Así ha sido el primer debate del 29N en clave europea: el presupuesto, la migración y Ucrania dividen a los partidos

El futuro de la Unión Europea también se ha abierto paso en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. El marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034, la gestión de la migración y la respuesta europea a la guerra de Ucrania han centrado el primer debate electoral organizado por DEMÓCRATA en clave europea, celebrado en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

El encuentro ha reunido a Tono López-Istúriz, en representación del Partido Popular; Sandra Gómez, del PSOE; Hermann Tertsch, de Vox, y Estrella Galán, de Sumar. Los cuatro representantes han confrontado sus posiciones sobre las principales decisiones que deberá afrontar la Unión durante los próximos años, en un debate moderado por Álvaro Villarroel, corresponsal de Demócrata en Bruselas.

Las intervenciones han dejado al descubierto diferencias de fondo sobre el modelo de integración europea, el reparto de los recursos comunitarios, el control de las fronteras y el grado de autonomía que debe desarrollar la UE en materia de seguridad y defensa. Tres ámbitos que, además, condicionarán la posición que España mantenga en las negociaciones comunitarias de la próxima legislatura.

El presupuesto europeo enfrenta las prioridades tradicionales y las nuevas inversiones

El próximo marco financiero plurianual (MFP) 2028-2034 ha sido uno de los principales puntos de fricción. La propuesta de la Comisión Europea ha abierto una negociación sobre el reparto de los recursos entre las políticas tradicionales de la Unión —especialmente la Política Agraria Común (PAC) y los fondos de cohesión— y las nuevas prioridades comunitarias, como la competitividad, la defensa y la autonomía estratégica.

López-Istúriz ha defendido que la agricultura y la cohesión deben conservar un papel central en el presupuesto europeo. El representante popular ha reivindicado la importancia de las ayudas directas de la PAC y de unos fondos estructurales que, en su opinión, deben seguir gestionándose con participación de las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, ha reconocido la necesidad de reforzar otras partidas, entre ellas las destinadas a defensa, educación, vivienda y oportunidades para los jóvenes.

El eurodiputado del PP ha situado la competitividad entre las prioridades que debe atender la Unión, aunque ha advertido de la dificultad de encajar las nuevas necesidades presupuestarias sin comprometer el modelo social europeo. La discusión, por tanto, no se limita a cuánto dinero debe gastar la UE, sino también a cómo distribuirlo entre políticas que compiten por unos recursos limitados.

Desde el PSOE, Sandra Gómez ha cuestionado la propuesta inicial de la Comisión por considerar que plantea recortes en dos de las principales políticas comunitarias: la PAC y la cohesión. La representante socialista ha defendido que el presupuesto debe mantener su capacidad para reducir las desigualdades territoriales y responder a situaciones de crisis, y ha recurrido a la experiencia de la dana para ilustrar la importancia de contar con mecanismos de solidaridad y reconstrucción.

Gómez ha reclamado, además, una mayor capacidad de financiación propia para la Unión. En este sentido, ha defendido la creación de nuevos recursos propios que permitan ampliar el presupuesto comunitario sin trasladar toda la carga a las contribuciones nacionales. Entre las fórmulas que ha planteado figuran gravámenes vinculados a las grandes plataformas digitales, las apuestas en línea y las operaciones con criptoactivos.

Estrella Galán ha coincidido en la necesidad de revisar los ingresos europeos, pero ha puesto el acento en el impacto que tendría una reducción de los fondos destinados a las políticas sociales y territoriales. La representante de Sumar ha advertido del riesgo de concentrar diferentes partidas en un fondo único que, a su juicio, podría debilitar la capacidad de los Estados y las regiones para atender sus necesidades específicas.

Galán ha rechazado que el refuerzo de la competitividad se plantee a costa de los derechos laborales, la protección medioambiental o las garantías sociales. También ha defendido una revisión de la fiscalidad para que las grandes empresas contribuyan de forma más equilibrada a la financiación de las políticas públicas.

La posición de Hermann Tertsch ha marcado una distancia más profunda respecto al modelo presupuestario y regulatorio de la Unión. El representante de Vox ha sostenido que Europa padece un exceso de regulación que perjudica su capacidad para competir con otras potencias económicas. En consecuencia, ha reclamado una reducción de las cargas normativas y una revisión de las prioridades de gasto antes de plantear nuevos impuestos o incrementar las aportaciones de los ciudadanos.

El debate sobre los recursos propios ha vuelto a evidenciar las diferencias entre los bloques. Mientras Gómez ha defendido nuevas fuentes de ingresos vinculadas a actividades económicas digitales y financieras, Tertsch ha rechazado aumentar la presión fiscal y ha reclamado revisar primero el destino de los fondos. López-Istúriz, por su parte, ha recordado el papel de los gobiernos nacionales en la negociación del presupuesto dentro del Consejo, sin concretar una fórmula alternativa de financiación.

Migración: del pacto europeo a la externalización de fronteras

La política migratoria ha constituido el segundo gran eje de confrontación. La aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo, el control de las fronteras exteriores, los retornos y la cooperación con terceros países han permitido comprobar las diferencias entre quienes priorizan el refuerzo de los mecanismos de control y quienes reclaman ampliar las vías legales de entrada y las garantías de protección.

Galán ha cuestionado el enfoque con el que la Unión está desarrollando su política migratoria y ha considerado que el pacto europeo ha nacido «herido de muerte». La representante de Sumar ha criticado que las instituciones comunitarias hayan situado las expulsiones y el control fronterizo en el centro de su estrategia, mientras que, a su juicio, no se han desarrollado suficientemente las vías legales y seguras para acceder al territorio europeo.

En esa línea, ha defendido la ampliación de los visados, los mecanismos de reasentamiento y otras fórmulas de migración regular. También ha cuestionado los acuerdos con países terceros cuando no existen garantías suficientes para proteger los derechos de las personas migrantes, con especial atención a la externalización de las responsabilidades europeas hacia países como Marruecos.

Tertsch ha defendido una política de mayor firmeza en el control de las fronteras. El representante de Vox ha reclamado revisar el funcionamiento del sistema de asilo y ha vinculado la gestión de los flujos migratorios con la preservación de la cohesión social. Además, ha planteado la «reemigración» de las personas que se encuentren en situación irregular, una posición que ha situado en el centro de su intervención.

Sandra Gómez ha rechazado que la migración se aborde exclusivamente desde una perspectiva económica o utilitarista. La representante socialista ha defendido la integración laboral y la regularización como instrumentos para responder a las necesidades del mercado de trabajo y garantizar los derechos de las personas migrantes. También ha cuestionado los acuerdos con terceros países cuando, a su juicio, no incorporan salvaguardas suficientes.

La posición del PSOE ha buscado combinar la gestión de los flujos migratorios con una defensa de los derechos fundamentales y de los mecanismos de integración. Gómez ha insistido en que la política migratoria no puede reducirse a una discusión sobre expulsiones y ha introducido en el debate la situación de colectivos especialmente vulnerables, así como las dificultades que plantea la cooperación con determinados regímenes.

López-Istúriz ha defendido la necesidad de distinguir entre quienes necesitan protección internacional y quienes no cumplen los requisitos para permanecer en territorio europeo. El representante popular ha reclamado una gestión más eficaz de las fronteras y un mayor aprovechamiento de las capacidades de agencias comunitarias como Frontex y Europol.

En relación con la presión migratoria sobre España, ha cuestionado la actuación del Gobierno y ha sostenido que no se han utilizado suficientemente los instrumentos europeos disponibles. También ha recordado que la intervención de estas agencias depende de las solicitudes y de la cooperación de los Estados miembros, una circunstancia que condiciona su despliegue operativo.

Las cuatro intervenciones han reflejado así una discusión que va más allá de la aplicación técnica del pacto migratorio. La cuestión de fondo reside en el equilibrio entre control fronterizo, cooperación exterior, protección internacional y vías legales de acceso, ámbitos en los que los partidos mantienen propuestas claramente diferenciadas.

Ucrania y defensa: apoyo a Kiev y diferencias sobre la autonomía europea

La guerra de Ucrania ha completado los tres grandes bloques del debate. La continuidad del apoyo europeo a Kiev, el refuerzo de las capacidades militares y la relación transatlántica han enfrentado distintas visiones sobre el papel que debe desempeñar la Unión en el nuevo escenario de seguridad.

López-Istúriz ha defendido que Europa debe mantener su respaldo militar y financiero a Ucrania hasta que se alcance una paz que permita garantizar su seguridad. El representante del PP ha situado el apoyo a Kiev en el marco de la defensa de la soberanía y del orden internacional, aunque también ha advertido de los riesgos asociados a la circulación de armamento y a su posible desvío hacia redes criminales. En cuanto a una eventual adhesión de Ucrania a la Unión Europea, ha defendido que el proceso debe desarrollarse conforme a los criterios establecidos para cualquier país candidato. El apoyo político a Kiev, por tanto, no debe traducirse en una modificación de las condiciones de ampliación.

Gómez ha defendido avanzar hacia una política de defensa europea con mayores instrumentos de financiación común y economías de escala. La representante socialista ha considerado necesario reforzar las capacidades comunitarias, pero ha cuestionado que el incremento del gasto militar se convierta en una obligación automática para responder a las exigencias de Estados Unidos. La intervención del PSOE ha vinculado la seguridad europea con la necesidad de reducir dependencias estratégicas y mantener el respaldo a Ucrania. Gómez ha defendido que la ayuda a Kiev contribuye a proteger a la población civil y ha criticado las posiciones de Donald Trump sobre Rusia y la relación energética con Moscú.

Tertsch también ha defendido mantener el apoyo a Ucrania, aunque ha situado la relación transatlántica en el centro de su planteamiento. El representante de Vox ha sostenido que la seguridad europea continúa dependiendo en buena medida de la alianza con Estados Unidos y ha cuestionado que la Unión pueda construir una capacidad de disuasión suficiente al margen de Washington. En ese contexto, ha criticado la política energética española y las importaciones de gas ruso, que ha utilizado para cuestionar la coherencia del Gobierno en su posición frente a Moscú. Su intervención ha defendido una mayor fortaleza militar europea, pero sin desvincularla del paraguas de seguridad estadounidense.

Galán ha cuestionado, por su parte, que el refuerzo de la defensa se financie mediante reducciones en otras políticas comunitarias. La representante de Sumar ha advertido de que la seguridad no puede convertirse en un argumento para debilitar los fondos sociales, la cohesión o las políticas medioambientales. La eurodiputada ha defendido una solución diplomática que permita alcanzar una «paz justa y duradera» y ha reclamado que Rusia asuma los costes de la reconstrucción de Ucrania. Su posición ha puesto el acento en la necesidad de combinar la respuesta a la agresión rusa con una estrategia política que evite que el aumento del gasto militar desplace otras prioridades europeas.

El próximo Gobierno ante una agenda europea decisiva

En el tramo final, los cuatro participantes han resumido las prioridades que, a su juicio, debería defender España en la Unión Europea durante la próxima legislatura. Las intervenciones han vuelto a reflejar las diferencias sobre el modelo de integración, el alcance de las competencias comunitarias y la relación entre las políticas nacionales y las decisiones compartidas.

Galán ha reivindicado una Europa centrada en los derechos sociales, la cohesión territorial y la protección medioambiental. Tertsch ha defendido una Unión más limitada, basada en el principio de subsidiariedad, la prioridad de los Estados y una reducción de la regulación comunitaria. Gómez ha reivindicado el modelo socialdemócrata y la defensa de las libertades y los servicios públicos. López-Istúriz ha insistido en la necesidad de que España asuma sus responsabilidades en el proyecto europeo y contribuya al refuerzo de la seguridad del continente, manteniendo la cooperación con Estados Unidos.

El debate ha puesto de manifiesto que las elecciones del 29 de noviembre no solo determinarán la composición del próximo Gobierno, sino también la orientación que España defenderá en algunas de las negociaciones más relevantes de la Unión. El presupuesto para 2028-2034, la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo y la respuesta a la guerra de Ucrania obligarán al nuevo Ejecutivo a fijar posiciones ante sus socios comunitarios.

Las diferencias expuestas en Bruselas anticipan, en definitiva, una discusión que continuará en las instituciones europeas durante los próximos años. La financiación de las prioridades comunes, el equilibrio entre control y protección en materia migratoria y el grado de autonomía estratégica de la Unión serán algunas de las decisiones que medirán la capacidad de los partidos españoles para trasladar sus propuestas nacionales a la agenda comunitaria.