Con el futuro de la legislatura más en el aire que nunca, y en una evidente situación de bloqueo político, hablar de reformas legales o iniciativas en tramitación puede resultar un tanto ingenuo.
Pero, aunque parezca mentira, en el Congreso sigue habiendo momentos para discutir de modificaciones legales concretas y abrir vías de resolución a problemas concretos que llegan al Parlamento.
Uno de ellos son los efectos que provocan los bloqueos de IP impulsados por LaLiga para tratar de frenar la emisión de partidos de forma ilegal, que provocan la caída de páginas y servicios digitales completamente ajenos a las webs de fútbol pirata.
PSOE y ERC pactaron llevar a la Ley de Servicios Digitales, en tramitación en el Congreso, enmiendas para incorporar el principio de “proporcionalidad tecnológica” con el fin de evitar “afectaciones indebidas a servicios legítimos”.
El acuerdo se alcanzó en el marco de una iniciativa no legislativa, impulsada por ERC y finalmente aprobada en la Comisión de Economía de la Cámara Baja, con el apoyo de Sumar, Bildu, PNV y Compromís, además de los partidos ya citados.
La iniciativa carece de valor legal, pero ha abierto la puerta a la posibilidad de acometer una reforma en ese sentido, que puede alterar la estrategia de la lucha contra la piratería de LaLiga… o las posibilidades de las plataformas pirata para seguir emitiendo fútbol de forma ilegal.
LaLiga tiene su propuesta
La patronal de los clubes profesionales quiere trasladar a España lo que en Italia tienen reconocido como Piracy Shield, una regulación que permite a los propietarios de derechos denunciar contenidos ilegales y, una vez verificada la infracción, solicitar a los proveedores de servicios de Internet el bloqueo de su acceso. Y todo ello sin orden judicial.
Sería, básicamente, llevar a la legislación los mecanismos con los que LaLiga se está protegiendo actualmente gracias a la autorización del Juzgado de lo Mercantil número seis de Barcelona.
La normativa italiana exige también a los operadores a bloquear o eliminar anuncios o contenido que dirija a este tipo de páginas. Por ejemplo, los resultados de búsqueda en los buscadores. Esa es precisamente otra de las demandas de LaLiga: que todo operador en Internet asuma la responsabilidad de velar por que no se producen actuaciones ilegales a través de su infraestructura, bajo amenaza de sanciones.
Si los operadores no colaboran, son multados. A principios de año, el regulador italiano impuso a Cloudflare una multa de más de 14 millones de euros por no atender a estos requerimientos. Y es que las multas es el arma más disuasoria de esta estrategia. Las sanciones alcanzan a operadores pero también a usuarios ‘cazados’ por el uso de dispositivos que permiten la emisión de partidos de forma ilegal, como IPTV, o las visitas a páginas pirata.
¿Cómo combate LaLiga la piratería?
Fuentes de LaLiga explican a Demócrata que su estrategia de lucha contra la piratería abarca un amplio espectro de acciones en el ámbito tecnológico, institucional, educativo y judicial.
Siendo el más mediático, el bloqueo de IP es tan solo uno de los focos. Y responde, subrayan desde la patronal de los clubes, a la falta de colaboración de los operadores, principalmente Cloudflare, para bloquear contenido ilegal.
Este tipo de operadores prestan servicios CDN (red de entrega de contenido) para agilizar la transmisión de información, mejorar su seguridad y evitar interrupciones.
Se encuentran distribuidos próximos geográficamente al usuario final y buscan mejorar los tiempos de carga de las páginas, reducir la cantidad de datos que debe proporcionar el servidor de origen y maximizar las posibilidades de contenido. También prestan servicios de securización.
Este tipo de servicios protege a los clientes pero también supone una barrera para los propietarios de los derechos a la hora de identificar un dominio. LaLiga puede rastrear y saber que hay una señal pirata emitiendo, pero no sabe el dominio exacto que la aloja.
Bloquear la emisión, por tanto, requiere de la colaboración de estos servicios. Y, aunque LaLiga asegura que hay intermediarios que sí lo hacen, no es el caso de la gran mayoría ni, particularmente, el gran dominador del mercado, Cloudflare.
En busca de la señal
Cada fin de semana, un equipo propio de LaLiga rastrea las redes en busca de señales pirata y advierten a los intermediarios para bloquearla. Si existe un convenio de colaboración, el tiempo medio de bloqueo es cuatro minutos.
En caso contrario, notifican a los operadores de telecomunicaciones para que, en virtud de la orden judicial mencionada, procedan a bloquear las IP. Y ahí cae tanto la página pirata como todas aquellas que están alojadas en la misma dirección IP, aunque no tengan relación con ella.
Citación judicial pendiente
La batalla no se libra únicamente en las redes. LaLiga tiene presentada una querella contra Cloudflare, a la que acusan de lucrarse con la emisión ilegal de partidos y obstaculizar su persecución.
El Juzgado fijó una vista a la que estaban citados la propia empresa y su consejero delegado, Matthew Prince, el pasado mes de abril. Ni Prince ni ningún representante del operador digital se presentaron ni hay constancia de que la notificación de la denuncia se haya entregado a los querellados.
De momento, según fuentes de LaLiga, la justicia española ha solicitado una comisión rogatoria para que la justicia estadounidense entregue al CEO de Cloudflare la notificación.