El Parlamento Vasco ha desestimado una proposición de EH Bildu que planteaba considerar todo el territorio de Euskadi como zona de mercado residencial tensionado, figura legal que permite limitar las rentas del alquiler y refuerza la protección de las personas arrendatarias.
La iniciativa de EH Bildu ha sido rechazada en el Pleno al cosechar 46 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox) frente a 28 apoyos (EH Bildu y Sumar).
Mediante esta proposición no de ley, EH Bildu pedía al Gobierno Vasco que pusiera en marcha el procedimiento para declarar el conjunto de Euskadi como zona de mercado residencial tensionado, “realizando las labores preparatorias, de estudio y de justificación necesarias para su obtención”.
Además, la coalición reclamaba al Ejecutivo que, en el marco de las competencias vascas en materia de vivienda, impulsara un índice propio de referencia de precios del alquiler, “teniendo en cuenta las características de las viviendas, las diferencias territoriales y las condiciones económicas de las personas inquilinas y de la sociedad, sin necesidad de basarse en precios de mercado”, y que “analice y desarrolle todas sus posibles aplicaciones en su ámbito competencial”.
Tampoco ha salido adelante la enmienda de Sumar, que instaba al Gobierno Vasco a iniciar los trabajos técnicos y administrativos para extender la declaración de zonas de mercado residencial tensionado a toda Euskadi, “conforme a los requisitos legales” y fijando en un máximo de tres meses un calendario público de aplicación, “con el objetivo de lograr la congelación y reducción efectiva de los precios del alquiler”.
Esta enmienda también pedía al Ejecutivo la creación de un índice vasco de referencia de precios del alquiler, “basado fundamentalmente en la capacidad económica de los hogares, los salarios y las rentas disponibles, y no exclusivamente en los precios de mercado”. Dicho indicador, según Sumar, debería hacer posible fijar “referencias de alquileres máximos asequibles” y desplegar “todas sus posibles aplicaciones en el ámbito de las competencias autonómicas”.
Sumar proponía, asimismo, que el Gobierno Vasco pusiera en marcha en un plazo máximo de tres meses un plan de inspección y control del mercado del alquiler, dotado de los recursos necesarios para “garantizar el cumplimiento de las limitaciones legales de precios, perseguir los incumplimientos, y evitar el uso fraudulento de los alquileres de temporada y por habitaciones para eludir la regulación”.
La enmienda incluía también el refuerzo de los servicios públicos gratuitos de información, asesoramiento y defensa de las personas inquilinas, “facilitando la denuncia de irregularidades”, y la obligación de presentar cada año un informe sobre la evolución de las rentas del alquiler y los efectos de las medidas de regulación, inspección y control.
En cambio, sí ha prosperado la enmienda pactada por PNV y PSE-EE, que ha obtenido 40 votos favorables de ambos grupos, 33 en contra (EH Bildu, PP y Vox) y la abstención de Sumar.
El texto aprobado insta al Gobierno Vasco a seguir con el procedimiento vigente para declarar zonas tensionadas, “basado en el acuerdo y en la elaboración conjunta con los municipios de planes de actuación que permitan superar la situación de tensionamiento con medidas concretas para ampliar la oferta de vivienda asequible”.
Asimismo, reclama al Ejecutivo que aplique este modelo para extender la declaración de zonas tensionadas a todos los municipios que cumplan los requisitos fijados en la Ley 12/2023, del Derecho a la Vivienda, “para ofrecer cobertura y protección al 72% de la ciudadanía vasca que reside en los citados municipios”.
Debate sobre el uso del autogobierno
Durante la sesión, el parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga ha defendido que la finalidad de su iniciativa es “que se utilice toda la potencialidad que permite el autogobierno para intervenir el mercado de la vivienda y para parar la especulación”. Según ha señalado, declarar toda Euskadi zona tensionada “es posible” a la luz del artículo 18 de la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023.
En nombre del PNV, Marijo Etxegoien ha remarcado que la norma estatal de vivienda de 2023 “exige requisitos específicos para declarar un municipio como zona tensionada”, por lo que esta figura “no puede realizarse en función de voluntad política ni tampoco se puede aplicar de manera general etiquetando a todo el territorio de esa forma”.
Posturas de los distintos grupos
El parlamentario del PSE-EE Adrián Fernández ha puesto en valor las zonas tensionadas como herramienta para moderar los precios del alquiler, aunque ha recalcado que “no todas las zonas” cumplen las condiciones para acogerse a esta figura. En cualquier caso, ha resaltado que el Gobierno Vasco “está acelerando los procedimientos” para ampliar esta protección, y que el 55% de la población vasca ya vive en municipios declarados tensionados.
Por parte del PP, Ana Morales ha mostrado su oposición a las zonas tensionadas, que ha descrito como “una parte imprescindible de esa tormenta perfecta que ha convertido la vivienda en el problema número uno”. A su juicio, “prohibir que se suban los precios por ley no hace que se resuelva el problema, sólo lo camufla”, y ha abogado por impulsar la construcción de nuevas viviendas.
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha reconocido que la declaración de zonas tensionadas se está extendiendo a distintos municipios y que esta herramienta “cubre una parte importante de la población”, pero ha advertido de que “una parte importante se queda fuera” de esa cobertura pese a tener “las mismas necesidades”.
La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha sostenido que “el control de los precios no incrementa la oferta de la vivienda, sino todo lo contrario”, y ha planteado “recuperar la libertad de precios” como alternativa.