En la capital comunitaria, las distintas delegaciones diplomáticas asumen ya que la madre de todas las batallas de la actual legislatura europea será la relativa al próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años. Por eso, cuando se cumple un año desde que la Comisión Europea presentase su propuesta de un presupuesto de dos billones de euros, las piezas empiezan a moverse sobre el tablero comunitario. Por un lado, presionan los Estados que reclaman regresar a un modelo más tradicional y expansivo de financiación; por otro, ganan fuerza quienes defienden una etapa marcada por la contención del gasto, la disciplina fiscal y la modernización de prioridades.
Los más optimistas, entre ellos el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aspiran a cerrar la negociación política entre los Estados miembros y el Ejecutivo comunitario durante la cumbre del Consejo Europeo de diciembre. Antes, en junio, la presidencia chipriota del Consejo presentará un borrador preliminar con cifras concretas, tras haber tomado el pulso de las capitales durante los últimos meses. Ese documento servirá como base para las conversaciones que los jefes de Estado y de Gobierno mantendrán los días 18 y 19 de junio en Bruselas, en una cita considerada clave para medir el verdadero margen de maniobra de las distintas alianzas.
El calendario aprieta y cada actor empieza a mover sus cartas. Después de que la cumbre informal celebrada en abril en Nicosia sirviera como pistoletazo de salida político, en las últimas semanas se han intensificado las conversaciones diplomáticas en Bruselas con el objetivo de clarificar los intereses nacionales y las líneas rojas de cada capital. De entrada, existe un consenso relativamente amplio sobre la necesidad de modernizar la manera en la que la Unión Europea se dota de recursos, priorizando sectores estratégicos como la defensa, la seguridad energética, la competitividad industrial y la autonomía estratégica.
Ahora bien, cuando se analiza la posición país por país aparecen fricciones profundas sobre cuestiones como el gasto público, el tamaño global del presupuesto, la responsabilidad fiscal, el papel de la deuda conjunta o el impulso de reformas estructurales ligadas a los fondos europeos. En otras palabras, la gran negociación presupuestaria europea vuelve a dividir a los Veintisiete entre quienes apuestan por un presupuesto más ambicioso y quienes reclaman una Unión Europea más austera.
El bloque de los “frugales”
Los equipos de la partida se dividen así en dos grandes familias políticas y económicas. Por un lado, los países que abogan por la contención del gasto y la modernización de prioridades, el grupo que en Bruselas se sigue identificando como los llamados “frugales”. Por el otro, los “Amigos de la Cohesión”, que defienden el mantenimiento de las políticas tradicionales con una financiación ambiciosa y mayores instrumentos de solidaridad europea.
Alemania persigue un marco financiero renovado que priorice la competitividad, la seguridad y la defensa, aceptando que el retorno al statu quo previo a la pandemia y a la guerra de Ucrania es políticamente imposible. Berlín quiere mantener la nueva arquitectura propuesta por la Comisión, especialmente en las rúbricas relacionadas con la autonomía estratégica europea, algo que considera una auténtica línea roja.
El Gobierno alemán exige además una mayor flexibilidad presupuestaria para reaccionar ante crisis económicas o geopolíticas, aunque reclama al mismo tiempo una gobernanza más ligera y un papel central del Consejo Europeo frente al creciente protagonismo del Ejecutivo comunitario. En este contexto, Berlín se opone frontalmente a un aumento masivo del volumen financiero del presupuesto europeo, argumentando que su contribución nacional crecería de forma desproporcionada.
Además, Alemania rechaza aplazar la devolución de las deudas comunes emitidas tras la pandemia y reclama recortes y reequilibrios en la propuesta actual. El mensaje alemán es claro: más Europa en prioridades estratégicas, pero menos expansión presupuestaria estructural.
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Suecia mantiene, por su parte, una de las posiciones más estrictas en materia de rigor presupuestario, condicionada también por las tensiones sobre sus propias cuentas nacionales. Estocolmo quiere que la Unión Europea avance hacia un presupuesto centrado principalmente en la defensa y la competitividad, defendiendo que la excelencia sea el principal criterio para asignar fondos y que el respeto al Estado de derecho continúe siendo una condición innegociable.
Asimismo, Estocolomo se muestra claramente en contra de un presupuesto expansivo y de nuevas fórmulas de deuda mancomunada. Considera que no son necesarios nuevos recursos propios europeos y que los problemas del mercado único deben resolverse prioritariamente mediante reformas regulatorias y liberalización económica, no a través de subsidios públicos permanentes.
En esta misma línea se sitúa Dinamarca, que propone un presupuesto “responsable y adaptado a las prioridades geopolíticas actuales”. La receta danesa pasa por una combinación de modernización, eficiencia administrativa y simplificación regulatoria. Copenhague aceptaría un presupuesto ligeramente superior al actual siempre y cuando esté vinculado a reformas profundas y a la financiación de nuevas prioridades comunes, aunque considera excesivo el incremento planteado inicialmente por la Comisión Europea.
Dinamarca exige igualmente una reducción significativa del gasto tradicional, especialmente en determinadas políticas históricas, así como un recorte de los costes administrativos comunitarios para poder liberar recursos destinados a defensa, innovación tecnológica o seguridad energética. Cerca de esta posición se encuentra Austria, que mantiene una postura de máxima contención respecto al volumen total del presupuesto europeo. Viena apuesta por inversiones muy concretas en digitalización, infraestructuras energéticas y redes de transporte estratégicas, pero rechaza cualquier incremento desproporcionado de su contribución nacional.
Además, las autoridades austriacas reclaman que se introduzcan nuevos mecanismos de corrección presupuestaria para evitar que algunos Estados soporten cargas excesivas en comparación con otros socios comunitarios. La idea de fondo es evitar que el nuevo presupuesto europeo derive en una mutualización permanente de riesgos fiscales.
Los “Amigos de la Cohesión” toman posiciones
En el otro lado del tablero, quince países han reforzado la alianza que han denominado “Amigos de la Cohesión”. En este bloque se integran España, Bulgaria, Chequia, Croacia, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia.
El objetivo común de este grupo pasa por garantizar una financiación suficiente para la Política de Cohesión, la Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común, solicitando incluso un incremento de determinadas partidas presupuestarias. Para estas capitales, las políticas tradicionales continúan siendo fundamentales para sostener la convergencia económica y territorial dentro de la Unión Europea.
Además, los “Amigos de la Cohesión” han solicitado al Ejecutivo comunitario que mantenga reglas favorables para las liberaciones de compromisos y tasas de cofinanciación elevadas, que podrían alcanzar hasta el 85% en algunos proyectos de conectividad estratégica o infraestructuras críticas. El bloque respalda también el uso de deuda conjunta europea como mecanismo para financiar bienes públicos europeos y reforzar la autonomía estratégica comunitaria. En la práctica, varios de estos países consideran que repetir fórmulas similares al fondo Next Generation EU será indispensable para afrontar inversiones masivas en defensa, transición energética o industria tecnológica.
España, que se sitúa entre los actores más activos dentro de esta alianza, insiste además en que la programación de los fondos europeos debe seguir siendo responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, evitando que las recomendaciones de la Comisión Europea se conviertan en obligaciones automáticas que puedan vulnerar el principio de “gestión compartida”.
Madrid y sus socios reclaman igualmente la supresión definitiva de todas las compensaciones o “rebates” para los contribuyentes netos, argumentando que este sistema ya no tiene justificación económica ni política en el actual contexto geopolítico europeo.
Otro de los puntos de choque afecta directamente a la idea impulsada por Bruselas de reservar parte de los fondos de cohesión para responder a futuras crisis. Rechazan que esta política se transforme en una herramienta permanente de gestión de emergencias y piden reducir la propuesta de reservar un 10% de los recursos para este objetivo.
Una negociación marcada por la geopolítica
Más allá de las cifras concretas, el debate sobre el futuro presupuesto europeo refleja una discusión mucho más profunda sobre el modelo de integración comunitaria. La guerra en Ucrania, las tensiones comerciales globales, la competencia industrial con Estados Unidos y China o el aumento de las amenazas híbridas han modificado completamente las prioridades presupuestarias de la Unión Europea.
La Comisión Europea insiste en que el continente necesita un presupuesto más flexible y más adaptado a un entorno internacional crecientemente inestable. Sin embargo, varios Estados miembros temen que esa flexibilidad acabe traduciéndose en una mayor centralización de competencias en manos de Bruselas y en un debilitamiento del peso político de las capitales nacionales. En paralelo, la presión sobre las finanzas públicas nacionales también condiciona enormemente la negociación. Muchos gobiernos afrontan déficits elevados, aumento del gasto militar y un margen fiscal reducido tras años de crisis consecutivas. Eso explica que incluso algunos países tradicionalmente europeístas mantengan ahora posiciones mucho más duras respecto al tamaño global del presupuesto comunitario.
El Parlamento Europeo ya fijó recientemente su posición política —aunque no vinculante—, plantándose ante la centralización de fondos planteada por la Comisión Europea y reclamando preservar el papel de las regiones y de las políticas tradicionales de cohesión. Mientras tanto, las primeras conversaciones técnicas a nivel de embajadores ya permiten dibujar las grandes líneas de confrontación que marcarán los próximos meses. La aspiración oficial continúa siendo alcanzar un acuerdo antes de finales de 2026 para evitar que la negociación quede contaminada por los futuros procesos electorales en países clave como Francia o España.
Distintas fuentes reconocen que son conscientes de que, si el calendario se desborda y la negociación entra de lleno en el ciclo electoral europeo, el margen político para alcanzar compromisos será mucho menor. Y precisamente por eso, en los pasillos de las instituciones comunitarias empieza a instalarse la sensación de que la batalla por el próximo presupuesto europeo será, en realidad, una batalla sobre el futuro modelo político y económico de la propia Unión Europea.