El Parlamento de Galicia ha dado luz verde este miércoles a una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia, en la que insta a reforzar la protección de niños y niñas y a impulsar medidas específicas frente a la pobreza infantil.
El documento, apoyado por todos los grupos de la Cámara, subraya la conveniencia de aprobar una ley gallega de infancia que articule una acción “coordinada e integral” en defensa de sus derechos, “atendiendo también a la diversidad de las realidades sociales y territoriales de Galicia”.
En este sentido, incide en la necesidad de intensificar la lucha contra la pobreza infantil, asegurando ingresos y acceso a la vivienda para los hogares más vulnerables y poniendo el foco en las familias monoparentales.
La declaración también remarca la importancia de avanzar en la protección de la salud mental y del bienestar emocional de la infancia y la adolescencia, impulsando la prevención, la detección precoz y el acceso a apoyos especializados.
“Nos comprometemos a garantizar que todos los espacios donde crecen, aprenden o participan sean seguros y protectores, fortaleciendo los sistemas de protección y justicia y dotando de los recursos necesarios la aplicación de la LOPIVI. También debemos asegurar entornos digitales seguros y una protección efectiva frente a las violencias en el entorno digital”, destaca el texto.
Asimismo, el Parlamento ve “imprescindible” profundizar en la transformación del sistema de protección a la infancia tutelada, “potenciando la preservación familiar, la acogida familiar y la calidad de la atención residencial”.
En paralelo, la Cámara defiende que deben garantizarse los derechos de la infancia migrante mediante “una acogida adecuada, atención especializada y planes específicos que garanticen siempre su interés superior”.
En el ámbito educativo, la declaración institucional defiende la necesidad de reforzar “una escuela inclusiva, equitativa, protectora y de calidad, prestando especial apoyo al alumnado más vulnerable y combatiendo el fracaso y el abandono escolar”.
El texto reitera también el compromiso del Parlamento con la cooperación internacional, la acción humanitaria y la defensa de los derechos de la infancia a escala global.
“Como responsables públicos, nos comprometemos a situar la infancia y la adolescencia en el centro de las decisiones, escuchar su voz, promover su participación y rendir cuentas sobre las políticas que les afectan, garantizando las mismas oportunidades vivan donde vivan”, concluyen, antes de recordar que garantizar sus derechos “no es solo una obligación legal y ética, sino también una inversión imprescindible para el progreso y el bienestar de la sociedad”.