Los grupos parlamentarios de PP y Vox han votado en contra de una propuesta de impulso registrada por Unidas por Extremadura y respaldada por el PSOE que, entre otros puntos, pedía rebajar las ratios máximas en los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil y que el alumnado con necesidades educativas especiales contase como dos plazas en ese cómputo. Ambas formaciones han justificado su rechazo alegando que el Ejecutivo autonómico ya está interviniendo en esta etapa en distintos “frentes” y que cualquier cambio debe enmarcarse en una “estrategia global”.
La diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha cuestionado estos argumentos para tumbar una iniciativa que recogía las reivindicaciones de las trabajadoras del sector y defendía la educación pública como un derecho para el conjunto de la ciudadanía extremeña. A su juicio, el modelo que impulsan PP y Vox genera discriminación hacia la población de las zonas rurales y hacia las familias con menos recursos económicos.
En concreto, la propuesta planteaba modificar la normativa autonómica que regula el primer ciclo de Educación Infantil para fijar una ratio de 1 profesional por cada cuatro bebés de 0 a 1 año; 1 por cada seis niños de 1 a 2 años; y 1 por cada nueve menores en el tramo de 2 a 3 años.
Además, se reclamaba que el alumnado con necesidades educativas especiales compute como dos plazas a efectos del cálculo de la ratio en el primer ciclo de Educación Infantil, con el objetivo de asegurar los apoyos específicos y la atención individualizada que precisan estos niños y niñas.
El texto incluía también la elaboración de un plan de implantación gradual de las nuevas ratios; la identificación de las partidas del presupuesto autonómico necesarias para contratar al personal educador adicional; y la petición al Gobierno de España de que articule mecanismos de cofinanciación para hacer viable esta reducción de ratios.
Atención real en las aulas de 0 a 3 años
Nerea Fernández ha insistido en que la iniciativa responde a las demandas de las profesionales, que denuncian que es “imposible” garantizar una “educación real y una atención real a nuestros niños cuando tenemos unas ratios tan altas”.
“Las consecuencias de que no se bajen las ratios son que tenemos profesionales que no pueden ir al baño; son bebés llorando sin poder estar atendidos; son accidentes que se podrían evitar”, ha explicado la diputada, que también ha señalado que “las consecuencias de que no computen dos plazas los niños de necesidades educativas especiales es que no se les atienden” como necesitan.
Ha subrayado que “es imposible que en una clase donde tienes a trece bebés de un año puedas atenderles de las maneras que necesitan ser atendidos”, y ha recalcado que la propuesta busca igualmente “reforzar” la educación pública, al ser “la única que llega a todo el mundo, se lo puedan pagar o no se lo puedan pagar, y llega a todo el mundo de nuestros pueblos, estén en una ciudad o estén en Las Hurdes”.
En su intervención, ha advertido de que las ratios elevadas “no castigan a todos por igual, castigan sobre todo a quienes menos pueden compensarla”, ya que “las familias con más recursos pueden buscar estimulación privada, pueden buscar centros con ratios más bajas o pueden buscar apoyo externo cuando tienen esas necesidades educativas especiales”.
Por este motivo, Fernández ha defendido que “el gasto en ratios adecuadas no es un gasto como tal, es una inversión con retorno, es un retorno en equidad educativa, en conciliación familiar”.
Críticas a los “cheques guardería” y defensa del medio rural
El Grupo Socialista ha apoyado la propuesta, reivindicando que la educación es “el mejor ascensor social que existe”, pero para que cumpla ese papel debe comenzar en los primeros años de vida, etapa en la que “se construyen las bases del aprendizaje, de la autonomía, de la confianza”.
Desde el PSOE han recordado su “férrea” defensa de “seguir avanzando hacia la universalidad de la educación de 0 a 3 años” que, aseguran, ellos iniciaron y que el actual gobierno ha “paralizado”, ya que, “por mucho que este Gobierno diga que la educación de 0 a 3 años es universal, lo cierto es que no lo es”.
En esta línea, han criticado los “cheques guardería” dirigidos a las familias que quieran acudir a centros privados de educación infantil, puesto que no se ejecutan en su totalidad “porque no hay oferta educativa de cero a tres años en las poblaciones pequeñas”.
Por ello, han defendido que sería “mucho más razonable” emplear esos fondos en la reducción de ratios o en la apertura de aulas de 0 a 3 años en aquellos municipios donde “las familias no pueden utilizar ese cheque porque no existe el servicio”.
Los socialistas sostienen que la responsabilidad del gobierno autonómico es “garantizar que todos los niños y las niñas extremeñas puedan tener las mismas oportunidades en el acceso a la educación” y que “el mundo rural no puede quedar abandonado ni invisibilizado por la Administración regional”.
La Junta reivindica avances y una “estrategia global”
En nombre del PP, el diputado Agustín Delgado Donoso ha defendido que la educación infantil de 0 a 3 años “no empieza hoy con esta iniciativa”, ya que, según ha indicado, en Extremadura “ya se han dado pasos importantes para reforzar esta etapa, facilitar el acceso a las familias y mejorar las condiciones en las que se presta este servicio”.
Ha explicado que el Gobierno de Extremadura “está actuando en distinto frentes” en aspectos como el coste que asumen las familias, la financiación de la red de centros y la mejora de la atención educativa.
No obstante, ha señalado que la propuesta fija unas ratios concretas y que, antes de respaldarlas, es necesario “conocer con suficiente precisión el modelo que se quiere establecer”. En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo autonómico considera que “la mejora en esta etapa debe abordarse desde una estrategia global que nos permite tener en cuenta la atención educativa, la necesidad de los profesionales, la situación de los centros y la continuidad del servicio”.
A su juicio, una decisión “de esta importancia merece algo más que poner una cifra sobre un papel, merece una planificación que permita llevarlo a la práctica con garantía”.
Vox pide una visión de conjunto en la política educativa
La diputada de Vox, Beatriz Muñoz, ha arremetido contra la iniciativa al afirmar que en ella “los comunistas vuelven a elegir la propaganda y el partidismo en lugar de la calidad de los servicios públicos”, frente a lo cual ha situado el objetivo de su formación, que es “mejorar la educación pública”.
Ha admitido que la rebaja de la ratio es una de las líneas hacia las que debe orientarse la política educativa, pero ha precisado que “no es la única”, porque “una cosa es formular una reivindicación y otra muy distinta es diseñar una política pública capaz de dar respuesta a la realidad de Extremadura”.
Muñoz ha enumerado algunas de las medidas ya puestas en marcha por el gobierno regional, como la gratuidad de las aulas de cero a tres años, la homologación salarial del profesorado extremeño o la reducción de la ratio “en varias etapas educativas”.
“Queremos mejorar la educación infantil”, ha concluido, pero ha recalcado que para ello es necesaria “una propuesta coherente, con orientación estatal sólidamente fundamentada y con una visión de conjunto”.