La UE prepara el veto a 10.000 sustancias químicas, pero da hasta 13 años a la industria para adaptarse

La Agencia Europea de Sustancias Químicas respalda una restricción general de más de 10.000 compuestos por sus riesgos para la salud y el medioambiente, pero plantea excepciones temporales de hasta 13,5 años para sectores como la automoción, los semiconductores y los dispositivos médicos mientras desarrollan alternativas

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La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) ha dado un nuevo paso para restringir el uso de uno de los grupos de sustancias químicas que más preocupan a las autoridades sanitarias y medioambientales europeas. Su Comité de Análisis Socioeconómico (SEAC) ha adoptado un dictamen favorable a establecer una prohibición amplia de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en el conjunto de la Unión Europea, aunque con exenciones temporales para determinadas aplicaciones industriales en las que los costes económicos y sociales de una retirada inmediata superarían los beneficios de la restricción.

Esta recomendación supone un avance importante en uno de los expedientes químicos más complejos que tramita Bruselas. La propuesta afecta a más de 10.000 sustancias conocidas por su elevada persistencia en el medioambiente y por su capacidad para acumularse en el organismo humano. Su presencia en el suelo, el agua y distintos productos de consumo ha encendido las alarmas de las autoridades europeas por los riesgos asociados a la exposición prolongada, entre ellos determinados tipos de cáncer, alteraciones hormonales y problemas de fertilidad.

El dictamen del SEAC respalda la necesidad de abordar los PFAS como un único grupo mediante una restricción comunitaria bajo el reglamento REACH, en lugar de continuar regulando las sustancias de forma individual. El objetivo es evitar que las diferencias entre las legislaciones nacionales generen vacíos regulatorios y distorsiones en el mercado único. Sin embargo, el comité no plantea una retirada inmediata e indiscriminada de todas sus aplicaciones: propone combinar la prohibición general con excepciones delimitadas en el tiempo y adaptadas a las particularidades de cada sector. La pelota pasa ahora a la Comisión Europea, que deberá transformar las recomendaciones científicas y socioeconómicas de la ECHA en una propuesta legislativa. El Ejecutivo comunitario ha recibido favorablemente el avance, aunque ha advertido de que la complejidad del expediente exige examinar con rigor todos los usos antes de dar el siguiente paso.

Una prohibición general con excepciones por sectores

La iniciativa original fue presentada en enero de 2023 por las autoridades de Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia. Los cinco países plantearon una restricción de alcance general para los PFAS ante la dificultad de controlar sus emisiones mediante las herramientas regulatorias existentes. Se trata de una familia química extraordinariamente amplia, utilizada en sectores tan diferentes como la automoción, la electrónica, los dispositivos médicos, los textiles o las tecnologías energéticas.

Su principal problema es su persistencia. Estas sustancias pueden permanecer durante largos periodos en el medioambiente sin degradarse fácilmente, lo que favorece su acumulación y dificulta revertir la contaminación una vez producida. De ahí que las autoridades nacionales considerasen insuficientes las medidas existentes y defendiesen una respuesta coordinada a escala europea. Tras analizar la propuesta, el SEAC considera que la restricción general es la opción de gestión del riesgo más adecuada, pero introduce un criterio fundamental: no todos los usos pueden desaparecer al mismo ritmo. La disponibilidad de alternativas, las dificultades técnicas para sustituir determinados compuestos y las consecuencias económicas de una retirada inmediata justifican, a su juicio, establecer periodos transitorios diferenciados.

Las exenciones recogidas en el análisis varían entre los 18 meses y los 13,5 años, dependiendo de la aplicación industrial. Entre los ejemplos contemplados figura un periodo de hasta 6,5 años para determinados usos en paneles solares. En otros ámbitos, como la automoción, los semiconductores, los dispositivos médicos, los equipos eléctricos, los textiles o los equipos de protección personal, se plantean plazos que pueden alcanzar los 13,5 años.

La ECHA no está proponiendo que estos sectores queden excluidos permanentemente de la prohibición, sino que dispongan de tiempo adicional para adaptar sus procesos productivos y desarrollar o incorporar alternativas viables. La lógica es evitar que una restricción demasiado rápida provoque interrupciones en cadenas de suministro esenciales o comprometa la disponibilidad de productos para los que todavía no existen sustitutos adecuados. El planteamiento, por tanto, busca compatibilizar dos objetivos que no siempre avanzan al mismo ritmo: reducir la exposición de la población y del medioambiente a estas sustancias y evitar que la transición regulatoria tenga consecuencias desproporcionadas sobre determinadas actividades económicas.

Ocho sectores pendientes de una evaluación más profunda

Uno de los elementos más relevantes del dictamen es el tratamiento de ocho sectores para los que todavía no se ha realizado una evaluación detallada de todas sus aplicaciones. Entre ellos figuran ámbitos como las aplicaciones militares, la maquinaria industrial y determinados usos médicos. Para estos casos, el SEAC recomienda una evaluación prioritaria y específica lo antes posible. Mientras se completa ese análisis, considera necesario establecer una exención temporal para las aplicaciones comprendidas en esos sectores. Se trata de una solución provisional: el objetivo es evitar que queden sometidas a una prohibición sin que previamente se hayan estudiado sus particularidades y las posibilidades reales de sustitución.

La recomendación introduce un segundo nivel de flexibilidad. Además de las exenciones sectoriales con plazos concretos, existiría un mecanismo transitorio para aquellas actividades que necesitan un examen adicional antes de determinar qué restricciones pueden aplicarse y en qué condiciones. El comité también marca límites a las excepciones. En concreto, considera que no está justificado conceder exenciones generales para los PFAS utilizados como componentes activos en plaguicidas, biocidas y medicamentos de uso humano o veterinario. Es decir, no respalda que estas aplicaciones queden automáticamente fuera del alcance de la restricción por el mero hecho de pertenecer a esos ámbitos.

Junto a los plazos para abandonar determinados usos, el dictamen aborda las condiciones necesarias para aplicar la futura normativa. Aunque contempla un periodo de transición general de 18 meses, considera justificado ampliar los plazos para que determinadas obligaciones operativas sean exigibles. Entre ellas figuran la notificación de usos y la elaboración de planes de gestión de PFAS específicos para cada instalación. La intención es que las empresas dispongan de tiempo suficiente para identificar dónde utilizan estas sustancias, controlar su presencia y organizar su sustitución.

Bruselas pide tiempo antes de convertir el dictamen en ley

La posición de la Comisión Europea será determinante para el desenlace del expediente. Los dictámenes de la ECHA constituyen una base científica y socioeconómica para preparar la futura restricción, pero no equivalen por sí mismos a una prohibición jurídicamente vinculante. Corresponde al Ejecutivo comunitario elaborar la propuesta legislativa y decidir cómo incorporar las recomendaciones de los comités. Preguntado por el calendario y el alcance de la futura regulación, un portavoz de la Comisión ha reconocido la urgencia de combatir la contaminación por PFAS, aunque ha insistido en la necesidad de examinar todas sus aplicaciones antes de cerrar el texto.

"Si bien reconocemos la necesidad urgente de abordar la contaminación por PFAS, es fundamental realizar una evaluación rigurosa de todos los usos de estas sustancias para garantizar un proceso de alta calidad y un resultado fiable. La complejidad de esta tarea exige un ritmo pausado", señaló un portavoz comunitario. El mensaje apunta a que Bruselas no quiere precipitar una propuesta que afecte a miles de aplicaciones industriales sin haber determinado previamente las consecuencias de cada restricción. La Comisión ha dado la bienvenida al dictamen socioeconómico del SEAC, pero mantiene pendiente la recepción y publicación formal de la documentación de los comités antes de avanzar en la elaboración de su propuesta.

En las próximas semanas, los ponentes y la Secretaría de la ECHA deberán completar la edición final de los dictámenes adoptados y garantizar que los documentos de respaldo, incluidos el documento de antecedentes y la respuesta a los comentarios recibidos durante la consulta pública, estén alineados con las conclusiones definitivas. Una vez finalizado este trabajo, la Agencia remitirá formalmente los dictámenes a la Comisión y publicará la documentación correspondiente.

A partir de ahí, el Ejecutivo comunitario tendrá que concretar el diseño de la restricción y determinar cómo incorpora las exenciones, los periodos transitorios y las condiciones de aplicación. La propuesta deberá pasar posteriormente por el Comité REACH, en el que están representados los Estados miembros, antes de su eventual adopción.

El cromo(VI), otro expediente que avanza en paralelo

La reunión del SEAC también ha servido para avanzar en otro procedimiento regulatorio: la restricción de determinados compuestos de cromo(VI). Aunque comparte el objetivo de reforzar el control comunitario sobre sustancias peligrosas, se trata de un expediente independiente del de los PFAS. En este caso, la Comisión solicitó a la ECHA en 2023 que preparase una propuesta de restricción bajo el reglamento REACH para determinados óxidos, oxoácidos y sales de cromo(VI). Con la excepción del cromato de bario, las sustancias incluidas en el expediente son carcinógenas y están clasificadas como sustancias extremadamente preocupantes, además de figurar en la Lista de Autorización de REACH.

El SEAC considera que una restricción armonizada a escala europea constituye la opción de gestión del riesgo más adecuada. Tras examinar las distintas alternativas, concluye que tanto las opciones RO1 como RO2 pueden ser proporcionadas, aunque identifica la segunda como la que ofrece el mejor equilibrio socioeconómico. Esta alternativa permitiría obtener mayores beneficios en la reducción de la exposición sin perder de vista la viabilidad práctica de su aplicación. El comité también considera que las medidas más estrictas no estarían suficientemente justificadas desde el punto de vista de la proporcionalidad. En particular, frente a la propuesta de establecer un límite de exposición laboral de 0,1 microgramos de cromo(VI) por metro cúbico, el SEAC apunta a un valor uniforme de 0,5 microgramos por metro cúbico, combinado con los valores límite de emisión contemplados en la opción RO2.

En cuanto a los plazos, recomienda un periodo transitorio de 36 meses para la opción RO1 y superior a ese umbral si finalmente se escoge la RO2. También considera conveniente desarrollar una guía de cumplimiento que facilite a las empresas y a las autoridades nacionales la aplicación práctica de las nuevas obligaciones.

Ambos expedientes reflejan así el esfuerzo de Bruselas por reforzar el control de sustancias peligrosas mediante instrumentos armonizados. Pero también evidencian la dificultad de trasladar las conclusiones científicas a obligaciones industriales concretas: la futura regulación deberá determinar no solo qué sustancias se restringen, sino también qué usos pueden mantenerse temporalmente, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones.