El Departamento de Justicia y Derechos Humanos aumentará el próximo año su presupuesto un 7,7%, hasta alcanzar los 397,7 millones de euros, con el objetivo de reforzar los servicios públicos, mejorar la atención a las víctimas y consolidar las políticas de memoria democrática.
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha defendido en el Parlamento Vasco las cuentas de su departamento para 2027, que suponen un crecimiento cercano a 28,5 millones de euros respecto al ejercicio anterior.
Según ha subrayado, Justicia y Derechos Humanos son “dos dimensiones inseparables de una misma responsabilidad pública: garantizar los derechos de las personas y fortalecer nuestra democracia”. A su juicio, este enfoque resulta especialmente relevante “en un momento social y político en el que asistimos con preocupación a dinámicas que cuestionan los derechos humanos y el Estado de Derecho, que banalizan o justifican la violencia y que alimentan la deshumanización de quien piensa o es diferente”.
El capítulo destinado a personal asciende a 222 millones de euros. Además, se consignan 18 millones para el turno de oficio y de guardia de la abogacía y 1,13 millones para la procura, con el fin de asegurar la asistencia jurídica gratuita y evitar que alguien quede excluido por motivos económicos.
La atención a las víctimas continuará siendo “prioritaria”, tal y como ha recalcado San José. Se mantiene una partida de 1,2 millones para el Servicio de Asistencia a la Víctima y se refuerzan los fondos dirigidos a la asistencia jurídica a víctimas de violencia de género a través de los colegios de la abogacía de los tres territorios históricos.
La dotación para Justicia juvenil y Puntos de Encuentro Familiar se eleva hasta casi 21 millones de euros, mientras que el Servicio de Gestión Penitenciaria dispondrá de 9,1 millones. Estas cantidades permitirán sostener la atención a menores y familias en situaciones complejas, así como consolidar los programas socioeducativos y de reinserción.
En materia penitenciaria, se reservan 3,66 millones de euros para las retribuciones de las más de 630 personas internas que trabajan en los talleres y servicios de la Agencia Vasca de Reinserción Social Aukerak en los centros penitenciarios, lo que representa al 60% de la población reclusa en condiciones de trabajar.
De esta manera, ha indicado la consejera, el sistema penitenciario vasco “seguirá avanzando sobre los principios de seguridad, dignidad y reinserción, facilitando oportunidades para la incorporación social y laboral tras el cumplimiento de las penas”.
La Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras pasará en 2027 de 46,7 a 60,8 millones de euros, con un incremento superior a 14 millones que permitirá impulsar la transformación tecnológica y renovar las infraestructuras judiciales.
Entre las principales actuaciones previstas figuran la continuación de las obras del edificio de Telefónica en Bilbao, la reforma de la última planta del Palacio de Justicia de San Martín, en Donostia-San Sebastián, y la compra de nuevos locales en Vitoria-Gasteiz. Asimismo, se destinan 575.000 euros a la adaptación de espacios al nuevo modelo de oficina judicial, a la mejora de la atención a menores y a garantizar recorridos seguros y diferenciados para víctimas y personas investigadas o acusadas.
El presupuesto reserva también 950.000 euros para el mantenimiento de los edificios judiciales. La modernización tecnológica y de las infraestructuras persigue mejorar la atención a la ciudadanía y asegurar una Justicia más accesible y eficiente.
Derechos Humanos, memoria y convivencia
El área de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia dispondrá de 12,4 millones de euros, sumando los 7,15 millones de la Dirección y los 5,25 millones destinados al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, con la atención, el reconocimiento y la reparación de las víctimas como eje central.
Se mantienen las líneas de colaboración con asociaciones y fundaciones como AVT, COVITE, Fundación Víctimas del Terrorismo, Fundación Fernando Buesa y Fundación Egiari Zor, con aportaciones de entre 55.000 y 64.000 euros, además de las convocatorias de concurrencia competitiva.
San José ha remarcado que “no estamos ante una mera política de subvenciones, sino ante una política de colaboración institucional” porque las asociaciones “aportan experiencia, conocimiento y una perspectiva insustituible clave para diseñar y desarrollar políticas públicas dirigidas a las víctimas, y por eso queremos seguir fortaleciendo esa relación”.
En el terreno de los derechos humanos, ha insistido en que constituyen “una responsabilidad pública permanente”, por lo que ha llamado a avanzar hacia una sociedad “cada vez más consciente de sus derechos, más comprometida con su defensa y más preparada para responder frente a cualquier vulneración”.
El presupuesto contempla 675.000 euros para apoyar a organizaciones sociales que impulsan proyectos de promoción de los derechos humanos, 125.000 euros para entidades locales y 250.000 euros para los Bonos Elkarrekin. Gracias a ello, se sostendrán programas como Adi-Adian y la Comunidad de Aprendizaje, junto con otras iniciativas de sensibilización y formación en derechos humanos desarrolladas con universidades, centros educativos y entidades sociales.
También se mantendrán las medidas de protección de personas defensoras de derechos humanos y el acompañamiento a personas refugiadas y desplazadas.
Impulso a Gogora y a la memoria democrática
Gogora refuerza su labor de investigación y recuperación de testimonios, con una asignación que se sitúa en 5,25 millones de euros. Entre sus principales líneas de trabajo seguirán destacando la investigación, la recopilación de testimonios y la difusión de la memoria democrática.
Este instituto continuará cooperando con instituciones de Navarra, Euskadi y el departamento francés de Pirineos Atlánticos mediante el Consorcio para las Memorias Democráticas e Identidades Transfronterizas.
Al mismo tiempo, ampliará el banco de testimonios de personas represaliadas por su diversidad sexual durante el franquismo y hasta la década de 1990a, comenzará a recoger testimonios relacionados con la violencia de persecución y extorsión, y pondrá en marcha una investigación sobre las personas afectadas por la poliomielitis durante la dictadura, “una reivindicación histórica de estas víctimas recogida en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi”, según ha explicado San José.
Paralelamente, se impulsarán estudios sobre las exhumaciones tempranas realizadas en Euskadi entre 1976 y 1980. Con el propósito de que Gogora se consolide como centro de referencia en el análisis de la violencia de motivación política y en la construcción de las memorias, se mejorará la gestión de la web del instituto, facilitando el acceso público y gratuito a la documentación digital y poniendo a disposición de los centros educativos materiales pedagógicos ajustados a la realidad de cada municipio.