El Parlamento Vasco ha desestimado una iniciativa de EH Bildu que instaba al Gobierno Vasco a “asumir subsidiariamente” la financiación de las bonificaciones al transporte público que pudieran quedar sin respaldo total o parcial por parte del Estado en 2027.
La moción de la coalición abertzale fue rechazada este jueves en el Pleno de la Cámara autonómica, al cosechar 47 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox) y 28 a favor (EH Bildu y Sumar).
En su texto, EH Bildu reclamaba al Ejecutivo autonómico “defender e impulsar” en el seno de la Autoridad del Transporte de Euskadi la continuidad de los descuentos en el transporte público para 2027. En la actualidad, estas rebajas se sufragan con un 20% aportado por el Gobierno de España, un 10% por el Gobierno Vasco y otro 10% por las diputaciones forales.
Por este motivo, la formación soberanista proponía articular los instrumentos económicos necesarios para asegurar en 2027 la continuidad de las políticas de bonificación del transporte público en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. En concreto, reclamaba al Gobierno Vasco “asumir subsidiariamente la financiación de las bonificaciones que puedan quedar sin financiación, total o parcial, por parte de otras administraciones públicas, de forma que esta situación no tenga un impacto económico directo en las personas usuarias”.
El texto también instaba al Ejecutivo a aplicar y desarrollar el artículo 26 de la Ley de movilidad sostenible, que regula un sistema de bonificación común para el transporte público de Euskadi, “conforme a criterios de habitualidad en el uso y niveles de renta de las personas usuarias”.
Además, planteaba que, dentro de la Autoridad del Transporte de Euskadi y en coordinación con las diputaciones forales, los consorcios de transporte y el resto de instituciones competentes, se definiera e implantara un esquema armonizado de descuentos y bonificaciones para toda la Comunidad Autónoma Vasca, tomando como referencia el modelo MUGI de Gipuzkoa y el sistema de incentivos ligados a la habitualidad.
Según la moción, este modelo debería “avanzar hacia un sistema tarifario progresivo basado en la habitualidad del uso y en la renta de las personas usuarias, a fin de garantizar una mayor equidad social, un uso más eficiente de los recursos públicos y un impulso efectivo del uso del transporte público en los tres territorios históricos”.
NUEVO MODELO DE GESTIÓN
La propuesta de EH Bildu también exigía al Gobierno presentar ante el Parlamento, en un plazo máximo de seis meses, los avances en la definición del modelo de gestión y en los desarrollos técnicos, administrativos y de interoperabilidad necesarios para su implantación, así como un calendario detallado, con el propósito de ponerlo en marcha antes de que finalice la legislatura.
En paralelo, se debatieron varias enmiendas. La del PP fue rechazada. En ella, los populares pedían al Gobierno Vasco dotar a Euskadi de “un sistema tarifario propio, estable y suficientemente financiado, que no dependa cada año de prórrogas estatales de carácter coyuntural y que ofrezca certidumbre a las personas-usuarias y a los operadores antes del inicio de cada ejercicio”.
El PP solicitaba asimismo revisar el esquema de tarifas, “prestando especial atención a los colectivos que más dependen del transporte público”, entre ellos jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, familias numerosas y usuarios frecuentes, “avanzando hacia bonos y descuentos progresivos en función de la frecuencia de uso que fidelicen a los viajeros más allá de los descuentos temporales”.
JÓVENES Y MENORES
Tampoco prosperó la enmienda de Sumar, que exigía al Ejecutivo vasco garantizar, en coordinación con el resto de administraciones competentes y en el marco de la Autoridad del Transporte de Euskadi, el mantenimiento durante 2027 de las bonificaciones actuales en el transporte público, “preservando como mínimo el descuento general del 40%, el descuento juvenil del 50% y la gratuidad para menores de 15 años”.
Sumar reclamaba, además, que en el seno de la Autoridad del Transporte de Euskadi se fijara “un marco de financiación compartida entre el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, conforme a sus respectivas competencias, que garantice el mantenimiento de las bonificaciones”.
La enmienda contemplaba que, si se produjera una reducción o retirada de las aportaciones del Estado, las instituciones vascas asumieran de forma conjunta la financiación necesaria, “sin trasladar su coste a las personas usuarias”.
Finalmente, salió adelante la enmienda conjunta de PNV y PSE-EE, aprobada con 39 votos favorables de ambas formaciones, 28 en contra (EH Bildu y Sumar) y ocho abstenciones (PP y Vox). El texto insta al conjunto de instituciones y entidades con competencias en transporte público a mantener las bonificaciones en las tarifas, “siempre y cuando se mantengan las condiciones recogidas en la regulación estatal que permite establecer la bonificación en el transporte”.
En caso de que se alteren las condiciones fijadas en la normativa estatal que habilita estas bonificaciones, la enmienda establece que todas estas instituciones “se comprometa a mantener la bonificación del 20% en las tarifas de los títulos de transporte personalizados y los abonos”, un compromiso que ya ha sido asumido en el seno de la Autoridad del Transporte de Euskadi.
Asimismo, el texto aprobado reclama acelerar la definición, planificación y puesta en marcha de un sistema de descuento “progresivo y definitivo basado en la renta y el uso del transporte público”.