El Parlamento Vasco ha dado luz verde, en el pleno monográfico sobre seguridad celebrado este miércoles a iniciativa del PNV y del PSE-EE, a una propuesta conjunta de ambos partidos que censura los altercados ocurridos el pasado lunes en Bilbao tras las protestas contra un acto de Vito Quiles que finalmente no se llevó a cabo. El texto, respaldado por PNV, PSE-EE y Sumar, con la abstención de EH Bildu y el voto contrario de PP y Vox, subraya que “el rechazo absoluto a la violencia es plenamente compatible con el rechazo a las prácticas comunicativas de agitadores ultras que contribuyen al deterioro de la convivencia”.
En paralelo a las iniciativas pactadas con el PNV, el PSE-EE registró en solitario una enmienda en la que expresa su oposición a “cualquier uso y difusión de la información policial que contribuya a crear un vínculo falso entre emigración y delincuencia”. Esta resolución salió adelante con el apoyo de EH Bildu y Sumar, la abstención del PNV y el rechazo de PP y Vox, y responde al desacuerdo de los socialistas con la decisión del Departamento de Seguridad, dirigido por el PNV, de incluir el origen de las personas detenidas en las notas de prensa de la Ertzaintza.
Mediante esta resolución, la Cámara vasca reitera que “el origen nacional o geográfico de una persona no explica ni predice la comisión de delitos”, y reclama al “conjunto” del Gobierno Vasco que “combata activamente la desinformación y los discursos que presentan a las personas migrantes como una amenaza para la seguridad, extremando las garantías para que la comunicación institucional no se convierta en un instrumento al servicio de dichos discursos”. Además, pide que cuando el Ejecutivo “esté obligado a facilitar información sobre el origen de las personas”, especialmente en respuesta a iniciativas parlamentarias, “lo haga siempre de forma integral y contextualizada, evitando una difusión descontextualizada”.
Condena de los disturbios y de los “agitadores ultras”
Entre las resoluciones acordadas por PNV y PSE-EE figura la relativa a los incidentes registrados en Bilbao durante las movilizaciones contra el acto convocado por Vito Quiles en la capital vizcaína. El Parlamento hace suya la declaración de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Bilbao y expresa su “condena firme y rotunda” de esos episodios violentos, “en particular los incendios de vehículos y contenedores, los daños ocasionados al mobiliario urbano y a establecimientos comerciales, así como los ataques contra los agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal de Bilbao”.
La resolución exige que los responsables “respondan de sus actos ante la justicia, con pleno respeto a las garantías del Estado de derecho”, y recalca que “el rechazo absoluto a la violencia como instrumento de acción o confrontación política es plenamente compatible con el rechazo, ampliamente compartido por la sociedad vasca, a las prácticas comunicativas de agitadores ultras que contribuyen a la polarización y al deterioro de la convivencia democrática”.
El texto también alerta sobre “la difusión de mensajes que alimentan la confrontación, propagan bulos y discursos de odio o estigmatizan a determinados colectivos sociales”, y rechaza “las estrategias de agitación y confrontación pública que instrumentalizan la comunicación para profundizar en la división social y política”. La Cámara reafirma que la defensa de una sociedad democrática “exige un compromiso inequívoco con la veracidad, el respeto a la pluralidad y la convivencia”. Esta iniciativa contó con el apoyo de PNV, PSE y Sumar; PP y Vox votaron en contra y EH Bildu optó por la abstención.
Durante el debate, la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica calificó de “impresentable” que el documento de los socios de gobierno “equipare” —según sus palabras— “la violencia salvaje de 560 encapuchados con una persona que ni vino y que ha sido la excusa para poner en marcha toda esa violencia”. Otra resolución impulsada por PNV y PSE recoge la condena de “cualquier acto de acoso, señalamiento o violencia contra ertzainas, policías locales, así como contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.
Refuerzo de la seguridad y protección de servicios públicos
Entre las medidas acordadas, los grupos que sustentan el Gobierno Vasco plantean la puesta en marcha de un Programa Interinstitucional de Protección del Espacio Público, concebido como “una estrategia conjunta entre Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos para identificar lugares y situaciones donde se deteriora la convivencia y actuar sobre ellos”. Asimismo, otra de sus propuestas reafirma el compromiso de la Cámara con “el fortalecimiento y la modernización de la Euskal Polizia como servicio público esencial para garantizar la seguridad ciudadana, mediante la mejora de sus capacidades, la proximidad a la ciudadanía, la coordinación policial y la transparencia”.
El Parlamento también reclama, a través de otra resolución, “las modificaciones legales necesarias, en los ámbitos competentes, para reforzar la figura de la autoridad pública” y para mejorar “las garantías y la protección jurídica de personal sanitario, docentes y otros profesionales públicos en el ejercicio legítimo de sus funciones y como referentes del servicio público”.
Violencia machista y ciberdelincuencia en el foco
PNV y PSE-EE pactaron con EH Bildu una enmienda de transacción para intensificar la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres, “mejorando la coordinación y colaboración entre Ertzaintza y policías locales y potenciando formación específica” para los agentes. El texto insta al Gobierno Vasco a reforzar los servicios de reparación y atención integral a las víctimas de violencia machista y pide a todas las instituciones vascas impulsar programas de seguridad urbana con perspectiva de género, “combinando auditorías participativas, intervención urbanística, prevención de la violencia machista”.
Jeltzales y socialistas respaldaron también una iniciativa de Sumar que exige al Gobierno Vasco un protocolo integral de atención a las víctimas de ciberdelincuencia, con el objetivo de “garantizar orientación para la denuncia, información sobre protección y recuperación de cuentas y datos comprometidos y derivación a los recursos jurídicos, sociales y especializados correspondientes”. El documento detalla que el protocolo “prestará especial atención a las estafas digitales, la suplantación de identidad, el acoso y la violencia sexual digital, así como a las necesidades de menores y personas especialmente vulnerables”.
Además, ambos socios de gobierno apoyaron una propuesta del PP para que el Ejecutivo autonómico “refuerce la presencia policial en los barrios y calles para la prevención y persecución del delito, intensificándola en los lugares más conflictivos como las zonas de ocio nocturno, las áreas comerciales y los puntos negros en los que se concentran gran número de infracciones penales”.