La Asamblea de Extremadura ha dado luz verde este jueves, en sesión plenaria, a una propuesta de pronunciamiento del PP, respaldada por Vox y PSOE y con la abstención de Unidas por Extremadura, en la que se reclama al Gobierno de España que proteja el poder adquisitivo de los hogares. Para ello, se plantea una rebaja de la carga fiscal sobre los alimentos básicos y la energía, la deflactación del IRPF y la adopción de medidas estables frente al encarecimiento de los carburantes.
En la defensa del texto, la diputada del PP Olivia Labrador ha remarcado que las actuaciones incluidas en los decretos anticrisis del Ejecutivo han sido “insuficientes” para mitigar el incremento de precios que soportan las familias y profesionales, entre ellos autónomos, agricultores y ganaderos.
En esta línea, ha censurado la “poca ambición” de todos esos decretos y ha acusado al presidente del Gobierno de que “Pedro Sánchez ha aprovechado cualquier momento o situación para seguir haciendo caja”, aludiendo al récord de recaudación estatal registrado en los últimos años.
Ha insistido en que esta iniciativa no implica que los decretos anticrisis fueran prescindibles, sino que han resultado “insuficientes”, de ahí que el PP plantee nuevas medidas para aliviar a los hogares y facilitar que las familias “puedan llegar a fin de mes con algo más de tranquilidad”.
La propuesta también incluye actuaciones para que un autónomo pueda “mantener abierto su negocio”, que agricultores y ganaderos continúen con su actividad productiva y que los pensionistas “dejen de contar cada euro”. En suma, ha defendido que el debate que se lleva al Parlamento regional aborda “los problemas que afectan diariamente a la sociedad de nuestro país”.
Los 'populares' sostienen que el Ejecutivo central “debió y debe dar soluciones más ambiciosas ante esta subida tan brutal de precios y no puede seguir cargando la mochila de los ciudadanos”.
Por este motivo, Labrador ha recordado las circunstancias que motivaron la aprobación de los decretos anticrisis y ha incidido en que desde entonces “nada ha cambiado”. “Las causas que justificaban los decretos persisten y no podemos hablar de estabilidad, y aunque los mercados auguren una posible vuelta de precios a los de antes de la guerra, por una posible paz inminente, la situación internacional no es fiable”.
En su intervención ha añadido que mantener los suministros gravados al 21% en el escenario económico actual supone “una decisión profundamente equivocada, socialmente insensible y claramente inoportuna”. “Los ciudadanos no pueden seguir soportando el coste de decisiones políticas que incrementan su factura y reducen su capacidad económica”, ha remachado.
El PSOE respalda la propuesta pero defiende la gestión del Gobierno
La diputada socialista Justa Núñez ha confirmado el apoyo del PSOE a la iniciativa, aunque ha subrayado que “realmente al Gobierno de España no hay que instarle a que haga más cosas”. Como ejemplo, ha apuntado que este mismo jueves el Boletín Oficial del Estado publica una nueva orden ministerial con medidas destinadas a compensar el aumento de los gastos.
En todo caso, ha considerado que el PP busca proyectar con esta propuesta una “imagen de preocupación” por la protección de las familias que “no se corresponde con la trayectoria política del PP ni con sus decisiones cuando ha tenido oportunidad de votar en el Congreso de los Diputados las medidas concretas para protegerlas”. Ha recordado que los 'populares' se abstuvieron en la convalidación de los decretos anticrisis, mientras que Vox votó en contra.
Núñez ha denunciado, además, la “gran contradicción” entre el discurso del PP y sus decisiones, y ha vuelto a cargar contra la reducción de la 'ecotasa' a la Central Nuclear de Almaraz, con la que, ha dicho, se “perdonan” 28 millones de euros a las compañías energéticas propietarias, que registran beneficios superiores a los 10.000 millones de euros.
“Mucho discurso sobre el esfuerzo de los ciudadanos pero demasiada indulgencia fiscal con quienes disponen de mayor capacidad económica”, ha reprochado la parlamentaria socialista.
Vox reclama una rebaja fiscal aún más profunda
La diputada de Vox Eva García Alegre ha mostrado el respaldo de su grupo a la propuesta al considerar que se trata de “medidas fiscales útiles y no en simples gestos”, si bien ha precisado que su formación va “un poco más allá” y apuesta por fijar el IVA al 0% en los alimentos básicos, con la “garantía de que lleguen al consumidor y no se queden los márgenes de la producción”.
Vox también exige la deflactación del IRPF y rebajas en la fiscalidad aplicable a la energía, la electricidad y el gas, con reducciones “en la línea de proteger a quienes no pueden trasladar esos costes”, así como “medidas estables frente al encarecimiento de carburantes para no cortar el efecto dominó que se traduce en la subida de precios”.
García Alegre ha defendido igualmente una “desregulación y eliminación de trabas” al sector primario, al entender que la inflación “también se combate eliminando los costes regulatorios y nunca añadiendo capas burocráticas”.
Unidas por Extremadura critica la inacción de la Junta
El diputado de Unidas por Extremadura José Francisco Llera ha señalado que con esta iniciativa “reconocen que el Gobierno ha tomado medidas”, aunque las consideren insuficientes, a través de dos decretos ante los que el PP se abstuvo y Vox votó en contra.
Llera ha coincidido en que las actuaciones del Ejecutivo central no bastan, pero ha remarcado que al menos se han puesto en marcha, mientras que, a su juicio, el Ejecutivo autonómico no ha reaccionado. “La Junta de Extremadura no ha movido un dedo”, ha afirmado.
Asimismo, ha cuestionado la “fórmula mágica” de la rebaja de impuestos como solución a “todos los problemas”, al considerar que no beneficia “a la gente de abajo” ni a los autónomos, sino que “a quien beneficia realmente es a las grandes empresas” y, además, “detrae recursos para los servicios públicos”.