La Unión Europea está dando cada vez más pasos en su lucha por proteger a los menores en entornos digitales, un ámbito que se ha convertido en una de las principales preocupaciones regulatorias del bloque comunitario. Esta misma semana, la Comisión Europea anunció que ya está lista su nueva aplicación destinada a garantizar la verificación de edad a la hora de acceder a redes sociales y otros servicios digitales. Sin embargo, algunos Estados miembros consideran que estas iniciativas deben ir más allá.
Entre ellos destaca Francia. Su presidente, Emmanuel Macron, ha decidido impulsar una respuesta coordinada a nivel europeo. Busca liderar un enfoque común que permita establecer límites más claros y homogéneos en todos los países de la Unión.
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Una estrategia común europea
Con este objetivo, el jefe del Estado francés ha convocado en la tarde del jueves un encuentro telemático con varios líderes europeos. El propósito de la reunión es que los Estados miembros pongan en común las iniciativas nacionales que ya están desarrollando para limitar el uso de redes sociales por parte de menores de edad.
Desde el Elíseo se subraya que la intención es que aquellos países que están más avanzados en esta materia compartan sus propuestas para “adoptar un marco común que establezca una mayoría de edad digital”. Este concepto, cada vez más presente en el debate público europeo, busca fijar una edad mínima a partir de la cual los ciudadanos puedan acceder de forma autónoma a plataformas digitales.
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Fuentes del Gobierno francés explican que también se pretende “extender la dinámica a aquellos países que están interesados pero aún no comprometidos”, ampliando así el consenso político en torno a esta cuestión.
Alemania, en la encrucijada
En este contexto, la presencia del canciller alemán Friedrich Merz resulta especialmente relevante para París. Aunque Alemania aún no cuenta con un marco nacional definido en esta materia, el Ejecutivo francés percibe “señales positivas” que podrían traducirse en avances legislativos a corto plazo.
Además, durante el encuentro también se abordará el estado de las soluciones técnicas de verificación de edad, incluyendo la propuesta desarrollada por Bruselas. Este tipo de herramientas son consideradas fundamentales para garantizar que las normas no se queden en el plano teórico, sino que puedan aplicarse de forma efectiva.
Hacia una identidad digital europea
Uno de los elementos clave de esta estrategia es la implementación de sistemas de identidad digital. Según los planes comunitarios, para finales de este año todos los Estados miembros deberán haber desplegado una solución que permita conectar aplicaciones y sistemas de verificación de edad de forma segura y fiable.
Desde el entorno de Macron destacan que el presidente ha insistido especialmente en la necesidad de avanzar tanto a nivel europeo como nacional en la creación de una “mayoría digital”, que no solo establezca límites, sino que también refuerce la responsabilidad de las plataformas tecnológicas.
Al encuentro convocado por Francia asistirán varios líderes europeos de primer nivel. Entre ellos figuran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
También participarán el primer ministro irlandés Simon Harris, el esloveno Robert Golob, el checo Petr Fiala, el griego Kyriakos Mitsotakis, el presidente de Chipre Nikos Christodoulides y representantes del Gobierno polaco. La diversidad de participantes refleja el creciente consenso europeo en torno a la necesidad de actuar frente a los riesgos del entorno digital, según las mismas fuentes consultadas.
Moncloa mueve ficha
En el caso de España, Pedro Sánchez anunció el pasado mes de febrero su intención de vetar el uso de redes sociales a menores de 16 años. El presidente justificó esta medida con un discurso contundente: “Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos: un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación. No vamos a tolerarlo más; vamos a protegerles frente a este salvaje oeste digital”. Esta postura sitúa a España en línea con otros países europeos que abogan por un enfoque más restrictivo.
Investigaciones y presión sobre las plataformas
Paralelamente, Bruselas continúa desplegando todos los instrumentos previstos en su normativa, especialmente a través de la Ley de Servicios Digitales (DSA). En este marco, la Comisión Europea ha intensificado su actividad supervisora.
Un ejemplo reciente es la apertura de una investigación formal contra la red social Snapchat, con el objetivo de determinar si la plataforma está exponiendo a menores a riesgos como el contacto con depredadores sexuales o el reclutamiento con fines delictivos.
Aunque los términos de uso de Snapchat establecen una edad mínima de 13 años, Bruselas considera que el sistema de autodeclaración presenta importantes debilidades. En particular, no impide que menores de esa edad accedan al servicio ni permite verificar adecuadamente si los usuarios tienen menos de 17 años, algo clave para adaptar la experiencia digital a su edad.
Fallos en la verificación de edad
La Comisión también ha señalado que Snapchat podría no estar ofreciendo herramientas eficaces para denunciar la presencia de menores, lo que incrementa los riesgos de exposición a situaciones peligrosas.
Este caso no es aislado. Desde la entrada en vigor de la DSA, Bruselas ha abierto investigaciones contra grandes plataformas como X, Shein o Google. El objetivo es determinar si estas compañías están cumpliendo con sus obligaciones en materia de privacidad, seguridad y protección del usuario, especialmente en lo que respecta a los menores.
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Las directrices comunitarias establecen con claridad que la autodeclaración no es un método fiable de verificación de edad. Además, subrayan que los menores no deben ser fácilmente identificables por adultos ni recomendados como contactos, y que las configuraciones por defecto deben ofrecer el máximo nivel de protección.
Estas exigencias reflejan un cambio de paradigma en la regulación digital europea. Se pasa de un enfoque reactivo, basado en la intervención tras los problemas, a uno preventivo, que busca anticiparse a los riesgos.
Responsabilidad de las plataformas y retos en España
Desde el entorno de Macron valoran positivamente que, desde 2025, la normativa comunitaria permita a los Estados miembros avanzar en la adopción de normas de mayoría digital y, sobre todo, en la responsabilización de las plataformas. Esto implica exigir a las empresas tecnológicas que verifiquen la edad de sus usuarios y que regulen el acceso en función de ella.
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La normativa, de obligado cumplimiento en los Veintisiete, establece también mecanismos de rendición de cuentas para los operadores digitales. Sin embargo, su aplicación no está siendo uniforme.
En España, por ejemplo, la implementación de estas medidas sigue enfrentando obstáculos. El Gobierno aún no ha logrado otorgar las competencias necesarias para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) actúe como coordinador de los mercados digitales. La falta de una mayoría parlamentaria suficiente en el Congreso de los Diputados está retrasando este proceso.
Un desafío europeo en plena evolución
La protección de los menores en internet se ha convertido en uno de los grandes desafíos regulatorios para las instituciones europeas. La rápida evolución de las plataformas digitales, unida a la creciente exposición de los jóvenes a contenidos potencialmente dañinos, obliga a los gobiernos a actuar con rapidez y coordinación.
En este contexto, la iniciativa liderada por Francia busca consolidar un frente europeo común que permita avanzar hacia una regulación más eficaz, homogénea y adaptada a los nuevos tiempos. La creación de una mayoría digital, el desarrollo de sistemas de verificación robustos y la exigencia de responsabilidades a las plataformas son algunos de los pilares de esta estrategia.