El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha mostrado confiado en que el Gobierno pueda sacar adelante antes de que termine la legislatura la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, un proyecto que lleva meses pendiente de avanzar en su tramitación parlamentaria. A la salida de un foro económico celebrado este miércoles en Bruselas, Cuerpo ha desvinculado expresamente las negociaciones sobre esta iniciativa de otras conversaciones políticas abiertas, como la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.
A juicio del ministro, la negociación sobre la autoridad de defensa del cliente financiero se encuentra ya “en la última fase para conseguir aprobarlo”, después de que el Ejecutivo haya retomado los contactos con los diferentes grupos parlamentarios. Cuerpo ha asegurado que existe margen para cerrar un acuerdo durante este mes de septiembre y, posteriormente, llevar el texto al Pleno del Congreso para culminar su tramitación.
“Hay un interés por parte de la sociedad civil y de todas las organizaciones de usuarios”, ha señalado el vicepresidente, defendiendo el proceso impulsado por el Ejecutivo junto con el sector de la inclusión financiera. Según ha explicado, la iniciativa surgió, en buena medida, de las demandas de las personas mayores, que reclamaban mayores garantías para sentirse plenamente incluidas en el acceso a los servicios financieros.
Una negociación separada de las cuentas públicas
Cuerpo ha confirmado que el Gobierno mantiene conversaciones con “todos los grupos” parlamentarios sobre este proyecto, retomando unos contactos que ya se produjeron durante la pasada legislatura. El ministro ha insistido en que el objetivo pasa ahora por últimar las negociaciones durante septiembre para poder llevar la iniciativa al Congreso. “Ya hemos tenido conversaciones sobre este proyecto concreto, reuniones que tuvieron lugar en la legislatura anterior. Estamos en la última fase para aprobarlo y llevar la votación al Congreso”, ha explicado.
La posición expresada por Cuerpo supone, además, desvincular esta negociación de la que el Ejecutivo mantiene para tratar de sacar adelante los próximos Presupuestos Generales del Estado. El vicepresidente no ha querido entrar en detalles sobre las condiciones planteadas por los diferentes socios parlamentarios, aunque ha transmitido confianza en que el acuerdo sobre la autoridad financiera pueda resultar más sencillo que el relativo a las cuentas públicas.
Recorrido parlamentario
El Consejo de Ministros aprobó en 2024 el proyecto de ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Ese mismo año, el Congreso rechazó la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular, permitiendo que la iniciativa continuase su recorrido parlamentario.
Actualmente, el proyecto permanece en la Cámara Baja en fase de tramitación parlamentaria, pendiente de que se reúna la ponencia de la Comisión de Economía para estudiar las enmiendas presentadas y elaborar el correspondiente dictamen. Este paso resulta necesario antes de que el texto pueda completar el proceso legislativo y llegar finalmente al Pleno para su votación. La tramitación había quedado paralizada durante los últimos meses a la espera de que el Ejecutivo retomase las conversaciones con los grupos parlamentarios. Cuerpo ha confirmado ahora desde Bruselas que el Gobierno pretende reactivar esas negociaciones y acelerar la aprobación definitiva.
El precedente de la pasada legislatura alimenta el optimismo del Ejecutivo. Entonces, la iniciativa llegó a ser aprobada por el Pleno del Congreso, con Vox votando en contra y el Partido Popular y Junts absteniéndose. Sin embargo, la disolución de las Cortes Generales como consecuencia del adelanto electoral impidió completar la ratificación definitiva en el Senado y terminó dejando el proyecto encallado.
Inclusión financiera y protección al consumidor
Con este antecedente, el Gobierno afronta ahora la nueva ronda de contactos con la expectativa de recuperar los consensos alcanzados anteriormente. La creación de una autoridad específica para la defensa del cliente financiero constituye una de las principales apuestas regulatorias del Ejecutivo en materia de inclusión financiera y protección del consumidor, especialmente en un contexto marcado por la digitalización de los servicios bancarios y la necesidad de garantizar mecanismos accesibles de reclamación.
Qué cambiará para los clientes
La nueva autoridad que se negocia concentrará en una sola ventanilla las reclamaciones que ahora se reparten entre el Banco de España (para productos bancarios), la CNMV (para inversiones) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (para seguros y planes de pensiones)
También alcanzará a otras empresas financieras, como determinadas fintech, prestamistas y proveedores de servicios relacionados con criptoactivos.
El cliente deberá reclamar primero ante la propia entidad. Si la respuesta no es satisfactoria o no llega dentro del plazo correspondiente, podrá acudir gratuitamente a la nueva autoridad.
Decisiones vinculantes hasta 20.000 euros
El principal cambio respecto al sistema actual es la capacidad de imponer una solución. Los informes emitidos ahora por los supervisores no siempre son vinculantes y una entidad puede rechazar el criterio favorable al consumidor, obligándolo a acudir a los tribunales.
El proyecto establece que las resoluciones de la nueva autoridad serán vinculantes para las reclamaciones de hasta 20.000 euros. La entidad deberá cumplirlas, aunque podrá impugnarlas judicialmente. Cuando la cantidad supere ese límite, el organismo podrá pronunciarse, pero su decisión no tendrá el mismo carácter obligatorio.
La resolución deberá llegar en un plazo máximo de 90 días naturales, sin coste para el cliente y sin necesidad de abogado o procurador.
Qué reclamaciones podrá resolver
La autoridad podrá intervenir en conflictos relacionados con:
- Cuentas, tarjetas, préstamos e hipotecas.
- Comisiones bancarias.
- Transferencias y fraudes en medios de pago.
- Productos de ahorro e inversión.
- Seguros y planes de pensiones.
- Incumplimientos de las normas de conducta.
- Buenas prácticas y usos financieros.
- Posibles cláusulas abusivas.
En los fraudes digitales no bastará necesariamente con comprobar que el banco aplicó la doble autenticación. El organismo podrá valorar también si la entidad desplegó controles suficientes y si el cliente actuó con la diligencia exigible.
Protección reforzada para mayores y colectivos vulnerables
El proyecto incorpora el principio de atención personalizada y tiene especialmente en cuenta a personas mayores, con discapacidad o con dificultades digitales. Además de resolver reclamaciones, la autoridad deberá detectar prácticas reiteradas que puedan perjudicar a grupos numerosos de clientes.
El organismo también podrá trasladar posibles incumplimientos al Banco de España, la CNMV o la Dirección General de Seguros para que estos supervisores estudien la apertura de expedientes sancionadores.
Oposición de la banca
Las patronales bancarias se han manifestado contrarias a la futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Sostienen que ya existen tres servicios públicos de reclamaciones y que crear otra institución incrementará la burocracia y los costes regulatorios.
La autoridad será financiada por las entidades financieras. La tasa fija de 250 euros por cada reclamación admitida, prevista inicialmente, fue uno de los asuntos más controvertidos y se eliminó del texto posteriormente negociado. La financiación pasaría a distribuirse entre bancos, aseguradoras y empresas de inversión de acuerdo con los criterios que establezca definitivamente la ley.