La mayoría del Parlamento Europeo ha respaldado el suplicatorio para retirar la protección judicial del eurodiputado Alvise Pérez en el marco de la causa en la que el Tribunal Supremo investiga la supuesta financiación ilegal de Se Acabó la Fiesta (SALF). La decisión supone un nuevo revés judicial y político para el dirigente español, que acumula ya varios procedimientos abiertos tanto en la jurisdicción española como en el ámbito parlamentario europeo.
La Eurocámara considera que existen elementos suficientes para permitir que continúe la investigación judicial sobre unos hechos que, según recalcan fuentes parlamentarias, no guardan relación con la actividad política desarrollada por el eurodiputado en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. El procedimiento se enmarca dentro del mecanismo ordinario de levantamiento de inmunidad previsto en el Reglamento del Parlamento Europeo y gestionado a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) y puede ser recurrido por el dirigente.
Sospechas sobre financiación irregular
El Parlamento Europeo sostiene que el eurodiputado habría mantenido vínculos con el empresario Álvaro Romillo, conocido como “CryptoSpain”, quien supuestamente actuaba en nombre de personas físicas y jurídicas con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante esquemas de optimización fiscal. Según la documentación analizada por los eurodiputados, el propósito habría sido crear una “cartera” destinada a recaudar fondos para financiar la campaña electoral de Se Acabó la Fiesta de cara a las elecciones europeas.
De acuerdo con el Tribunal Supremo, Romillo habría podido adelantar una suma cercana a los 100.000 euros al entorno político del dirigente español. A juicio del Alto Tribunal, los hechos podrían encajar en posibles delitos de financiación ilegal, así como en otras infracciones vinculadas a la captación y gestión irregular de fondos antes de que Alvise Pérez obtuviera su acta de eurodiputado.
La investigación pone el foco en la utilización de mecanismos alternativos de financiación política, especialmente aquellos vinculados al ecosistema de las criptomonedas y las estructuras digitales de captación de recursos.
La inmunidad parlamentaria, bajo examen
En el informe aprobado por la Eurocámara, el Parlamento recuerda que la inmunidad parlamentaria no constituye un privilegio personal del diputado, sino una garantía institucional destinada a proteger la independencia del Parlamento y el libre ejercicio del mandato representativo.
“Considerando que los presuntos delitos no constituyen una opinión expresada o un voto emitido por él en el ejercicio de sus funciones”, señala el texto impulsado por el eurodiputado Pascale Piera. El documento subraya además que los miembros del Parlamento Europeo gozan de inviolabilidad únicamente respecto de las opiniones manifestadas o votos emitidos en el desempeño de sus responsabilidades parlamentarias.
La interpretación resulta especialmente relevante desde el punto de vista jurídico, ya que delimita el alcance material de la inmunidad europarlamentaria. La doctrina comunitaria diferencia entre actuaciones directamente relacionadas con el ejercicio político del cargo y conductas privadas o previas a la adquisición del mandato parlamentario.
En este caso, tanto el Parlamento Europeo como el Tribunal Supremo consideran que los hechos investigados se habrían producido antes de que Alvise Pérez obtuviera el escaño europeo. Ese elemento reduce considerablemente las posibilidades de que la inmunidad pueda actuar como barrera procesal frente a la investigación judicial.
Sin indicios de persecución política
Tras la tramitación del suplicatorio en la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Parlamento Europeo concluyó igualmente que no existen indicios de que el procedimiento judicial haya sido impulsado con la intención de perjudicar la actividad política del dirigente español.
Este punto resulta clave en los procedimientos de levantamiento de inmunidad dentro de la Eurocámara. El análisis jurídico europeo no entra a valorar la culpabilidad o inocencia del parlamentario investigado, sino que se centra en determinar si existe un posible caso de fumus persecutionis, es decir, si la causa judicial podría responder a una persecución política encubierta.
Según las conclusiones de la comisión parlamentaria, no se han encontrado elementos que permitan sostener que la actuación del Tribunal Supremo español tenga como objetivo obstaculizar la labor política de Alvise Pérez como eurodiputado.
La decisión refuerza además la línea mantenida históricamente por el Parlamento Europeo, que suele acceder al levantamiento de inmunidad cuando los hechos investigados quedan fuera del ejercicio directo de la actividad parlamentaria y no existen evidencias de instrumentalización política de la justicia.
El segundo suplicatorio contra el dirigente
Se trata del segundo suplicatorio tramitado contra Alvise Pérez en el Parlamento Europeo. El primero fue aprobado en relación con la causa vinculada al supuesto hostigamiento contra la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert, a través de mensajes difundidos en su canal de Telegram.
Aquella investigación también hacía referencia a hechos anteriores a la obtención del acta de eurodiputado. La justicia analiza si la difusión de determinados contenidos y datos personales pudo derivar en una campaña de acoso coordinado contra la fiscal valenciana.
Sin embargo, los problemas judiciales del fundador de SALF no terminan ahí. El dirigente afronta además otra causa relacionada con la difusión de una PCR falsa atribuida al exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.
A ello se suma un procedimiento más reciente vinculado al supuesto acoso contra dos eurodiputados elegidos inicialmente bajo las siglas de SALF y posteriormente desvinculados de la formación.
Las denuncias de Diego Solier y Nora Junco
En esta última causa, el Tribunal Supremo ya interrogó el pasado mes de enero al fundador de Se Acabó la Fiesta, después de que el magistrado Manuel Marchena acordara citarle tras manifestar su disposición a comparecer voluntariamente.
Los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco —actualmente integrados en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), encabezado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni— denunciaron haber sufrido una “continua campaña de hostigamiento” en redes sociales tras diversos mensajes difundidos por Alvise Pérez tanto en un podcast como en su canal de Telegram.
Según relataron ante el Alto Tribunal, la situación llegó hasta el punto de temer por su integridad física después de que se revelaran datos relacionados con su localización y desplazamientos. Ambos sostienen que, tras la difusión de sus direcciones de correo electrónico, números de teléfono y perfiles en redes sociales, comenzaron a recibir una “ingente” cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes.
Los denunciantes aseguran que esta situación generó una “continua sensación de inseguridad” y les obligó a modificar hábitos personales y rutinas cotidianas, afectando no solo a su actividad parlamentaria, sino también a su vida familiar.
El Tribunal Supremo llegó a apreciar “una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas”, en referencia al posible impacto que pudieran generar los llamamientos públicos realizados desde los canales digitales vinculados al dirigente político.