La Asamblea de Extremadura celebrará este jueves, 19 de noviembre, un nuevo pleno que comenzará a las 9,00 horas en el hemiciclo del parlamento autonómico. La sesión arrancará con las preguntas de los dos grupos de la oposición a la presidenta de la Junta, María Guardiola, centradas en el presupuesto del Consejo de la Juventud y en la fecha de apertura de los centros de convalecencia para mayores.
En primer lugar, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, interpelará a la jefa del Ejecutivo sobre su opinión acerca del “recorte” previsto al Consejo de la Juventud de Extremadura en la propuesta de Presupuestos para el 2027.
Seguidamente, el presidente del Grupo Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, enfocará su intervención con la presidenta extremeña en conocer en qué punto se encuentra la puesta en marcha de los centros de convalecencia y cuidados continuados para personas mayores, concebidos como recursos de referencia comarcal.
Después será el turno de los consejeros de la Junta, que deberán responder, entre otras cuestiones, sobre la situación de las infraestructuras educativas públicas en la comunidad, planteada por la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández, así como sobre las condiciones del personal de limpieza de los Centros de Día dependientes del SEPAD, asunto que llevará al pleno la diputada socialista Judit Olivares.
Más adelante, la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, se interesará por la fecha prevista por la Junta para aplicar la subida salarial a los empleados públicos aprobada por el Gobierno central.
El orden del día continuará con una interpelación relativa a la política general de la Junta de Extremadura en materia de interrupción voluntaria del embarazo, registrada por la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández.
A continuación, se abordará la convalidación del Decreto-ley 6/2026, de 27 de octubre, que regula la concesión de una ayuda extraordinaria a explotaciones de cereza dañadas por adversidades climáticas, así como de ayudas de emergencia a explotaciones de cereal y apícolas por el aumento de costes derivado de la crisis de Oriente Próximo, y que modifica la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.
El siguiente punto será la toma en consideración de la proposición de ley registrada por el Grupo Socialista para su remisión al Congreso de los Diputados, con el fin de modificar la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. El objetivo es facilitar la prevención de grandes incendios forestales en terrenos ya afectados por el fuego. Esta iniciativa incluye una enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular (PP).
Como sexto asunto, el pleno debatirá una moción subsiguiente a interpelación, promovida por Unidas por Extremadura, que insta a la Junta de Extremadura a poner en marcha diversas medidas en materia de gestión de personal.
La sesión también contempla el debate de dos propuestas de impulso del Grupo Socialista. En la primera, se reclama a la Junta que cumpla y actualice el acuerdo aprobado por la Asamblea en enero de 2024, reiterando el respaldo a la vinculación de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC).
En la segunda propuesta, los socialistas piden al Ejecutivo autonómico que asuma las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de noviembre de 2026; que revierta su política de privilegios fiscales; que refuerce la transparencia sobre el gasto público y que haga pública una estimación del impacto que tiene la inejecución presupuestaria en las políticas competencia de la Junta de Extremadura.
Para cerrar el pleno, se debatirán dos propuestas de pronunciamiento de la cámara. En la primera, el Grupo Socialista insta al Parlamento Europeo a preservar, reforzar y asegurar una financiación suficiente de LEADER y del desarrollo local participativo, además de mantener y fortalecer el papel de los Grupos de Acción Local.
En la segunda, Unidas por Extremadura pide al Gobierno de España que defienda el sistema público de pensiones; que promueva una reforma constitucional que blinde el carácter público, universal y de reparto del sistema de Seguridad Social; que garantice su sostenibilidad mediante ingresos públicos estables; que adopte medidas para eliminar la brecha de género en las pensiones y que respete el Pacto de Toledo.