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La organización de sorteos como el Cupón Diario de la ONCE se apoya en un régimen muy específico: las loterías de ámbito estatal están reservadas por ley solo a dos operadores (SELAE y ONCE), sometidos a un estricto control público, y la ONCE debe contar con un reglamento de juego aprobado por su Consejo General y verificado por el Estado antes de comercializar cada modalidad de cupón. Además, se aplica la normativa general del juego estatal (licencias, control, protección de menores y consumidores, publicidad responsable y fiscalidad específica). A continuación resumo los principales requisitos legales que resultan aplicables a sorteos periódicos como el Cupón Diario.

Reserva de la actividad y marco general del juego

La Ley 13/2011, de regulación del juego establece que toda organización y explotación de actividades de juego de ámbito estatal requiere título habilitante y se somete a control administrativo. En su preámbulo y en el Título I se indica que:

• El ámbito de la Ley alcanza a la organización, explotación y desarrollo de juegos de ámbito estatal, así como a su publicidad.
• La Ley mantiene una reserva en exclusiva de las loterías estatales a favor de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE, como operadores sujetos a un control especialmente intenso por el riesgo de fraude y de blanqueo asociado a las loterías.

El desarrollo reglamentario de las licencias, autorizaciones y registros se realiza mediante el Real Decreto 1614/2011, que concreta los procedimientos para obtener títulos habilitantes y el funcionamiento de los registros del sector del juego.

Singularidad jurídica de la ONCE como operador de loterías

El estatuto específico de la ONCE se fija en el Real Decreto 358/1991 y su normativa de desarrollo, y se actualiza a través de sus Estatutos, publicados mediante la Orden SCB/1240/2019. En estos textos se establece que:

• La ONCE es una corporación de derecho público de carácter social, sometida al Protectorado del Estado.
• Es operador de juego público de reconocido prestigio, titular de varias modalidades de lotería de la reserva estatal, cuya explotación financia sus fines sociales.
• Su actividad de juego está sujeta a un estricto control público ejercido por el Consejo de Protectorado, dependiente del Estado.

Además, el régimen se ha ido ajustando con normas como el Real Decreto 1127/2021, que modifica el marco de la ONCE y su autorización para explotar lotería instantánea.

Reglamento específico del Cupón de la ONCE

Para el Cupón (donde se encuadra el Cupón Diario), la ONCE debe contar con un reglamento propio aprobado internamente y verificado por el Estado. El marco vigente se recoge en la Resolución de 4 de abril de 2023, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, que publica la aprobación de un nuevo Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE».

De acuerdo con esa resolución:

• El reglamento se aprueba en el seno de la ONCE (Consejo General / Comisión Ejecutiva) y el Consejo de Protectorado verifica que se ajusta a la legislación (Ley 13/2011, disposiciones presupuestarias, reales decretos de reordenación de la ONCE, Acuerdo General ONCE-Gobierno, etc.).
• La Secretaría de Estado da publicidad en el BOE, como garantía para los consumidores; sin esta publicación, el producto no puede lanzarse.
• El reglamento detalla aspectos esenciales: naturaleza del sorteo, frecuencia (diaria), precio del cupón, estructura de premios, sistema de explotación y comercialización, condiciones de participación, caducidad de premios y causas de nulidad.

Protección de participantes y juego responsable

La Ley 13/2011 introduce un bloque de requisitos transversales aplicables también a sorteos como el Cupón Diario:

• Prohibiciones subjetivas: no pueden participar menores de edad, personas incapacitadas, ni quienes estén inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.
• Derechos de los participantes: información clara sobre condiciones del juego, premios y probabilidades, y mecanismos de reclamación.
• Juego responsable y prevención de adicciones: la normativa se concreta en instrumentos como la Resolución de 16 de noviembre de 2011, que establece el test de juego responsable y de prevención de conductas adictivas.

Estas exigencias se integran en los reglamentos de la ONCE y en los procedimientos de control comunes a sus tres modalidades de lotería, que el Consejo de Protectorado ha aprobado y que se citan en la propia Resolución de 4 de abril de 2023.

Publicidad y régimen fiscal

En materia de publicidad, la Ley 13/2011 remite a la Ley General de Publicidad y establece reglas específicas para proteger a menores y colectivos vulnerables. La publicidad del Cupón Diario debe respetar estas limitaciones (mensajes no engañosos, advertencias de responsabilidad, restricciones horarias y de soportes, etc.).

La misma Ley, en su Título VII, configura un impuesto sobre las actividades de juego aplicable a los operadores de ámbito estatal, compatible con las tasas existentes sobre el juego. La recaudación se reparte entre Estado y comunidades autónomas según el origen de las apuestas, sin perjuicio de los beneficios fiscales y del estatuto singular de la ONCE como entidad de finalidad social.

En conjunto, por tanto, organizar un sorteo como el Cupón Diario exige: estar dentro de la reserva legal de loterías, disponer del título habilitante y del reglamento específico verificado por el Estado, cumplir las normas de protección de consumidores y juego responsable, someterse al control permanente del Protectorado y atender al régimen de publicidad y fiscalidad fijado en la Ley 13/2011 y en la normativa específica de la ONCE.

La ONCE tiene legalmente reservada la explotación de determinadas loterías de ámbito estatal (cupón, lotería instantánea y juego activo), que puede diseñar y comercializar en todo el territorio nacional para financiar sus fines sociales, pero siempre bajo un régimen de autorización pública, control específico del Estado y fuertes obligaciones de transparencia. Esa posición deriva, sobre todo, del Real Decreto 358/1991 de reordenación de la ONCE, de la Ley 13/2011 de regulación del juego y de los Acuerdos Generales Gobierno‑ONCE. La ONCE no actúa como operador “libre”, sino como Corporación de Derecho Público, con un marco singular y un Protectorado estatal que supervisa el contenido de los productos, sus modificaciones y la publicidad de los sorteos. A continuación se resumen sus competencias y límites en materia de juego según la normativa vigente.

Marco básico: ONCE como operador de loterías reservadas

El Real Decreto 358/1991, por el que se reordena la ONCE, define a la organización como una corporación de derecho público, de carácter social, que “se financia, principalmente, a través de los recursos obtenidos en la explotación de las modalidades de juego del ámbito de la reserva de loterías establecida a su favor por la disposición adicional primera de la Ley 13/2011” (según la modificación introducida por el Real Decreto 1152/2015 y el propio texto del Real Decreto 358/1991).

La Ley 13/2011, de regulación del juego reserva en exclusiva las loterías de ámbito estatal a dos operadores: la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la ONCE. En su preámbulo se indica que es necesario “mantener la reserva en exclusiva de la actividad del juego de loterías de ámbito estatal a favor de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)”. Además, sus disposiciones adicionales primera, segunda y tercera mantienen la singularidad jurídica de la ONCE en las actividades reservadas y remiten a su marco específico (Ley 46/1985, Acuerdos Generales, etc.).

Qué juegos puede explotar la ONCE

Sobre esta base, la ONCE es titular de tres grandes modalidades de lotería de ámbito estatal, desarrolladas reglamentariamente y publicadas en el BOE:

• Cupón de la ONCE: regulado actualmente por un nuevo Reglamento de 2023, publicado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales en la Resolución de 4 de abril de 2023. En ella se recuerda que la ONCE puede comercializar productos de lotería de ámbito estatal y que el cupón se ajusta a la reserva de loterías y al Acuerdo General 2022‑2031.
• Juego Activo de la ONCE (Super Once, Triplex, etc.): su nuevo Reglamento figura en la Resolución de 4 de abril de 2023, que parte del mismo fundamento jurídico (Ley 13/2011, Ley 46/1985, Real Decreto 358/1991, Real Decreto 1336/2005 y Acuerdo General).
• Lotería instantánea de boletos (“rascas”): regulada por el Reglamento aprobado y sucesivamente modificado en 2023‑2024, entre otras por la Resolución de 4 de abril de 2023 y su última actualización importante en la Resolución de 1 de febrero de 2024, que modifica el Reglamento y lanza nuevos productos.

Los Reglamentos detallan condiciones como precio, premios, calendarios de sorteos, mecánica de juego, distribución y aspectos comerciales. La ONCE puede también pactar productos comunes con otros operadores europeos de lotería, previa verificación del Consejo de Protectorado, según la redacción del artículo 7.5 del Real Decreto 358/1991 modificada por el Real Decreto 1152/2015.

Régimen de reserva, autorizaciones y control

La reserva a favor de la ONCE es exclusiva en las loterías de ámbito estatal de las que es titular, pero esos juegos no son “discrecionales”: están sometidos a un sistema de autorización y supervisión pública muy intenso, articulado en varios niveles:

• Protectorado del Estado y Consejo de Protectorado: el Real Decreto 358/1991 y sus modificaciones, incluido el Real Decreto 1152/2015, subrayan que la ONCE desarrolla su actividad de juego bajo tutela y control del Estado, a través del Consejo de Protectorado.
• Acuerdo General Gobierno‑ONCE: se cita expresamente en el Real Decreto 1152/2015 y en las Resoluciones de 2023 como instrumento que concreta las condiciones de explotación de los juegos y la estabilidad financiera de la organización.
• Verificación previa y publicación en BOE: las Resoluciones de 4 de abril de 2023 sobre el cupón y el juego activo (cupón y juego activo) explican que el Consejo de Protectorado debe verificar los nuevos Reglamentos y sus modificaciones, y que, como “garantía de los consumidores”, estas normas se publican en el BOE.
• Procedimientos y criterios de control: las mismas Resoluciones citan unos “Procedimientos y Criterios de Control comunes a las tres modalidades de lotería de las que es titular la ONCE”, aprobados por el Consejo de Protectorado en 2022, que fijan cómo se controla el diseño de productos, la fijación de premios, la distribución comercial y la información al jugador.

Finalidad social de los ingresos y límites

La normativa insiste en que los juegos de la ONCE tienen una finalidad de interés general. El preámbulo del Real Decreto 1152/2015 recalca que las herramientas comerciales que se atribuyen a la ONCE persiguen “generar recursos suficientes para financiar su importante labor social en favor de las personas ciegas y con deficiencia visual grave, y el compromiso de solidaridad con otros colectivos de personas con discapacidad”.

La ONCE debe, por tanto:

• Destinar los beneficios del juego a sus servicios sociales y programas de empleo para personas con discapacidad, en los términos del Real Decreto 358/1991, el Acuerdo General y sus Estatutos (recogidos en la Orden SCB/1240/2019).
• Ajustarse a los límites de comercialización, premios y publicidad fijados en los Reglamentos de cada modalidad (cupón, juego activo y lotería instantánea) y en la Ley 13/2011 sobre juego responsable.
• Someterse a controles financieros y de cumplimiento por el Consejo de Protectorado y a auditorías, en los términos del Real Decreto 358/1991 y sus reformas.

En síntesis, las competencias de la ONCE en materia de juegos consisten en diseñar, explotar y comercializar las loterías que la ley le reserva en exclusiva (cupón, lotería instantánea y juego activo) en todo el territorio español, con capacidad de innovar productos y de celebrar acuerdos con otros operadores, pero siempre condicionada a la autorización previa del Estado, a la verificación del Consejo de Protectorado, al cumplimiento del Acuerdo General Gobierno‑ONCE y a la obligación de dedicar los ingresos a sus fines sociales.

En España, la fiscalidad de los premios de juegos de azar se apoya en un conjunto de normas tributarias generales (las que regulan los impuestos estatales) y en normas sectoriales sobre juego (estatales y autonómicas). Sin embargo, con la información disponible no es posible identificar ni citar de forma fiable los números concretos de leyes, fechas ni denominaciones oficiales de cada norma. Aun así, sí se puede explicar de forma estructurada qué tipos de normas intervienen y cómo se articula, en términos generales, la tributación de estos premios.

Marco general: impuestos estatales sobre la renta y beneficios

En primer lugar, la fiscalidad de los premios de juego se encuadra principalmente en la normativa de los impuestos sobre la renta y sobre los beneficios empresariales:

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): Es el tributo básico que grava los premios obtenidos por personas físicas residentes en España. La normativa de este impuesto establece qué premios se consideran renta, en qué categoría se integran (por ejemplo, ganancias patrimoniales) y cómo se calculan y declaran.
• Impuesto sobre Sociedades: Si quien obtiene el premio es una persona jurídica (por ejemplo, una sociedad que participa en un juego de azar o que explota actividades de juego), la tributación de esos premios o rendimientos se rige por la normativa del Impuesto sobre Sociedades, que determina su integración en la base imponible y su tratamiento contable y fiscal.

Junto a estas normas básicas, existe además normativa sobre retenciones e ingresos a cuenta, que regula en qué casos el organizador del juego debe practicar una retención sobre el importe del premio y ingresarla en la Hacienda Pública, de manera que el contribuyente reciba el premio neto. Esta normativa de retenciones suele estar desarrollada reglamentariamente y conectada con las leyes de IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

Gravamen específico sobre premios de determinadas loterías

Además de la integración de los premios en la renta general, en España existe un régimen fiscal específico para determinados premios de loterías y juegos públicos. Se trata de un gravamen especial que recae sobre premios obtenidos en sorteos organizados por entidades públicas o asimiladas (como las loterías estatales u otras entidades de carácter público). La regulación de este gravamen:

• Define qué premios están sujetos y, en su caso, qué importes pueden estar exentos hasta un determinado umbral.
• Establece los tipos impositivos aplicables sobre la parte del premio que excede de ese umbral, si lo hay.
• Determina el mecanismo de pago, normalmente mediante una retención practicada por el organismo que abona el premio.

Esta normativa específica se coordina con las leyes del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, de forma que se evita la doble imposición y se define si el gravamen especial es o no deducible o integrable posteriormente en la declaración del impuesto general.

Tributos y tasas sobre el juego

Otra pieza del sistema son los llamados tributos sobre el juego, que gravan fundamentalmente la organización y explotación de los juegos (casinos, bingos, máquinas recreativas, apuestas, juegos online, rifas, combinaciones aleatorias, etc.), no tanto el premio que recibe el jugador. Estos tributos pueden adoptar la forma de tasas, cánones o impuestos específicos, y su regulación está repartida entre el Estado y las comunidades autónomas.

En términos generales, este tipo de tributos afecta a:

• Casinos, salas de bingo y salones recreativos y de juego.
• Máquinas recreativas y de azar, con tipos según la clase de máquina y su recaudación potencial.
• Apuestas presenciales y en línea, rifas y combinaciones aleatorias promocionales.

Estos tributos repercuten en la estructura de costes y en el modelo de negocio de los operadores, y aunque no gravan directamente al jugador en el momento de cobrar el premio, sí forman parte del marco fiscal global del sector del juego.

Reparto competencial Estado–comunidades autónomas

La regulación del juego y su fiscalidad responde a un reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. A grandes rasgos:

• El Estado fija la normativa básica en materia tributaria y regula los tributos estatales sobre la renta, los beneficios y, en su caso, gravámenes especiales de ámbito nacional.
• Las comunidades autónomas tienen competencias en la ordenación y autorización de muchos juegos presenciales y pueden establecer tributos propios o recargos sobre el juego, especialmente sobre casinos, bingos, máquinas recreativas y determinados tipos de apuestas.
• La coordinación entre ambos niveles se articula a través de normas que definen qué aspectos del juego y de su fiscalidad son de regulación estatal y cuáles son de competencia autonómica.

No se dispone de más información en las fuentes consultadas para identificar y listar, con precisión jurídica (número de ley, fecha y título oficial), todas las normas concretas que regulan esta materia. Para un trabajo jurídico estricto (por ejemplo, una consulta profesional, una reclamación o la planificación fiscal detallada de un operador) sería indispensable acudir directamente a las bases de datos legislativas oficiales y a la normativa fiscal y de juego vigente en cada comunidad autónoma.