganó las elecciones pero se quedó lejos de la mayoría absoluta (176 escaños) y sin suficientes apoyos automáticos para una investidura sencilla. El PSOE, pese a quedar en segunda posición en votos y escaños, logró un resultado suficiente (31,68% y 121 escaños) como para reconstruir un bloque de investidura con fuerzas nacionalistas y regionalistas.

En la derecha, Vox retrocedió respecto a 2019 en escaños, pero mantuvo un peso clave: con 33 diputados y un 12,38% del voto, se convirtió en socio casi obligado del PP en cualquier hipótesis alternativa de gobierno. La suma de PP y Vox alcanzó 170 escaños, por debajo todavía de la mayoría absoluta, lo que dejó al bloque conservador en una posición de ventaja en votos, pero insuficiente en escaños para gobernar en solitario sin otros aliados.

En la izquierda del PSOE, Sumar debutó como nueva coalición heredera en parte del espacio que antes ocupaba Unidas Podemos. Con el 12,33% y 31 diputados, se situó prácticamente empatada con Vox en votos totales. Su aportación fue decisiva para que el bloque progresista (PSOE + Sumar, más socios territoriales) pudiera articular una mayoría parlamentaria alternativa a la del PP.

Equilibrio entre bloques y consecuencias institucionales

Desde el punto de vista de bloques, los resultados del 23J consolidaron una dinámica de bipartidismo reforzado (PP–PSOE) con dos fuerzas auxiliares a derecha e izquierda (Vox y Sumar) que concentran el grueso del voto restante de ámbito estatal. Los números también explican la compleja aritmética de la presente legislatura:

• PP y Vox parten de 170 escaños, obligados a buscar al menos un apoyo más (UPN, Coalición Canaria u otros) para cualquier alternativa de gobierno.
• PSOE y Sumar suman 152 escaños y dependen de la concurrencia de varios grupos nacionalistas e independentistas para alcanzar las mayorías necesarias en investiduras y grandes votaciones.

En resumen, el 23J dejó cuatro grandes actores de ámbito estatal con pesos relativamente claros: un PP ganador en votos y escaños, un PSOE competitivo que pudo sostener la investidura, y un equilibrio casi milimétrico entre Vox y Sumar en torno al 12% del voto y a la treintena de escaños cada uno, lo que ha marcado desde entonces la estabilidad —o inestabilidad— de la legislatura.